El 24 de agosto una barcaza procedente de Mauritania fue rescatada cerca de las costas de las Islas Canarias. Atravesar el Atlántico era la última y más peligrosa barrera de la ruta migratoria de sus 236 pasajeros. Antes, tuvieron que escapar de las persecuciones policiales, sobrevivir a los interrogatorios, a las torturas y a los abusos sexuales. Debieron zafarse de los centros de detención, pagar las extorsiones y esquivar las devoluciones en caliente. Muchos de estos mecanismos fueron financiados por la Unión Europea y España. Todos marcaron, en mayor o menor medida, el viaje migratorio de quienes trataron de alcanzar Europa.

Así lo atestiguan las historias de vida recogidas en el informe elaborado por Human Right Watch (HRW) al que ha tenido acceso Público. Las barreras que se erigen entre quienes salen de Malí, Senegal, Mauritania para alcazar los territorios europeos, han sido creadas por los 27 a través de los complejos y oscuros mecanismos burocráticos que conforman las políticas de externalización de fronteras.

Esta es la estrategia estrella de la UE para no enfrentar los desafíos que supone el fenómeno de la migración africana en Europa. El modelo no es nuevo. Como llevan años señalado otras organizaciones como la Fundación porCausa, España ha sido pionera en poner en práctica estas políticas.A través de 223 entrevistas a solicitantes de asilo, personas en tránsito migratorio, funcionarios y guardacostas mauritanos y españoles y familiares de víctimas de torturas, detenciones y abusos, HRW ha perfilado el efecto que la externalización de fronteras tiene en los derechos y la dignidad de la población que migra. Pero también, en la calidad democrática de uno de los países que más financiación recibe de esta estrategia: Mauritania.

Situada al sur de los territorios saharahuis ocupados ilegalmente por Marruecos, con salida al Atlántico, colindante a Malí, Senegal y Argelia y próxima, Gambia, Guinea y Burkina Faso, la República Islámica de Mauritania es el último país de la conocida como ruta migratoria Atlántica o de África occidental. Unos 700 km separan sus costas de las Islas Canarias, lo que la convierte en la ruta más peligrosa para llegar a Europa.

La afluencia de personas en esta vía depende del estado de las relaciones entre Marruecos y la EU y, en especial, con España. Cuanto más sólidos sean los acuerdos de colaboración a ambos lados del estrecho es decir, cuanto mayor financiación y dádivas diplomáticas reciba Rabat para la gestión de sus fronteras más empeño pone en controlar la migración que se dirije a España y más aumenta el flujo de personas que tratan de alcanzar europa por la ruta Atlántica.

El entrega de la soberanía de las fronteras europeas y españolas de Marruecos ha llevado a numerosas crisis diplomáticas y humanitarias. Pese a ello, la UE ha decidido replicar esta estrategia en Mauritania. Prueba de ello es la visita conjunta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (PSOE) y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von de Leyen, al país africano a principios de 2024. En ella, los mandatarios europeos prometieron a su presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, unos 500 millones de euros para que frenara la inmigración e invirtiera en energías renovables.

No es el primer paquete de inversiones en el país subsahariano. El análisis de HRW evidencia cómo esta estrategia socava los derechos humanos de quienes migran y contribuye a la corrupción de los trabajadores del Estado mauritano.

Corrupción y violaciones de los derechos humanos
Lo confirmó el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en 2024: el mecanismo de financiación de la cooperación internacional –que, según HRW, es de los más utilizados para el control migratorio– no siempre aporta detalles sobre el objetivo de las asignaciones. De esta forma, el objetivo de estas inversiones se escapa del escrutinio parlamentario, entre otros signos de falta de transparencia. Los mecanismos de financiacion son, principalmente, el Fondo Fiduciario de la UE para África (EUTFA), transformado en 2021 en el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI).Ni la UE ni el Gobierno español, denuncia la ONG en su informe, han establecido ninguna fórmula que condicione la entrega de estos fondos a la existencia de mecanismos que salvaguarden los derechos humanos en los países en los que invierten. Sin embargo, tal y como recoge el informe del Tribunal de Cuentas citado por HRW, Europa sí que condiciona cada vez más “la gestión de la migración” a los fondos de cooperación. De esta forma, las inversiones europeas se convierten en un “incentivo” para presionar a Mauritania “para controlar la migración irregular”.

El cóctel de la falta de transparencia, la poca preocupación por los derechos humanos y la exigencia europea de que sus aliados africanos hagan las veces de “estados tapón”, ha fomentado que Mauritania lleve a cabo el control migratorio basado en la “disuasión y represión”. Ejemplo de ello son numerosos arrestos ilegales o las expulsiones masivas recogidas por el informe de HRW. En mayo, Lighthouse Reports certificó que los fondos y materiales europeos y españoles para detener la migración en Mauritania se utilizaban para abandonar muchas veces sin agua ni alimentos a migrantes en zonas desérticas de la frontera con Malí.

