El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el PP, ha pedido que este martes vaya al Consejo de Ministros el último Decreto Ley que permita activar el mecanismo del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que comiencen de manera inmediata las derivaciones de menores migrantes no acompañados hacia otras comunidades autónomas. Se trata del Decreto Ley contra el que votó el PP en el Congreso de los Diputados y que las regiones gobernadas por los populares se niegan a aplicar, pese a que la iniciativa partió del propio Ejecutivo canario, donde precisamente cogobierna el PP. Por ello, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha eludido mencionar al PP en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno regional y ha centrado sus críticas en el Estado, que sí ha iniciado ya las derivaciones de menores migrantes hacia la Península.

Cabello ha afeado que sean solo unos 30 menores migrantes no acompañados con derecho a asilo los que han salido de las islas para ser acogidos por el Estado mientras que sólo este domingo llegaron al archipiélago otros “106” jóvenes menores de 18 años (la cifra de menores de edad confirmados en el cayuco que fue trasladado este domingo a Arguineguín es finalmente de 19). Aunque los menores que han abandonado ya las Islas son los que corresponde su tutela al Estado, Cabello ha pasado por alto que el resto, unos 4.000, aún no se ha movido del archipiélago por la negativa de las comunidades del PP a acogerlos. Y cuando ha solicitado que se active el artículo 35 de la Ley de Extranjería ha eludido de nuevo mencionar al PP.

Cabello señaló que en la actualidad la comunidad autónoma sigue atendiendo en solitario a unos 5.017 menores migrantes en 85 centros habilitados en las diferentes islas. De esta cifra, 994 son menores con derecho asilo que, aunque deberían estar tutelados por el Estado, siguen en centros de la comunidad. Además, otros 197 han salido hacia el recurso Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, y “sólo 30” han puesto rumbo a centros del Estado en la Península. Del resto, más de 4.000 que deberían ser acogidos por las comunidades autónomas, no ha dicho nada.

Cabello hizo especial hincapié en esta última cifra de 30 menores migrantes asilados que han salido del archipiélago, puesto que en lo que va de año son 1.320 los menores que han arribado de manera irregular al archipiélago (sin especificar si le corresponde al Estado su tutela o a las comunidades autónomas).

Asimismo, el portavoz recordó que Canarias cumple dos años en situación de emergencia migratoria y que sigue estando “sola”, por lo que insistió al Gobierno de España que “cumpla” con Canarias y que revierta esta situación. De nuevo, ninguna petición al PP para que acepte acoger a los menores que le corresponde en las comunidades que gobierna y que suponen tres veces más que los que debe tutelar el Estado.

Por otro lado, el portavoz ha señalado que la situación de vive este verano Baleares con la inmigración irregular no es comparable con lo que viene sufriendo Canarias en los últimos años.

“Hasta el 15 de agosto han llegado a las costas españolas 20.153 migrantes. 11.421 han llegado a Canarias, el 56%, y 4.323 lo han hecho a Baleares. Además, en dos años y ocho meses han llegado a Canarias 100.000 migrantes”, recordó.

Aquí, hizo especial hincapié en que al Gobierno regional le causa “un poco de incredulidad” el planteamiento de Baleares respecto a la modificación de la Ley de Extranjería porque lo que establece es que cuando una CCAA (ya sea Canarias, Baleares, Andalucía o las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla) vea superada su capacidad de acogida en un 150%, se active un mecanismo que les socorra.

“Nos sorprende mucho un planteamiento de estas características en el que Baleares lo que intenta es bloquear la distribución”, dijo para añadir que probablemente “ellos también se vean desbordados” en el futuro. “Por lo tanto, no acabamos de entender cuál es el planteamiento de Baleares a este respecto”, concluyó.