Este lunes, el Gobierno de España, según anunció el Ministerio de Migraciones que dirige Elma Saiz (PSOE), comienza a trasladar niños y niñas desde Canarias a la Península.

El proceso ha estado rodeado de declaraciones altisonantes, votaciones parlamentarias ganadas por los pelos, resistencias de las derechas y diferentes procesos judiciales en marcha. El debate ha estado inflamado de ruido que, en ocasiones, ha generado confusión y ocultado los hechos.

En Canarias, según los datos que han aportado el Gobierno autonómico y el central, y también según los que maneja la ONG Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), hay entre 5.500 y 5.600 niños —la inmensa mayoría— y también niñas migrantes y adolescentes sin referentes familiares acogidos en el sistema. Sobre todo provienen de Senegal, Malí, Marruecos, Gambia y Guinea, aunque también los hay de otras nacionalidades.

Las condiciones en las que habitan en Canarias no son adecuadas, según admiten las fuentes consultadas (ha habido incluso casos de cierres judiciales y detenciones de trabajadores de centros de acogida). “El sistema está sobredimensionado. Existen más de 80 dispositivos de emergencia, que se han creado en los últimos años. Son de distintos tamaños, algunos más pequeños y otros que tienen un número alto de plazas de acogida”, asegura a Público Carlos Lorenzo, de CEAR.

“Hay algunos muy grandes, por encima de 150 niños. El modelo no funciona, porque debido a esa saturación no permite trabajar en procesos de intervención social educativos normalizados. El sistema es un contexto hostil para niños, trabajadores, ONG y para instituciones. Es imposible trabajar bien”, agrega.

La previsión del Gobierno es trasladar, fundamentalmente de Canarias —también habría de Ceuta y Melilla—, 3.975 niños en un proceso escalonado e individualizado, que durará, como mínimo, varios meses porque se producirá en grupos pequeños.

Hay dos líneas de trabajo, por así llamarlas, abiertas ahora mismo para esos traslados. Una que afecta a los menores que han solicitado asilo, que son unos 1.200 niños, y otra a quienes no lo han hecho, el resto, hasta llegar a esa cifra de 3.975.

Los primeros son competencia del Gobierno de España y lo que suceda con ellos está tutelado desde marzo pasado —hace cinco meses— por el Tribunal Supremo, que atendió un recurso de Canarias, que había denunciado que el Ejecutivo central no se había hecho cargo de los menores de edad extranjeros que esperaban a que se tramitaran sus peticiones de asilo.

Los segundos son competencia de las Comunidades Autónomas y su traslado viene regulado por el nuevo modelo de movilidad vinculante en vigor desde hace unos meses tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobado primero por un decreto ley, que fue después convalidado en el Congreso con los votos en contra de PP y Vox.

Al menos diez comunidades autónomas —todas ellas gobernadas por el PP, salvo Castilla La Mancha, presidida por Emiliano García Page del PSOE—, han recurrido esta legislación al Constitucional. El Gobierno, mientras el tribunal no se pronuncie, aplicará con normalidad la normativa. En un consejo de ministros de finales de agosto, el próximo día 26 posiblemente, según fuentes del ministerio de Infancia que dirige Sira Rego (IU), se prevé culminar todo el procedimiento legal que permitiría ejecutar los primeros traslados de menores que no han solicitado asilo con toda la cobertura normativa en vigor. Cuando estos se produzcan, se prevén más resistencias y más ruido.

Lo que sigue es un resumen detallado de las dos líneas de trabajo y de los antecedentes y causas del colapso.

Solicitantes de asilo
De los solicitantes de asilo tiene que ocuparse el Gobierno de España —el Ministerio de Migraciones— y la resolución de sus problemas está tutelada por el Tribunal Supremo, que desde el pasado mes de marzo ha emitido varios autos, instando al Ejecutivo a resolver la situación, de limbo prácticamente, en la que se encontraban estos niños. El último de ellos es del 30 de julio pasado y en él, el tribunal constató que el Gobierno estaba tramitando las solicitudes e insistía en su “pronta y completa” integración en el Sistema Nacional de Acogida.

Estos menores presentan, según el Gobierno, “un perfil altamente vulnerable, muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras. Casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses”. El Gobierno ha explicado que se hace una “valoración individualizada y pormenorizada de cada expediente, junto con el Ministerio Fiscal”, lo que “resulta fundamental para preservar en todo momento el interés superior del menor”.

De este modo, el proceso arranca este lunes con el traslado a la península de esos ocho primeros menores solicitantes de asilo “de manera que en el proceso prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior”, según el Gobierno. Después, los traslados “se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio”, según Migraciones.

El Ministerio ha mantenido reuniones con las principales entidades que trabajan con menores, según las fuentes consultadas, “con el objetivo de analizar los recursos y ubicaciones inmediatas en la península”.

En paralelo, según Migraciones, “Engloba, la entidad colaboradora en Canarias, está llevando a cabo las valoraciones individualizadas a los menores que han manifestado disposición a trasladarse a la península, un trámite que resulta clave para poder llevar a cabo con plenas garantías este procedimiento”.

El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones para dar cumplimiento a los autos del Tribunal Supremo y crear así 1.200 plazas en la península. Migraciones ya ha puesto sobre la mesa un total de 750 plazas, “que se están concretando con las entidades habitualmente colaboradoras con el Ministerio, para que estén disponibles de forma inmediata”.