La utilización de la policía mauritana como agentes fronterizos también da pie a casos de corrupción. Como reveló una investigación de El País, a finales de 2024 fueron detenidos 11 miembros de la policía mauritana por exigir el pago de sobornos a los migrantes que se cruzaban. El trato era el siguiente: por un módico precio, los agentes dejaban libres a las personas en tránsito y no las soltaban en la frontera con Malí, como acostumbran a hacer.

Seguir el rastro del dinero hasta la opacidad
Calcular el coste total de la estrategia comunitaria de externalización de fronteras es una tarea casi imposible. HRW ha llegado a una aproximación al recopilar los presupuestos de mecanismos de cooperación como la EUTFA. A través de este fondo, los 27 han financiado, desde 2016, nueve proyectos de cooperación en Mauritania por un monto total de 81 millones de euros. Tres de ellos, equipados con 36 millones, se centraban explícitamente en el control de fronteras y de la migración.

Junto a otros países, Mauritania también ha recibido, inversiones de otros 21 programas regionales o multinacionales de la UE. Todos ellos tienen un valor total de 630 millones de euros. La falta de presupuestos desglosados, explica la ONG, impide saber qué porcentaje de esa cantidad fue depositado finalmente en las arcas mauritanas. Sin embargo, sí es posible saber que una cuarta parte tuvo como destino ocho proyectos de seguridad en Mauritania así como en otros países. Dichas partidas tenían entre sus objetivos el control migratorio y fronterizo.

Otro mecanismo de financiación exterior europea, el NDICI, permitió la asignación a Mauritania de unos 237 millones de euros entre 2021 y 2024, entre los que se incluían dos proyectos de control migratorio. De nuevo, Human Right Watch ha detectado que falta información relativa al destino concreto del dinero presupuestado para algunos de estos proyectos.

En otros casos, las prestaciones de la UE a Mauritania han tomado forma de tecnologías de la información, vehículos y otros elementos concretaban la infraestructura que, en palabras de la UE, fortalecería “la gobernanza” en el país africano. Ejemplo de ello son los 15.439 “equipos” que el Fondo Fiduciario de la UE proporcionó en 2023 a Nuakchot. No hay información oficial sobre el destino de dicho material, si bien un funcionario entrevistado por HRW asegura que fueron entregados a la policía mauritana con el objetivo de reforzar el control migratorio.

España, el laboratorio de la externalización
Las inversiones europeas en Mauritania siguen la hoja de ruta marcada por España desde hace dos décadas. Una de las primeras piedras para esta estrecha relación la puso el Gobierno de José María Aznar (PP) al firmar un acuerdo en 2003 que permitía a España deportar a Mauritania a nacionales de terceros países que presumiblemente hubieran pasado por el país en su ruta migratoria hasta España.

Actualmete, la deportación de migrantes a terceros países es una práctica extendida en Europa. Ejemplo de ello son las devoluciones en calientes o vuelos legales de población migrante a Turquía país de paso para quienes entran en europa desde Oriente Medio. En numerosas ocasiones se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de trasladar a Ruanda a quienes soliciten asilo en Europa. Pese a no estar todavía implementado, este modelo ya cuenta con su propia versión italiana. La primera ministra del país mediterráneo, la ultraderechista Giorgia Meloni, lleva un año tratando de hacer efectivo su plan de trasladar a demandantes de asilo residentes en su país a centros de detención en Albania. La Justicia italiana se ha opuesto a ello en reiteradas ocasiones.

En lo que respecta a España, el siguiente paso dado por Madrid en la construcción de su diplomacia antimigratoria, fue la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para financiar el primer centro de detención de inmigrantes en Nuadibú (Mauritania) en 2006. Son muchas las personas encerradas en este centro que han denunciado las pésimas condiciones de vida y los abusos cometidos dentro de esta suerte de prisión, como bien recoge en su informe HRW.

Además, en 2018, España entregó a Mauritania y Senegal unos 680.000 euros en material para el control migratorio. Posteriormente, un centenar de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado español fueron desplegados en el territorio mauritano con el mismo fin. Según los testimonios recogidos por HRW, la cooperación entre la policía africana y la española podría haber dado lugar a una suerte de chivatazos que, sin base legal, habrían expulsado de Mauritania a personas que se encontraban legalmente en su territorio.

Esto le ocurrió a Thierno Diallo (34), un guineano que fue detenido arbitrariamente por un grupo de siete policías mauritanos y españoles en 2022. Según su propio relato, Diallo fue identificado “por la policía española” mientras trabajaba legalmente en el país como conductor. Pese a que no pudieron presentarse cargos contra él por tráfico de personas, el joven guineano fue detenido. Antes de ser deportado a Malí, pasó unos días encerrado en el centro de detención de Nuadibú. El mismo que España había ayudado a levantar.