Catalunya se sitúa actualmente en récord de población. El crecimiento del último año ha sido del 1,2%, llegando en julio a los 8.162.000 habitantes, según datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Y si ponemos la mirada hacia atrás, observamos que en la última década el crecimiento ha sido superior al 5%. Y el caso de Catalunya destaca en nuestro entorno europeo, ya que si observamos a los países vecinos del mediterráneo, la tendencia es contraria, según los datos de Eurostat. Italia y Grecia han visto cómo se reducía la población en un 2% y un 3% respectivamente, mientras que en Portugal la población ha aumentado, pero muy lejos respecto al 1,2% de Catalunya.

En este contexto, la consellera y portavoz del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha ido introduciendo a lo largo del año la idea de que el país debe prepararse para llegar a los dos dígitos poblacionales, la icónica cifra de los 10 millones de habitantes, refiriéndose tanto a infraestructuras como a los servicios públicos. “No se trata de tener miedo a la cifra, sino de entender qué es lo que implica: más escuelas, más hospitales y un transporte público más eficiente”, afirmó Paneque recientemente.

El emplazamiento del Ejecutivo catalán de cara a los 10 millones de habitantes no ha pasado desapercibido para una sociedad catalana que tiene grabada en la retina de la memoria de las mayores generaciones el lema publicitario del pujolismo: “Somos 6 millones”. En el que confluía la idea del crecimiento demográfico y la voluntad de cohesión social. Ahora bien, el Govern actual del PSC ha reconocido también que habrá que hacer un esfuerzo casi titánico para estar preparados: “Tenemos unas infraestructuras para 6 millones de habitantes, cuando ya somos 8 millones y seguimos creciendo”, comentaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en sede parlamentaria, dejando claro que hay que ponerle trabajo al asunto.

Es en este contexto de crecimiento basado especialmente en la inmigración en que, aprovechando las percepciones ciudadanas y, en gran parte, las mentiras que difunde, la extrema derecha catalana se está haciendo con parte del electorado. En este sentido, algunas formaciones de izquierdas, al contrario de rehuir el debate sobre el reto demográfico, se han sumado al debate para tratar de contrarrestar el efecto xenófobo de Aliança Catalana y poner sobre la mesa la viabilidad de estas proyecciones y, al mismo tiempo, las necesidades que tiene el país para hacerles frente.

Dos de los partidos que se han sumado al debate son ERC y la CUP. Ambos de forma clara, con un enfoque diferente al de la extrema derecha. Conviene analizar cómo se están acercando las formaciones de izquierdas catalanas y qué plantean ante un gran reto como el demográfico, sin caer en la trampa de los partidos reaccionarios.

El modelo económico, en el centro de la discusión
Los partidos de izquierdas del arco parlamentario han entendido que el debate de los 10 millones debe centrarse en la discusión sobre el modelo económico del país, huyendo pues de centrarlo en los flujos migratorios, que son una consecuencia directa y que la extrema derecha aprovecha para dibujar su discurso populista y sesgado. Éste, por ejemplo, es uno de los puntos clave que la CUP, en su nueva etapa, expone. La todavía diputada Laia Estrada lo resumió así en el último pleno: “No podemos aceptar que la inmigración sea el chivo expiatorio. El reto es cómo redistribuimos la riqueza y cómo garantizamos servicios públicos universales”.

Recientemente, una serie de vídeos de un alcalde y un concejal de la CUP de las comarcas gerundenses, Jordi Casas y Guillem Surroca, se han hecho virales en las redes sociales con reflexiones al respecto. Posteriormente, en una entrevista en VilaWeb, declaraban abiertamente la necesidad de cuestionar este crecimiento demográfico ya que “el país se cae a pedazos”. Uno de los puntos esenciales de la nueva estrategia política de la CUP es la planificación de la economía, que relacionan directamente con la problemática: “Debemos producir para satisfacer nuestras necesidades, no para hacer crecer el PIB” comentaba el exjefe de la candidatura de la CUP por Lleida, Bernat Lavaquiol en Público.

