Semana crucial para Canarias y 4.400 menores migrantes no acompañados acogidos por las islas y por Ceuta. Este martes, en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político, se aprobará el decreto ley que regula la capacidad ordinaria de cada región para acoger a los niños y niñas y la financiación necesaria para los traslados. Se trata del último eslabón de la cadena de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que hace obligatoria la distribución de los chicos que llegan sin la compañía de un familiar a territorios son su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias. Y está previsto que la misma semana, el jueves 28, comiencen a realizarse las derivaciones.

Esa es la intención del Ministerio de Infancia, con Sira Rego a la cabeza. Se seguirán los protocolos recogidos en el real decreto que fue convalidado en abril en el Congreso de los Diputados por todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara –salvo Vox y el PP–.

Según la capacidad ordinaria trasladada por el Ministerio de Infancia en julio, Andalucía (677) y Madrid (647) son las regiones que más niños y niñas acogerán. La primera cuenta con casi 3.000 plazas, Madrid con 2.352 y la Comunidad Valenciana con 1.638, y acogerá a 571 chicos. Cataluña y Euskadi, en principio, no recibirán más niños y niñas siguiendo con los criterios establecidos por la ley y por el hecho de tener su sistema «tensionado» debido al «esfuerzo previo»que han realizado.

Sin embargo, esta ‘victoria’ para los Ejecutivos regional y estatal se ha visto envuelta en las amenazas de las comunidades gobernadas por el PP, que han manifestado desde que se empezara a negociar esta medida –en 2023– su rechazo a una responsabilidad compartida entre las regiones llegando a recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Desde el Gobierno estatal recuerdan que la medida trata de buscar una gestión ordenada del drama humanitario que, ahora mismo, vive tanto el archipiélago como Canarias y Ceuta. Sin embargo, esta medida estructural se pone en marcha siempre que una comunidad autónoma esté en una «situación de contingencia migratoria extraordinaria». Esta se declara cuando la capacidad ordinaria de la región de acogida se supera por más del triple, como es el caso de las islas. De hecho, en el decreto que se aprueba este martes se declarará dicha situación en el archipiélago porque ya supera esa capacidad. En otros casos, se declarará que una comunidad autónoma está en esta situación en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano en el que se reúnen las regiones.

Una vez establecida, en un plazo de 15 días que se cuentan a partir de la inscripción del niño o niña en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, el Estado puede redistribuir a los niños y niñas a otras regiones que tengan mayor disponibilidad para, así, poder garantizarles una acogida digna y acceso a los recursos básicos como la educación o sanidad. Pilares fundamentales que, con el actual colapso en los centros de acogida de las islas, resultaba ser una tarea complicada.

Para garantizar el interés superior del menores, se analizará caso a caso la situación de los chicos que están en el archipiélago. Cabe recordar que se han establecido criterios objetivos para asignar las plazas a los chicos en otras comunidades: 50% basado en la población; 13% en la renta per cápita; 15% en la tasa de paso, 6% en el esfuerzo previo de acogida; 10% en el dimensionamiento de plazas; 2% en razón a su realidad fronteriza; y 2% por dispersión poblacional.

La capacidad ordinaria del sistema de acogida de cada región se irá determinando anualmente, y antes de cada 15 de enero de cada año, se tendrá que entregar el número máximo de personas atendidas por el sistema de cada comunidad o ciudad autónoma.