La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya respondió ayer a las críticas vertidas desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Según afirmó, los tres polizones llegados a Santurtzi «no se encuentran en un limbo jurídico» ya que su situación está regularizada por la orden que les permitió pisar suelo español. Además, tachó de «incoherente» la actitud de CEAR al considerar que está «dificultando» los trabajos para que los inmigrantes entren en el país.

Los tres africanos llegados en el ‘Agiasma’ recibieron el pasado martes permiso oficial para entrar en España a expensas de lo que decida el juez que debe resolver su petición de asilo. Según confirmaron fuentes de la Subdelegación, hasta que llegue esa resolución los inmigrantes se encuentran en situación legal, pero es Cruz Roja quien tiene «la responsabilidad de tramitar su documentación». También quisieron expresar su malestar con CEAR al entender que está convirtiendo el proceso «en un circo».

Entre los reproches, aseguraron que, en una reunión mantenida el 29 de agosto en la Subdelegación del Gobierno, la abogada de los polizones pidió su repatriación, algo «contradictorio» con la exigencia de asilo político. El presidente de CEAR – Euskadi, Javier Galparsoro, rechazó tajantemente este extremo y señaló que la idea fue del letrado del buque.

Las mismas fuentes gubernamentales aseguraron finalmente que el subdelegado, Miguel Ángel Fernández, «había encontrado una solución pionera para permitir la entrada de los polizones en el país» que no pudo llevarse a cabo al zarpar el barco y declararse los tres hombres en huelga de hambre.