ERC también ha entrado en el debate haciendo hincapié en la necesidad de una planificación a largo plazo. La diputada Marta Vilalta remarca que “el crecimiento demográfico no es un problema en sí mismo, pero sí lo es si se mantiene un modelo económico precarizador y unos servicios públicos infrafinanciados”. Por otra parte, Elisenda Alamany, secretaria general del partido, se pregunta con qué recursos afrontaría el país este reto: “Salvador Illa habla de la Catalunya de los 10 millones. Pero nosotros estamos preocupados por la Catalunya de los 8 millones”.

Más allá de las izquierdas, Junts per Catalunya, por su parte, también ha entrado en el debate, pero ha puesto más énfasis en la dimensión de las infraestructuras. Su líder en el Parlament, Albert Batet, ha insistido en que “Catalunya necesita un plan de país para dimensionar la red ferroviaria, las autopistas y las conexiones logísticas”. Todo con una mirada más pragmática y menos ideológica que la de la CUP o ERC, pero compartiendo el rechazo a vincular el debate con la inmigración.

Desde el Govern, el plan presentado por la consellera Paneque para la Catalunya de los 10 millones incluye una hoja de ruta en tres ámbitos: transporte público metropolitano, refuerzo del sistema sanitario y estrategia educativa para absorber la presión demográfica en las aulas. El documento plantea también un pacto institucional con ayuntamientos y diputaciones para abordar el reto territorial.

La diferencia con la extrema derecha
En contraste con estas posiciones, la estrategia de Aliança Catalana y otros grupos ultras sigue pivotando sobre el relato antiinmigración. Su líder, Sílvia Orriols, afirma que “los catalanes no pueden ser extranjeros en su casa”, situando el crecimiento demográfico como una amenaza identitaria y cultural. Este discurso, que simplifica la realidad e ignora los datos económicos y sociales, ha sido calificado por los otros grupos como una “trampa populista”.

La principal diferencia estriba en el enfoque: mientras que las fuerzas democráticas hablan de servicios, inversiones y modelo económico, la extrema derecha busca capitalizar el malestar ciudadano a partir del miedo y la desinformación.

Catalunya, turismo y sensibilidad discursiva
El debate sobre los 10 millones también conecta con la presión sobre las infraestructuras, la voluntad de ampliar algunas estratégicas como el aeropuerto, y la masificación turística, especialmente en las zonas metropolitanas y costeras. El crecimiento de población autóctona e inmigrante se combina con la llegada de millones de turistas cada año, haciendo necesario un plan integral de movilidad, vivienda y servicios públicos, y la lucha contra la precarización laboral del sector turístico que en muchos casos ocupa en condiciones poco solventes a buena parte de la población migrante.

Los partidos se encuentran frente al reto de plantear estas necesidades sin ser acusados de racistas. Explicar que es necesario ampliar el transporte público, las escuelas o los servicios sanitarios puede ser malinterpretado si no se contextualiza bien que se trata de gestión urbana y planificación sostenible, no de control migratorio. “Debemos hablar con datos y con honestidad, pero siempre subrayando que el objetivo es la cohesión y la calidad de vida, no la exclusión de nadie”, comentan fuentes de ERC.

Este equilibrio entre planificación y sensibilidad política será clave en los próximos años, puesto que el crecimiento demográfico, combinado con el turismo y la ampliación de infraestructuras, exige respuestas concretas y consensuadas, evitando que la narrativa populista y xenófoba gane terreno en el debate público.

Un debate de futuro
La Catalunya de los 10 millones no es una proyección inmediata los escenarios demográficos del Idescat apuntan que, en el escenario medio, no se alcanzaría esta cifra antes de mediados de siglo pero la política catalana ya ha hecho de ello un terreno de debate. La cuestión clave será si Catalunya es capaz de responder con políticas inclusivas, con un modelo económico sostenible y con infraestructuras dimensionadas, o si, por el contrario, acaba permitiendo que el miedo marque la agenda.

En definitiva, el debate no es sólo numérico. Es sobre todo sobre qué proyecto de país quiere Catalunya cuando se plantea la posibilidad de llegar a los 10 millones de habitantes.