Escala la tensión en Jumilla (Murcia), donde el gobierno local, del PP, cediendo a las presiones de Vox, ha prohibido celebrar actos islámicos en espacios públicos. Con la excusa de que el uso de estadios y pabellones está restringido al «ámbito deportivo» o a «actividades organizadas por el Ayuntamiento», veta directamente las principales concentraciones que se celebran en el campo de fútbol Antonio Ibáñez, el final del Ramadán y la Fiesta del Cordero, que cada año reúnen a cientos de musulmanes.

Las reacciones no se han hecho esperar: la comunidad musulmana ha calificado la decisión de islamófoba y discriminatoria, interpretándola como un retroceso en su integración social; el Gobierno central ha anunciado que se mantendrá especialmente vigilante a los discursos de odio y que evaluará la medida desde el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia; y distintos expertos legales ya han advertido de que el contexto y motivación de esta medida muestran una clara exclusión religiosa y podría implicar impugnaciones judiciales.
La respuesta más contundente ha sido, sin embargo, la de la Conferencia Episcopal Española, que ha recordado que la libertad religiosa está protegida por la Constitución (artículo 16.1) y que cualquier restricción debe basarse en criterios objetivos, no ideológicos. Alineados con la comunidad musulmana, los obispos han avisado de que la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar. «Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas».

Los prelados han insistido en que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, tal y como recoge la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 18, lo que incluye la posibilidad de manifestar la religión o las creencias, individual y colectivamente, tanto en público como en privado. «Hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».

En la línea de Torre Pacheco

Desde el PSOE murciano lamentan que el PP y Vox estén convirtiendo la región en «un laboratorio de las políticas de ultraderecha», y que, semanas después de lo ocurrido en Torre Pacheco —a mediados de julio vivió una oleada de disturbios racistas a raíz de la agresión a un jubilado—, «lejos de rectificar, sigan en la misma línea». El partido de Santiago Abascal ni siquiera titubea: ya ha advertido de que está dispuesto a llevar iniciativas similares a otros municipios de la comunidad. Lo hará, apuntan fuentes de la organización, con la finalidad de garantizar «la defensa y protección de las tradiciones y costumbres propias del pueblo español frente otras ajenas».

Mientras, los musulmanes de Jumilla permanecen en shock ante este inesperado veto, que consideran más una «falta de respeto» que una decisión política. «Igual que los españoles celebran sus misas y las procesiones de Semana Santa, queremos que nuestros hijos se sientan identificados con su cultura, sin complejos», señala el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal.

El Gobierno, vigilante a los mensajes de odio
En el municipio de Jumilla —una población vitivinícola del noroeste murciano limítrofe a las provincias de Alicante y Albacete— conviven hasta 72 nacionalidades distintas. Las más numerosas, según el Ayuntamiento, son las procedentes de Sudamérica, y tras ellas, la marroquí, que suma alrededor del 10 % de su censo y lleva décadas asentada en la localidad. La propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asegura que el lugar colapsaría sin migrantes, que suponen el 20 % de sus afiliados a la Seguridad Social. El Gobierno central, sin embargo, se muestra de momento reticente a intervenir.

Sí ha considerado inconstitucional la medida y ha avisado de que estará vigilante a los discursos de odio que puedan surgir a partir de ahora. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez no pondrá en marcha por ahora ninguna acción para impedir la aplicación del veto, insiste en que seguirán «muy de cerca» las reacciones a esta iniciativa. Desde el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, están monitorizando en tiempo real mensajes en redes sociales contra la dignidad de las personas.

El Partido Popular, por su parte, sostiene que esta es una medida que no se refiere a ninguna confesión concreta, que a nadie se le va a señalar por su credo. «Es absolutamente inaceptable que se pretenda presentar al PP como un partido xenófobo», señaló ayer su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos.