El Gobierno abre la puerta a la vía jurídica en Jumilla y busca arrinconar al PP por su postura sobre la xenofobia
El Ejecutivo de Sánchez envía un requerimiento formal al Ayuntamiento murciano para que anule la moción sobre las celebraciones religiosas, paso previo a la interposición de un recurso contencioso ante la Justicia
Público, , 11-08-2025El Gobierno ha dado el primer paso para llevar a los tribunales la decisión de Vox y el PP de impedir actos religiosos en las instalaciones deportivas municipales de Jumilla (Murcia) y, así, vetarlas a la celebración de la Fiesta del Cordero islámica y a la del Fin del Ayuno tras el Ramadán. El Ejecutivo intenta así arrinconar al Partido Popular en el debate sobre la xenofobia, en el que los de Alberto Núñez Feijóo tratan de resituarse negando el carácter islamófobo de la decisión aprobada por su alcaldesa y sus concejales en Jumilla, y las críticas de quienes alertan de que contraviene el derecho a la libertad religiosa del artículo 16 de la Constitución.
El Ejecutivo anunció ayer que ha enviado al Ayuntamiento de Jumilla, que preside la popular Seve González, un requerimiento para que anule la moción aprobada en el pleno municipal del pasado 30 de julio, que a su vez instaba a la Junta de Gobierno local a modificar el reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales. Ese requerimiento del Gobierno, tramitado su delegada en Murcia y supervisado por los ministerios de Justicia y de Interior, es el paso previo para la interposición de recurso contencioso-adminsitrativo y forma parte del procedimiento establecido en la ley que regula esa jurisdicción, que da a las autoridades locales un mes de plazo para responder. Si no lo hacen, se entiende que rechazan la demanda, lo que abriría paso a que el Gobierno impugnase la moción en los tribunales.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró este lunes por la mañana en su cuenta de X que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende defender “la Constitución, los derechos y la libertad religiosa” frente “a la deriva extremista de PPVox”. Publicó su post poco antes de que la portavoz de la comisión ejecutiva federal del PSOE, Montse Mínguez, acusara a las formaciones de Feijóo y Abascal de “institucionalizar” la xenofobia y el racismo, informa Europa Press.
Público se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Murcia, al Ministerio de la Presidencia y a la Secretaría de Estado de Comunicación para conocer el contenido del requerimiento, pero ninguno había respondido a la hora en la que se terminó de redactar este artículo. Sin embargo, según explicaron a EFE fuentes del Ejecutivo, la solicitud al Ayuntamiento de Jumilla se basa en que “las razones esgrimidas” por Vox y el PP para vetar las celebraciones religiosas en las instalaciones deportivas del pueblo “no se sustentan”, y que la medida “restringe [su uso] de forma abitraria” a la comunidad musulmana de la villa, que desde hace años venía festejando en ellas los días más señalados de su calendario religioso.
Desviación de poder y vulneración de la libertad religiosa
“No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada […] aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa”, recoge el texto del requerimiento citado por Efe.
En su mensaje de este lunes por la mañana en X, Bolaños añadía: “Frenaremos sus medidas ultras [las del PP y Vos], como hicimos ante trabas al aborto en CyL o la censura en Murcia”. Se refería al protocolo antiabortista que pretendía obligar a las mujeres que desearan acogerse a la interrupción de su embarazo a escuchar el latido de sus fetos o incluso derivarlas a las unidades de psiquiatría, y que el Gobierno autonómica de Alfonso Fernández Mañueco (PP) trató de imponer en la sanidad pública de Castilla y León por orden de su entonces vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox); y de la censura parental que Fernando López Miras (PP) acordó en el de la Región de Murcia con la formación ultraderechista, para facultar a los padres y madres a vetar la asistencia de sus hijos a actividades curriculares complementarias, pero evaluables y antes obligatorias, como las charlas formativas sobre LGTBIQ+fobia, prevención de la violencia de género, ludopatía, drogas, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la alimentación, bullying, ciberacoso y prevención de embarazos no deseados, entre otras.
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