Tras más de dos meses perviviendo en la calle, que se dice pronto, el Ayuntamiento donostiarra ha decidido enviar, por no decir expulsar, a Oñati a los 40 malienses que han convivido todo este tiempo con los vecinos de Amara Berri de manera cívica y ejemplar. Y escribo con conocimiento de causa.

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Hay que recordar a los partidos que gobiernan el Consistorio donostiarra, a saber PNV y PSE – EE, que las personas que huyen de la guerra tienen, entre otros, el derecho de protección internacional y a no ser discriminados. Sin embargo, estas personas han pernoctado a la intemperie, se les ha negado el aseo personal y se les ha restringido el sustento a una comida al día. Abandonados a su suerte, de no ser por un grupo de vecinos solidarios del barrio que les han proporcionado alimentos, algunas mantas, sillas, colchones para que no durmieran directamente en el suelo.

Goia pide al Gobierno del Estado que agilice los trámites de los ciudadanos de MaliArantxa Lopetegi

Hay que interpelar a los políticos que administran nuestros impuestos (pero que no nos representan) y a los xenóbos y/o aporófobos (a esos ecpáticos que dicen “llévatelos a tu casa”), porque no se puede despolitizar el cuidado básico de las personas para que lo asuma la sociedad civil o entidades religiosas.

Hay que reprobar que a estas víctimas, que han sufrido el olvido de los organismos y recursos públicos, se les ha negado también el derecho a un intérprete para gestionar su petición de asilo en las oficinas de la CEAR.

Donostia, que en 2024 acogió 1 029 670 turistas y registró 2 32 783 pernoctaciones, según datos de Eustat, no es capaz de albergar a 40 refugiados, damnificados del conflicto bélico en Mali. De vergüenza e indignación ajena.