Y de repente, el discurso antiinmigración se institucionalizó. La escalada verbal del PP y Vox sobre las personas de origen de extranjero escaló esta semana en Jumilla, un municipio de poco más de 27.000 habitantes en la Región de Murcia, cuyo Ayuntamiento ha impulsado el veto de rezos islámicos en espacios públicos municipales. La decisión no solo supone un salto de lo discursivo a lo normativo, sino que también implica abrir el foco del señalamiento. Ya no son los inmigrantes, sea cual sea su situación legal, sino los musulmanes como sinónimo de lo que no es o no debe ser, en esencia, español. Por más que muchos de esos musulmanes hayan nacido y crecido en España.

“¡Sí! Hay que proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida. Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión”, celebró el líder de Vox en redes sociales la decisión de un consistorio gobernado por el PP. De la población total de Jumilla, se calcula que unas 3.000 personas profesan la fe musulmana, muchos de ellos ciudadanos españoles de pleno derecho. Durante las últimas dos décadas, la comunidad islámica del pueblo había solicitado y accedido al polideportivo municipal para los rezos del fin del Ramadán y de la fiesta del cordero, dos días al año en los que jamás se produjo, según conste, incidente de convivencia alguno.