Más de cuatro meses después de la orden del Tribunal Supremo, el Gobierno central empieza a trasladar a la península a los menores demandantes de asilo que se encuentran actualmente en Canarias. Este lunes, un grupo de ocho adolescentes llegados en cayuco, tras huir solos de la guerra o la persecución, abandonará Las Palmas para ser acogidos en centros bajo el paraguas del Estado. Aunque con meses de retraso, el Ejecutivo empieza a cumplir así con la sentencia que le exigió hacerse cargo de estos menores en su sistema de acogida, al considerar que es su competencia.

Los primeros traslados llegan en un momento de ruido político y crispación racista, después de que el Ayuntamiento de Pozuelo se negase a la posible acogida de estos menores en un centro estatal del municipio madrileño. En paralelo, el Gobierno sigue intentando ejecutar la que ha defendido como la principal solución para descongestionar la capacidad de acogida de las islas: el plan de reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas aprobado por real decreto en marzo.