El Govern balear que preside Marga Prohens ha reclamado este lunes formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez que equipare las Islas Baleares a la situación excepcional decretada sobre el archipiélago canario y que decrete la “contingencia migratoria” también sobre su territorio.

El Ejecutivo autonómico del PP reclama que, en consecuencia, se paralice de forma automática el reparto de menores migrantes llegados a Canarias que, por decreto, el Gobierno de España ha decidido derivar a los servicios de acogida de Baleares, situándola al mismo nivel que otras regiones que no sufren el fenómeno de la inmigración irregular.

El gobierno central ha incluido al archipiélago balear en el reparto entre comunidades autónomas a pesar de que Mallorca, Ibiza y Formentera están este año registrando más llegadas de pateras que nunca, batiendo los registros de llegada de migrantes por la ruta ilegal desde las costas de Argelia.

Entre las más de 4.800 personas que han llegado desde enero por esta peligrosa ruta se incluye una proporción creciente de menores no acompañados.

Prohens lleva meses denunciando la situación de saturación que sufre Baleares y sus servicios de acogida. La presidenta balear y sus consejeros autonómicos han decidido ir al con el Gobierno de Sánchez y plantar batalla jurídica y política para evitar que una comunidad que se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de migrantes irregulares de España en los últimos meses tenga que prestar auxilio a otras regiones que sufren igualmente este fenómeno.

Este mismo lunes la vicepresidenta y consellera de Presidencia y Cooperación Local de Baleares, Antònia Estarellas, ha remitido un escrito al Ministerio de Infancia donde aporta los datos que acreditan la situación límite que viven los servicios de acogida de las Islas y donde reclama la declaración de esa contingencia. Una fórmula que el Gobierno que lidera el PSOE no está dispuesto a aplicar sobre un territorio gobernado por el PP.

El gobierno balear argumenta que el contexto que vive el archipiélago es de “presión sin precedentes”, ya que en lo que va de año han llegado a las costas baleares 4.895 inmigrantes en situación irregular por vía marítima, de los cuales más de 350 eran menores no acompañados.

La cifra global de migrantes llegados en patera y otras embarcaciones de pequeña eslora duplica ya el número de personas que llegaron en todo el año 2023.

Los consejos insulares de la región balear, que son los que tienen las competencias en la atención de menores, tutelan 694 niños y adolescentes migrantes no acompañados, mientras que la capacidad ordinaria establecida en el Real Decreto 743/2025 por el propio Gobierno español es de 406 plazas. Así lo han indicado desde el Govern.

Según ha subrayado la propia Prohens en unas declaraciones efectuadas este lunes a la radio pública balear, IB3 Radio, esto implica que dos de cada tres menores tutelados en el archipiélago son jóvenes migrantes y que el sistema sufre una sobreocupación superior al 1.000 por ciento.

“No se trata de repartir menores sino de garantizar la dignidad de los menores que están acogidos”, ha explicado la líder del Ejecutivo balear, que ha remarcado que Baleares es ya la ruta de entrada irregular que más crece en España y en el sur de Europa.

Para la consejera de Presidencia, Antonia Estarellas, “la imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo ni consenso supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección”.

Batalla jurídica
Paralelamente, el Govern estudia una batería de medidas judiciales para tratar de invalidar el decreto del Gobierno de España. O al menos para tratar de que los tribunales paralicen su ejecución.

El Ejecutivo trabaja en la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Gobierno y reclamará la suspensión cautelar del reparto mientras se dirime el fondo de la cuestión.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma baraja otras fórmulas complementarias para plantar cara en los juzgados a una medida que el Govern considera inaceptable. Se busca revertirla o, al menos, ganar tiempo y lograr suspenderla temporalmente.

Estas impugnaciones se suman al recurso interpuesto en el mes de marzo contra el decreto del Gobierno, actualmente admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo autonómico del PP ha insistido en que continuará utilizando “todas las vías políticas y jurídicas disponibles” para “garantizar el respeto al principio de interés superior del menor y la sostenibilidad del sistema de protección del archipiélago”.

El Gobierno lo descarta
El Gobierno de España, por su parte, no está dispuesto a conceder a Baleares esa contingencia migratoria, como ha recordado este lunes su propio delegado en las Islas, Alfonso Rodríguez, que ha manifestado que las Islas no cumplen con los requisitos para poder ser incluidas dentro de esa figura de contingencia.

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Rodríguez ha indicado que en la normativa estatal se estipula que esta declaración se puede pedir cuando se supera por tres la capacidad ordinaria. Según ha afirmado, esto únicamente ocurriría en la actualidad en Canarias, Ceuta y Melilla.

“Lo que no vale es decir que se está al 1.000 por cien de capacidad porque el Govern dice que solo tiene 65 plazas para acoger a menores. El Gobierno de España indica a las comunidades las plazas de acogida que deben tener cada una para dar una respuesta de país a este fenómeno”, ha alegado el representante del Gobierno de España en Baleares.