Victoria judicial del Gobierno británico sobre su política de alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles privados. El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha revocado una reciente orden judicial de desalojo de un establecimiento de Epping, impuesta a requerimiento de la autoridad local de este distrito del condado de Essex, al noroeste de Londres.

Los tres jueces de apelación, que han presidido el recurso con celeridad y urgencia inusitadas, se han pronunciado con firmeza y claridad en favor del Ministerio del Interior y del propietario del hotel Bell, donde residen más de 130 hombres mientras aguardan la tramitación de sus casos.

El hostal es escenario de continuas protestas antiinmigración, cuyo detonante se relaciona con la detención de un solicitante etíope por indebida aproximación y presunta incitación sexual de una menor de edad. El acusado negó los cargos en la vista oral que se celebró esta semana y ha quedado lista para sentencia.

La resolución de la corte de apelación da un respiro a la ministra del Interior, Yvette Cooper, que no solo evita tener que buscar techo para el grupo de refugiados acomodados en Epping, sino que ve abortada una vía judicial que otros ayuntamientos pretendían utilizar contra su gestión del sistema de asilo.

El panel de jueces ha criticado al magistrado de primera instancia, quien “erró” en su valoración y ponderación de aspectos fundamentales del conflicto, incluido el efecto dominó del caso en las autoridades regionales o municipales con hoteles donde residen cerca de 33.000 solicitantes de asilo en la actualidad.

Durante la lectura de la sentencia, el juez lord David Bean ha subrayado la importancia otorgada por la corte inferior al “indeseable incentivo a protestar”, frente al móvil del “miedo del crimen” en aparente justificación del cierre de este establecimiento. Elementos ultras dirigen o secundan las protestas antiinmigración, espoleados por mensajes del populista Nigel Farage y otros líderes de la derecha política que asocian abiertamente migración con crimen y llaman a “proteger a nuestras niñas y mujeres”.

La decisión de este viernes da luz verde a la incorporación de Interior en el proceso judicial interpuesto por el ayuntamiento de Epping contra el propietario del hotel Bell, que se revisará a fondo en octubre. Hasta entonces, los solicitantes de asilo seguirán ocupando las habitaciones y servicios del establecimiento y es muy probable que los disturbios continúen en el exterior.

Retirada de la Convención Europea de Derechos Humanos
Mientras, la corriente a favor de la retirada de la Convención Europea de Derechos Humanos (CDEH) se extiende ya por casi todo el espectro político del Reino Unido. Farage reafirmó esta semana su intención de abandonar el marco legal del Consejo de Europa si su minoritario partido, Reform UK, ganara las próximas elecciones generales, previstas para 2029.

Para el veterano euroescéptico y el ala reaccionaria conservadora, la derogación permanente o temporal del conjunto de normas internacionales, redactadas en 1950 con la contribución de juristas británicos, es la única vía para frenar la inmigración irregular a través del Canal de la Mancha y “recuperar las fronteras” nacionales.

Los artículos 3 y 8 de la Convención (protección de la integridad de una persona y derecho a la vida familiar, respectivamente) se responden con frecuencia en recursos de apelación contra decisiones negativas de solicitantes de amparo en el Reino Unido. Este tipo de acciones legales demoran la resolución definitiva de los casos, según denuncian los críticos del sistema.

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“He cambiado de opinión”, escribe el ex ministro conservador Malcolm Rifkind en una carta al director de The Times, publicada este viernes. El jefe de la diplomacia británica en el gobierno de John Major, entre 1995 y 1997, se declara ahora partidario de abandonar el marco legal europeo porque es la “única forma de evitar lo que se está convirtiendo en una crisis nacional”. “La ciudadanía pide, con razón, que el Gobierno haga lo necesario para frenar las llegadas (de embarcaciones) y deportar migrantes ilegales que no se merecen el estatuto de asilo”, señala.

Sir Malcolm se une a dos ‘barones’ laboristas, los ex ministros con escaño en los lores, David Blunkett y Jack Straw, que se han mostrado públicamente a favor de la derogación o desvinculación temporal de la CEDH. El Gobierno, a su vez, aguarda las conclusiones de una revisión del artículo 8 de la Convención con el fin de solicitar a los jueces moderación en su interpretación del derecho de todo individuo a la vida privada y familiar. El manifiesto laborista promete prescindir de hoteles para alojar solicitantes de asilo en la legislatura actual.