El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ha logrado parar en el Tribunal Constitucional (TC) la reforma migratoria que su correligionario el primer ministro Luís Montenegro pactó con la extrema derecha de Chega, liderada por André Ventura. El Alto Tribunal declaró este viernes inconstitucionales partes fundamentales de la ley de extranjería, las que iban a restringir la entrada de inmigrantes por la vía del reagrupamiento familiar y las que limitaban la capacidad de los ciudadanos de otros países de recurrir contra decisiones de la Administración lusa. Acto seguido, el jefe del Estado devolvió la norma al Parlamento, a través del llamado veto político. El pulso continuará, pues el primer ministro ya había informado de que su Gobierno no desistirá en su apuesta por cortar de forma expeditiva el  intenso crecimiento durante el último lustro de la población de origen foráneo.

El fallo del TC, adoptado por mayoría en una sesión de lo más extraordinario en la tarde de un viernes de un tórrido agosto lisboeta, supone un triunfo del sector de la derecha tradicional portuguesa, el Partido Social Demócrata (PSD), contrario al acercamiento a los ultras, con el presidente Rebelo al frente. Se ha impuesto a la ahora línea mayoritaria de romper el cordón sanitario a la extrema derecha, para no sólo gobernar con una creciente sintonía con Ventura, sino también asumiendo su ideario en la cuestión esencial de la inmigración.

Sin embargo, lo que los medios lisboetas denominan como la “guerra de palacios” no ha hecho más que empezar. El jueves, anticipándose a la esperada decisión del TC de tumbar la ley de extranjería, Luís Montenegro anunció que su Gobierno no desistirá en su apuesta por aplicar una política de mano dura con la inmigración. Si bien en parte ya la había anunciado en la campaña electoral de mayo, va mucho más allá de lo planteado entonces, para salir al encuentro de un Chega convertido en la segunda fuerza parlamentaria, gracias a que superó en dos escaños al Partido Socialista (PS), pese a obtener 4.313 votos menos. Al reafirmar su posición el primer ministro respondía a las duras declaraciones del pasado domingo del presidente sobre que si el TC no declaraba inconstitucional la ley, ésta quedaría para la historia y la mayoría que la aprobó “será oportunamente juzgada por eso”.

En realidad, el catedrático de Derecho Constitucional jubilado Marcelo Rebelo de Sousa, a quien los portugueses conocen como Marcelo a secas, jugaba con las cartas marcadas. Este antiguo comentarista político, rey en su día de las audiencias televisivas, había identificado las considerables vías de agua de la ley aprobada con la máxima urgencia en el parlamento por conservadores y ultras, en parte apuntadas con anterioridad por el considerado por los medios como el principal padre de la vigente Constitución, Jorge Miranda. Como se comprobó ayer, también era consciente de la correlación de fuerzas en un fracturado TC. De hecho, la magistrada que actuó como ponente de la sentencia fue, según el semanario Epresso, propuesta por los socialistas.

La expresión de “guerra de palacios” hace referencia a los recurrentes choques en un sistema semipresidencial como el portugués entre el presidente de la República, inquilino del palacio de Belém, y el primer ministro, con residencia en el palacete de São Bento y que es quien atesora, con diferencia, mayores cuotas de poder institucional. La peculiaridad de la actual crisis reside en que se produce en un momento en el que los jefes del Estado y del Gobierno pertenecen a la misma familia política, la del PSD.

Esta situación en sí misma no es inédita, pues por ejemplo se dio en algún momento durante los mandatos simultáneos de los conservadores Aníbal Cavaco Silva y Pedro Passos Coelho como presidente y primer ministro, respectivamente. Resulta más novedoso el cariz ideológico de la disputa, sobre la política migratoria y las relaciones con la ultraderecha, las dos cuestiones más candentes en este momento en el seno de la derecha tradicional europea, la del Partido Popular Europeo, al que pertenecen el PSD luso y el PP español. En el caso portugués se añade un tercer vector, el de los vínculos con las excolonias, que Rebelo apuesta por preservar al máximo. Montenegro está dispuesto a asumir un deterioro a cambio de poner orden en una situación que buena parte de la sociedad considera descontrolada y de la que toda la derecha culpa al Gobierno del socialista António Costa, actual presidente del Consejo Europeo, y de cuya gestión en esta materia ya se desmarcó su partido.