Aunque estos traslados están tutelados por el Supremo y dependen, al menos hasta ahora, de recursos del Ministerio de Migraciones, se han producido ya resistencias, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

No solicitantes de asilo
El resto de niños, quienes no han pedido asilo, son competencia de las Comunidades Autónomas. El Gobierno ha preparado un crédito de 100 millones de euros para financiar la atención de los menores migrantes por las comunidades, obligadas por la reforma de la Ley de Extranjería a acogerlos para aliviar la situación “extraordinaria” que viven Canarias, Ceuta y Melilla. Sobre la financiación, Carlos Lorenzo afirma: “No sabemos exactamente si es suficiente o no, pero sí sabemos que la cuestión de la financiación es un elemento clave para garantizar la sostenibilidad del sistema”.

La norma habilita a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde están el Gobierno y las comunidades, para acordar por unanimidad los requisitos para la declaración de situación de emergencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios de aplicación del plan. Si no hay acuerdo, como ha sucedido en este caso —en la última reunión para tratar estos temas se produjo un plantón de las Comunidades del PP—, se declarará situación de emergencia en una comunidad cuando exceda tres veces su ocupación ordinaria, como en estos momentos sucede en Canarias —y también en Ceuta y Melilla—, según los datos del Gobierno.

Con los 100 millones de euros se van a pagar todos los traslados y los tres primeros meses de acogida en la Comunidad Autónoma correspondiente. Los Gobiernos autonómicos que han recurrido la reforma de la ley la consideran una imposición que invade sus competencias y creen, también, que necesitan más fondos para poder dar una atención con todas las garantías a los menores. El PP, al mismo tiempo que plantea los recursos y se queja en ocasiones con discursos de algunos de sus territorios que han encontrado la réplica en el Gobierno de “racistas”, ha manifestado que sus gobiernos “cumplirán con la ley y con sus obligaciones como siempre”.

Así, por ejemplo, con un discurso menos beligerante que Madrid, la consejera andaluza de Juventud e Igualdad, Loles López, considera que debe haber una mejor financiación: “Andalucía es solidaria y quiere seguir siéndolo, pero dentro de la capacidad del sistema. Cuando un niño viene aquí y entra en el sistema de protección, no sólo se le viste, se le calza y se le da de comer… Eso es obvio. Esto va mucho más allá. Estamos hablando de educadores sociales, psicólogos y trabajadores sociales para conseguir la verdadera inclusión del menor”. Para el Gobierno, al ser una competencia autonómica, corresponde a las comunidades tomar decisiones sobre a qué destinan sus presupuestos. En el ministerio de Rego recuerdan, por ejemplo, que en Andalucía se han bajado impuestos a los más ricos, mermando así los ingresos públicos.

Antecedentes y causas
“La única manera para que el sistema pueda funcionar es decrecer, tiene que oxigenarse y racionalizarse para que se pueda poner el foco en los procesos de inclusión con los estándares de calidad debidos, y así poder trabajar mejor. Tal cual está, es imposible que funcione”, afirma Carlos Lorenzo. “Solo con Canarias —añade— el sistema no puede funcionar. La única medida de política migratoria de carácter duradero y solido es ese modelo vinculante de movilidad de distribución de niños y niñas en todo el territorio español, validado por el Parlamento, que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería”.

“Cuando estamos hablando de niños sin referentes familiares —reflexiona Lorenzo—, está el interés superior del menor, el tratamiento igualitario de los derechos de la infancia en todo el territorio español y la responsabilidad política de alejarse del ruido mediático. Es una cuestión muy polarizada y escuchamos demasiado ruido. Todo eso está dentro de un contexto de imprudencia e irresponsabilidad. Es irresponsable el hecho de no remover los obstáculos y las dificultades a la hora de aplicar las medidas de política pública”.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? En los últimos ocho años, el número de menores sin referentes familiares “ha crecido en España un 221,4%”, según se recoge en la exposición de motivos del real decreto-ley que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esto, se lee en la disposición, ha suscitado “una reivindicación política de los territorios más afectados en relación con la ubicación de estas personas entre las diversas comunidades y ciudades autónomas, a fin de asegurar su adecuada atención desde las perspectivas social, sanitaria, educativa y de vivienda, entre otras”.

Los años pasados se han venido adoptando acuerdos en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Así, según la disposición, en 2022, 2023 y 2024 se acordó y produjo “efectivamente el traslado de un total de 574 personas menores de edad extranjeras no acompañadas procedentes de Canarias y Ceuta”, una cifra muy alejada de los casi 4.000 que ahora pretende trasladar el Gobierno para aliviar la situación en las islas.

Sobre las causas, Lorenzo afirma: “Las competencias en la atención a menores tutelados son exclusivas de las Comunidades Autónomas. Las diferentes leyes de protección de menores de alguna manera no visualizaban un contexto en que la infancia migrante estuviera presente de manera tan rotunda. [Esto provoca que] fuera todo mucho más complicado a la hora de poder articular una medida que tuviera un alcance nacional”.

“La reforma del artículo 35 añade la solidaridad territorial, si la situación lo requiere. Antes, incluso en un contexto de voluntariedad, existían obstáculos para poder tomar decisiones. Esto ha provocado que la vía normativa se articulara. Requería que de manera legal pudiéramos establecer una serie de consideraciones que equilibren la atención a un colectivo de especial vulnerabilidad, cuando por cuestiones competenciales se daba una práctica imposibilidad de llegar a acuerdos”.

46.843 migrantes llegaron a España por la, así llamada, ruta canaria el año pasado, según los datos de Interior. En el mismo periodo, 9.757 personas murieron en el intento de alcanzar las islas. La inmensidad del Atlántico hace que esta ruta sea una de las más peligrosas del mundo: muchas embarcaciones se desvían y quedan perdidas sin llegar nunca a su destino.