La ONU ha lanzado una dura advertencia ante la posibilidad de que Israel ocupe completamente la Franja de Gaza. El secretario general adjunto de Naciones Unidas, Miroslav Jenča, ha alertado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de que la extensión de la ocupación israelí al conjunto del enclave tendría “consecuencias catastróficas”, tanto para la población palestina como para los rehenes que aún permanecen en Gaza.

“El control total comportaría riesgos para millones de palestinos y pondría aún más en peligro las vidas de los cautivos que quedan”, ha afirmado Jenča en una intervención que coincide con la inminente reunión del gabinete de seguridad israelí prevista para este jueves. En la actualidad, el Ejército israelí mantiene el control directo sobre el 75% del territorio gazatí, y ampliar su presencia implicaría entrar en las zonas más densamente pobladas, donde se hacinan cerca de dos millones de personas.

Las advertencias de Naciones Unidas llegan en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación humanitaria en Gaza. Paralelamente, un grupo de más de 20 expertos y expertas de la ONU ha exigido esta semana el cierre inmediato de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), una ONG creada por Israel en febrero de 2025 con respaldo de Estados Unidos, que ha sido escenario de al menos 1.560 muertes por disparos del Ejército israelí contra civiles que buscaban ayuda en sus puntos de distribución.

Según un comunicado conjunto firmado, entre otros, por la relatora especial sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, y el relator sobre el derecho al agua potable, Pedro Arrojo-Agudo, la GHF representa un caso extremo de instrumentalización de la ayuda humanitaria con fines “militares y geopolíticos encubiertos”.

“La implicación de la Inteligencia israelí, contratistas estadounidenses y entidades ambiguas exige una supervisión robusta e inmediata bajo mandato de Naciones Unidas”, señala el texto. Los firmantes denuncian que las fuerzas israelíes han abierto fuego “indiscriminado” contra civiles que acudían a estos puntos de distribución, muchos de ellos inaccesibles para personas vulnerables.

Calificar estas operaciones como “humanitarias”, aseguran, “es un insulto a los principios y estándares internacionales” y supone un “camuflaje” que viola gravemente el Derecho Internacional. “Bloquear o demorar la ayuda humanitaria, en un contexto de genocidio, no es solo inhumano: es un crimen de guerra”, han advertido los expertos.

La comunidad internacional, añaden, no puede seguir permitiendo que un Estado acusado de genocidio y crímenes de guerra sea el encargado de distribuir la ayuda sin ningún tipo de supervisión ni consecuencias. También exigen un embargo total de armas a Israel, la suspensión de acuerdos comerciales que afecten a la población palestina, y mecanismos eficaces de rendición de cuentas.

Desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 —que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según datos oficiales israelíes—, más de 61.000 personas han muerto en Gaza, incluyendo al menos 188 víctimas por hambre y desnutrición.

“Ver a niños morir de hambre en brazos de sus padres debería sacarnos de nuestra complacencia”, concluyen los relatores, recordando que garantizar alimentos, agua, medicinas y servicios esenciales en territorios ocupados no es una cuestión de caridad, sino un deber legal.