Hay otro dos palacios lisboetas inmersos en la batalla, el de Ratton, donde se encuentra el Tribunal Constitucional, y el de São Bento, la sede del parlamento, en cuya parte trasera se halla el palacete del jefe del Gobierno, por lo que ambos comparten nombre. Al de Ratton recurrió hace quince días el presidente de la República, dándole un plazo de urgencia para efectuar una revisión preventiva de la ley de extranjeros. La sentencia del TC, aprobada con una notoria división en su seno, da la razón a Rebelo al considerar inconstitucionales las restricciones establecidas para que los inmigrantes puedan recurrir algunas decisiones de la Administración portuguesa, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, y las limitaciones para el reagrupamiento familiar, al poder retrasar en la práctica a tres años y medio la entrada de los cónyuges de los trabajadores extranjeros con residencia legal, lo que conculca el derecho a la familia y la protección de la infancia. En cambio, el TC rechazó la tesis presidencial de que la distinción entre los estatus de los trabajadores extranjeros y de los titulares de los llamados “visados de oro” quebranta el principio de igualdad.

Al palacio de São Bento vuelve ahora la ley de extranjeros, sobre la que el presidente expresó su discordancia política. Por eso se negó a promulgarla, pidió la intervención del TC y, tras la sentencia de este viernes, la mandó de nuevo al Parlamento. En él existe una amplia mayoría, de 151 diputados sobre 230, los de los conservadores y ultras, decidida a persistir en la línea de mano dura con los trabajadores extranjeros, si bien con diferencias. El PSD apuesta por adaptar la ley a la sentencia, mientras el ultra André Ventura vuelve a poner sobre la mesa una reforma constitucional, para lo que tendrían que contar con Iniciativa Liberal (IL), y de la que hasta ahora Luís Montenegro no quiso ni oír hablar. Por su parte, el centroizquierda acogió con alborozo la decisión del TC. El líder del PS, José Luís Carneiro, aprovechó para insistir en su llamamiento al primer ministro para que rompa con Chega y reconozca a los socialistas como su socio preferencial. “Es una derrota clara y triste del Gobierno”, resumió Jorge Miguel Teixeira, diputado de IL, partido que se desmarcó a última hora de la reforma de la ley ahora tumbada, lo que dejó solo a Montenegro junto a Ventura.

El varapalo del Tribunal Constitucional a la ley de extranjería coloca por ahora en vía muerta la reforma migratoria aprobada por el Gobierno, salvo la parte que ya entró en vigor, la de la recuperación de un departamento policial específico para fronteras y extranjeros. Está pendiente, debido a una todavía mayor controversia sobre su compatibilidad con la Carta Magna, la modificación de la ley de la nacionalidad para endurecer los criterios de acceso al pasaporte portugués y retirárselo a los naturalizados que cometan un delito grave.

En la recta final de su presidencia, muy cuestionado por haber impulsado un imparable carrusel electoral que multiplicó a la extrema derecha y fuertemente criticado desde las propias filas conservadoras, el católico y centrista Marcelo Rebelo de Sousa se anota así un importante tanto político. Sin embargo, no hay que descartar que el Gobierno de Montenegro haya logrado lo que estaba buscando al situar a la inmigración como su máxima prioridad tras tomar posesión, desviar la atención sobre las graves crisis de la sanidad y de la vivienda, los asuntos que más preocupan a los portugueses según todas las encuestas, y cortejar a los votantes de Chega ante las municipales del 12 octubre. Sin embargo, las mayores réditos los logra el ultra Ventura que ha conseguido que el Gobierno asumiese propuestas suyas que hasta hace menos de tres meses eran descalificadas por radicales e inhumanas, además de inconstitucionales.