La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha reconocido este martes que el Gobierno regional ha detectado un perfil de menores migrantes “más complicados” y con mayor dificultad para la adaptación y la convivencia, y por ello es por lo que ha presentado a la Delegación del Gobierno expedientes para expulsar a 37 menores y está estudiando otros nueve más.
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“Los centros (de menores) están funcionando con normalidad, si bien es cierto que llevamos tiempo detectado que los perfiles de los menores son más complicados, de mayor dificultad en el manejo de la conducta, en el manejo de la convivencia”, ha manifestado Dávila en declaraciones a ‘Telemadrid’, donde ha incidido en que la Delegación del Gobierno es las institución competente para determinar el retorno de migrantes.

La consejera ha aprovechado para denunciar una vez más que los centros de acogida “están colapsados” y que, por tanto, el reparto de migrantes ordenado por el Gobierno central “sin ningún tipo de coordinación ni de información ni apoyo” no hace más que empeorar la situación. Además, según la consejera, los nuevos perfiles de migrantes incluyen a personas perjudicadas por las mafias y “con consumos de droga muy graves”.

Es por esto que la consejera madrileña ha cargado una vez más contra la “política migratoria temeraria” del Gobierno de Pedro Sánchez que pone “en grave riesgo” a los sistemas de protección de menores. “Exigimos al Gobierno que actúe”, ha aseverado una Dávila que, sin embargo, reconoce que la “única interlocución” con el Gobierno central se produce en las conferencias sectoriales.
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“El nivel de escucha del Gobierno de España es muy reducido, llevamos dos años, va a ser ahora en el mes de octubre, requiriendo al Gobierno un plan para todas estas personas”, ha recriminado la consejera, que ve que el reparto de migrantes tiene “un componente político” y del que se ha excluido a Cataluña y País Vasco para “contentar a los independentistas”.
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Finalmente, Dávila ha reprochado al Gobierno que “no atiende a las necesidades de las personas que se siguen jugando la vida en el mar, ni de los menores”, y ha reconocido que las comunidades no pueden trabajar “bajo esta dificultad tan grave” a la que les somete, dice, la política migratoria “inhumana” de Sánchez.