El volumen de la inmigración irregular, mayoritariamente africana, que entra en España a través de sus costas o fronteras se está reduciendo en lo que va de año. Las cifras de los siete primeros meses del 2025 lo indican de modo claro. Hasta finales de julio, según datos del Ministerio del Interior, se han registrado las llegadas de 20.258 personas; es decir, un 30,2% menos que en el mismo periodo del 2024.

El porcentaje de la caída ha sido mayor en el archipiélago de Canarias, a cuyas costas han arribado durante los dos últimos años un número récord de cayucos procedentes de África. En este caso el descenso es del 46,1%, que es importante, pero aun así se han contabilizado allí las llegadas de 11.575 inmigrantes, a bordo de 191 embarcaciones.

Esta reducción en Canarias contrasta con un repunte de las llegadas al conjunto de la Península y, en particular, a Baleares, destino de la llamada ruta argelina. En total, se han contado en dichos accesos 7.064 inmigrantes irregulares, con una subida del 14.8%, puesto que en el 2024 fueron 6.151 los llegados.

Por desgracia, perviven las causas estructurales –guerras, hambrunas, cambio climático, precariedad laboral, etcétera– que alimentan este tipo de migraciones. Parece pues lógico atribuir esta reducción general en la primera mitad del 2025 a las políticas aplicadas por el Gobierno de España o por los órganos facultados de la Unión Europea.

Recordaremos, en este sentido, que la anterior caída inmigratoria, registrada entre hace dos o tres años, derivó de la mejora de las relaciones hispano – marroquíes, fruto a su vez del reconocimiento, por parte de Madrid, del plan autonomista de Rabat para el Sáhara Occidental, cuya contrapartida fue un férreo control de las fronteras de Ceuta y Melilla, que obstruyó notablemente el flujo de inmigrantes que llegaban a Europa.

Ahora las razones son otras. Pedro Sánchez ha viajado a Mauritania tres veces en el último año y medio, acompañado por varios ministros. En el temario de dichas visitas el control de la migración irregular fue siempre un asunto central. En correspondencia a una ayuda de 500 millones de euros, anunciada por la Unión Europea y por España, Nuakchot ha endurecido los controles policiales. En su territorio hay campos de internamiento donde se hacinan cientos de miles de ellos, y sus autoridades dicen además haber interceptado a unos 30.000, posteriormente expulsados del país.

Estos internamientos y estas intercepciones son, en buena medida, las responsables de que en lo que va de año estén llegando menos cayucos atestados de inmigrantes a Canarias.

Se trata, al menos desde la óptica canaria y española, de una buena noticia. Pero sería muy erróneo colegir que se está poniendo coto a la inmigración irregular, que acaso descienda ahora puntualmente, pero que no va a desaparecer.

La dimensión del fenómeno migratorio es tal que va a resultar extremadamente difícil gestionarlo “de modo ordenado, seguro y regular”, que es a lo que aspiran el Gobierno español o el comunitario. Y el hecho de que el boom demográfico siga progresando –África tendrá 2.500 millones de habitantes en el año 2050– no hará sino complicar las cosas.

Pero tan cierto como eso es que los gobiernos democráticos europeos deben definir unas políticas para afrontar este asunto, aunque los resultados sean limitados. Unas políticas que, en lo posible, atiendan las necesidades de los países de origen y las de los de acogida, sin dañar la dignidad de los migrantes.

La opción de criminalizarles y de cerrar a cal y canto las fronteras, como proponen los partidos ultraderechistas, no es realista: ignora la vigorosa demografía africana y, como apuntábamos, no garantiza que tal cierre vaya a disuadir a quienes buscan una vida mejor.

Sobre otras opciones puede discutirse largo y tendido. El Tribunal de Justicia de la UE acaba de debilitar el plan de la premier italiana, Giorgia Meloni, que pretendía deportar a Albania a inmigrantes irregulares. España, que es ajena a estas políticas (aunque guarda silencio sobre los campos mauritanos), apuesta por acuerdos bilaterales y por la ampliación en África del ámbito operativo de Frontex, la agencia europea que controla fronteras y costas. Ya veremos si los progresos logrados así son temporales o duraderos. Pero lo ya evidente es que las migraciones no desaparecerán: la cuestión está en lograr que pese más la racionalidad de quienes deben gestionarlas que el desespero de quienes las protagonizan.