José Luis Rodríguez Zapatero subrayó ayer que España «no acepta ni aceptará inmigración clandestina ni ilegal», porque «no es inmigración, es un fraude a los inmigrantes, a los trabajadores y a lo que han de ser las reglas de convivencia». El presidente del Gobierno ordenó a los diplomáticos españoles destacados en países emisores de inmigrantes que defiendan con «firmeza» las exigencias de España frente a este fenómeno, y reclamó a la Unión Europea que lo incluya entre sus prioridades.

El jefe del Ejecutivo utilizó un tono de inusual contundencia, similar al que empleó el lunes la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, para advertir a los gobiernos subsaharianos de que no se va a aceptar que sigan llegando cayucos. Ese cambio de tono coincide con la mayor oleada de ‘ilegales’ hacia Canarias, donde están colapsados los sistemas de acogida.

El presidente, que recibió en La Moncloa a los 123 diplomáticos participantes en cuarta Conferencia de Embajadores, explicó que la inmigración es un fenómeno de gran impacto económico y cívico y lleva acarreado un cambio social. Por ello, les pidió «ante todo firmeza» para que la gestión del problema «responda sólo a un único principio, el de legalidad». «Legalidad, mercado de trabajo, integración y convivencia» son, para el presidente, los «únicos parámetros» que deben regir la política migratoria. «Es absolutamente necesario reiterar que nuestro país, que valora y necesita la inmigración vinculada al mercado de trabajo y a las necesidades laborales, no acepta ni aceptará la inmigración clandestina ni ilegal sencillamente porque no es inmigración, es un fraude a los inmigrantes, a los trabajadores y a las reglas de convivencia», recalcó.

El gran desafío

El jefe del Ejecutivo afirmó que la gestión integral y adecuada del fenómeno migratorio es «uno de los desafíos de mayor calado que nuestra generación deberá afrontar» e implica iniciativas a corto y largo plazo dependientes de la acción exterior, como cooperación al desarrollo, concertación de las actuaciones con los países de emisión y tránsito, control fronterizo, represión de las mafias y canalización correcta de los flujos legales.

Pero el mensaje del Gobierno no iba dirigido sólo a los representantes diplomáticos en África. Rodríguez Zapatero dedicó parte del discurso a la «dimensión europea» del problema. España y los países que componen la frontera sur de Europa quieren que toda la UE asuma la inmigración como algo que, tarde o temprano, afectará a todos. «La Unión Europea tiene que extraer todas sus consecuencias, para que pase a formar parte de su política prioritaria, de una agenda exigente y constante», reclamó. La vicepresidenta Fernández de la Vega y el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, trasladaron el mensaje al comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel.

El presidente resaltó que estamos ante uno de los fenómenos «de más calado, de más alcance, que vivimos las sociedades de los países europeos». Sus efectos, explicó, son en parte positivos, porque «la prosperidad de la que disfrutamos no hubiera sido posible» sin la aportación que han realizado los extranjeros que trabajan y contribuyen con su esfuerzo de forma legal al desarrollo del país.

En este contexto, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha decidido aplazar su viaje a Senegal, previsto del 17 al 20 de septiembre, tras analizarlo conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores. «La actual situación y las tensas relaciones que esta problemática ha generado entre los gobiernos españoles y senegalés ha hecho que el presidente considere oportuno aplazar esta visita», explicó ayer el gabinete de prensa de Maragall en un comunicado.