Diez comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE) han recurrido ante el Tribunal Constitucional el real decreto aprobado por el Gobierno de España para el reparto de menores migrantes. Mientras, la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Balears, que recurrirá los últimos decretos y pedirá suspender cautelarmente el reparto.

Por otro lado, Navarra, gobernada el PSOE, ha señalado que pese a estar “tensionada” va a colaborar para ayudar a Canarias y ha achacado la puesta en marcha de este traslado obligatorio a que las autonomías gestionadas por el PP “se han mostrado remisas a colaborar de una manera voluntaria”.

La derivación de los menores conlleva una financiación de 100 millones de euros, con los que el Ministerio de Infancia y Juventud sufragará los traslados y los primeros tres meses de la acogida.
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El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha asegurado en declaraciones a los medios este martes sobre el decreto que ha aprobado el Gobierno para poner en funcionamiento el reparto entre las comunidades autónomas.

El consejero madrileño ha asegurado que la Comunidad de Madrid tomará “las acciones necesarias y judiciales” para que el reparto de los menores sea “igualitario”, frente al “ocultismo” y “la falta de transparencia” del Gobierno.

El Gobierno de Aragón también ha advertido de que, como ha venido haciendo desde el pasado mes de marzo, “se recurrirán todos los actos normativos y administrativos que imponen reparto forzoso de menores”, aunque ha avanzado que Aragón recurrirá el “reparto forzoso de menores”, pero cumplirá la ley y trabajará en su llegada, que deben estar en “el centro” de las políticas en esta materia.

En Castilla y León, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha avanzado que la comunidad recurrirá el reparto de menores no acompañados al señalar que “invade competencias y es una imposición”.

Blanco ha incidido en que el texto aprobado “invade competencias que son propias de la comunidad autónoma”, se ha trabajado “sin contar con las comunidades”, con las que no ha habido “consenso”.
Críticas de Murcia y Galicia

El Gobierno de la Región de Murcia ha criticado también “el ocultismo y la falta de información del Gobierno de España” sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, según informaron fuentes de la comunidad en una nota de prensa.

El Ejecutivo murciano ha reaccionado así tras la aprobación de la capacidad ordinaria de las comunidades, “sin aclarar cuál será el número oficial de niños, niñas y adolescentes migrantes que llegarán a la Región desde Canarias”.

Al mismo tiempo, la Xunta de Galicia ha respondido al Gobierno central que “lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo de Sánchez” es cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS) de acoger a 1.000 menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias y que, “medio año después, solamente fue capaz de trasladar a la Península a 30”.

Así lo ha trasladado en un comunicado la Consellería de Política Social, en respuesta al Gobierno central, tras el Consejo de Ministros. La Xunta ha reprochado que el Real Decreto “se limita” a fijar la capacidad ordinaria de acogida según el peso de población de cada comunidad, “sin tener en cuenta ningún otro factor” y ha subrayado que “a día de hoy” el Gobierno central aún no ha aprobado con las CCAA “ningún reparto de menores migrantes y tampoco un financiamiento asociado”.
Canarias y Euskadi llaman a la corresponsabilidad

Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha afirmado que el decreto “viene bien” a todas las comunidades autónomas por lo que va exigir su cumplimiento.

En declaraciones a los periodistas ha puesto como ejemplo que la presión migratoria se ha incrementado ahora en Balears “y lo mismo puede pasar con cualquier otro territorio fronterizo peninsular”.

Por ello ha indicado que la atención a los menores migrantes es una “cuestión de Estado” que se debe “solucionar entre todas” las comunidades y el Gobierno central, a la espera también de lo que ocurra con los recursos que se han interpuesto ante el Tribunal Supremo.

En esta misma línea, el Gobierno vasco ha reiterado este martes su llamamiento a la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes no acompañados.

En concreto, se han establecido 731 plazas para Euskadi, según la fórmula recogida en el real decreto. Según informó en julio el Ministerio de Juventud e Infancia, Euskadi no recibirá ningún menor migrante no acompañado más, en base a criterios técnicos que contemplan la capacidad de acogida y el esfuerzo acumulado por cada territorio.