El reparto de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas arrancará esta semana, cuando el Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada autonomía.

También se aprobará esta semana la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida, como sucede en Canarias y Ceuta, para derivar así a los niños y niñas allí atendidos hacia otras comunidades.

Se trata de los últimos pasos de un mecanismo exigido por Canarias, una redistribución obligatoria entre autonomías, que se demoró meses por la oposición del PP y que, tras un acuerdo con Junts, se estableció a través de una reforma de la ley de extranjería que el Ejecutivo aprobó en marzo y el Congreso refrendó el pasado mes de abril.

El plan consiste en repartir la acogida entre todo el país, aligerando la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivará a unos 3.000 menores migrantes que se encuentran en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año.

Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

Para concretar este mecanismo han sido necesarios otros dos decretos del Gobierno: el del 22 de julio, que detalla el protocolo de traslado, y el que aprobará el Consejo de Ministros este martes y que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía.

El propósito es que todo esté listo para que la política de derivaciones eche a andar esta semana, el día 28, aunque eso no implica que se efectúen ya los primeros viajes, pues cada derivación conlleva un proceso y se estudia individualmente.

De forma paralela, por una vía distinta, el Gobierno ha iniciado el traslado de un millar menores solicitantes de asilo a los que deberá atender en recursos estatales en la península, siguiendo la orden que le dio el Tribunal Supremo.

La reubicación por territorios
El decreto del próximo martes definirá la capacidad ordinaria de cada autonomía, es decir, el número de plazas de acogida con las que debe contar cada comunidad, un dato clave para cifrar después el número de migrantes que deberá atender cada territorio.

Para el cómputo de los traslados se tendrán en cuenta parámetros como población (50%), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %).

En julio, con datos preliminares que no tenían en cuenta el millar de menores solicitantes de asilo de los que tiene que hacerse cargo el Estado, el Gobierno calculaba que las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes, Madrid, a 647 y País Valencià, a 571.

Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes, Galicia, con 317, Aragón, con 251, La Rioja, con 205, Castilla y León, con 197, Extremadura, con 159, Cantabria, con 156; Asturias, con 144, Región de Murcia, con 133, Navarra, con 118 e Illes Balears con 49.

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni Euskadi ni Catalunya tendrían que acoger a ningún joven, aunque Catalunya anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida.

Una vez consumados los traslados, Catalunya será la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema, con una importante diferencia respecto a las demás.

La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros para este año. El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará todos los traslados de las personas menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses.

Además, se compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid.

Este sistema se enfrenta a la oposición frontal de diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional, como también ha hecho Castilla-La Mancha, con un Gobierno socialista.

Además, la Comunidad de Madrid y Balears han optado por recurrir ante el Tribunal Supremo los últimos decretos aprobados por el Gobierno y el Gobierno balear ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del reparto.