Zapatero califica la inmigración ilegal de fraude a los trabajadores
Las Provincias, 07-09-2006Zapatero advirtió ayer de que España no acepta ni aceptará inmigración clandestina ni ilegal, porque es un fraude a los inmigrantes, a los trabajadores y a las reglas de convivencia. El presidente ordenó a los embajadores en África que defiendan con firmeza las exigencias de España frente a este fenómeno. El jefe del Ejecutivo utilizó un tono de inusual contundencia, similar al que empleó el pasado lunes la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, para advertir a los gobiernos subsaharianos de que el Gobierno no aceptará que sigan llegando cayucos cargados de inmigrantes. Ese cambio de tono coincide con la mayor oleada de ilegales llegados a Canarias, donde están colapsados todos los sistemas de acogida.
El presidente hizo estas manifestaciones en La Moncloa, con motivo de la recepción que ofreció a los 123 diplomáticos participantes en la IV Conferencia de Embajadores, que en esta edición centró sus trabajos en analizar los flujos migratorios. La inmigración es, les explicó, un fenómeno de gran impacto económico y cívico y lleva acarreado un cambio social. Por ello, les pidió ante todo firmeza para que la gestión de este problema responda sólo a un único principio, el de legalidad. Legalidad, mercado de trabajo, integración y convivencia son, para el presidente, los únicos parámetros que deben regir las políticas migratorias. Por ello es absolutamente necesario reiterar que nuestro país, que valora y necesita la inmigración vinculada al mercado de trabajo y a las necesidades laborales, no acepta ni aceptará la inmigración clandestina ni ilegal sencillamente porque no es inmigración, es un fraude a los inmigrantes, a los trabajadores y a lo que han de ser las reglas de convivencia, recalcó.
El jefe del Ejecutivo señaló que, por su situación geográfica y crecimiento económico, España y otros países europeos constituyen y serán en el futuro un importante foco de atracción para los habitantes de países más pobres. Afirmó que la gestión integral y adecuada del fenómeno es uno de los desafíos de mayor calado que nuestra generación deberá afrontar e implica iniciativas a corto y largo plazo dependientes de la acción exterior, como cooperación al desarrollo, concertación de las actuaciones con los países de emisión y tránsito, control fronterizo, represión de las mafias y canalización correcta de los flujos legales que España va a seguir necesitando.
Dimensión europea
Pero el mensaje del Gobierno no iba dirigido sólo a los representantes diplomáticos en África. Rodríguez Zapatero dedicó parte del discurso a explicar la dimensión europea del problema. España y los países que componen la frontera sur de Europa quieren que toda la UE asuma la inmigración como algo que, tarde o temprano, afectará a todos. La Unión Europea tiene que extraer todas sus consecuencias, para que pase a formar parte de su política prioritaria, de una agenda exigente y constante, reclamó Rodríguez Zapatero. La número dos del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, trasladaron ese mensaje al comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, con quien se reunieron para debatir la colaboración europea en la lucha contra la inmigración ilegal.
El presidente resaltó que estamos ante uno de los fenómenos de más calado, de más alcance, que vivimos las sociedades de los países europeos. Sus efectos, explicó, son en parte positivos, porque la prosperidad de la que disfrutamos no hubiera sido posible sin la aportación que han realizado los extranjeros que trabajan y contribuyen con su esfuerzo de forma legal al desarrollo del país.
Entre las bondades que ha traído la llegada a España de ciudadanos de otros países, Rodríguez Zapatero resaltó su contribución al incremento demográfico, que ha hecho que hoy el número de personas que viven en España supere los 44 millones, de los que más de dos millones son extranjeros. Destacó también su contribución a que, en los dos últimos años, haya aumentado en 1.400.000 el número de afiliados a la Seguridad Social.
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