La Delegación del Gobierno acusa a Pozuelo de "racismo preventivo" por ordenar el cierre del centro de acogida y la Comunidad lleva al Supremo el acuerdo migratorio

Francisco Martín confirma que las instalaciones han recibido dos inspecciones técnicas en las últimas semanas

El Mundo, Vicente Coll, 01-08-2025

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, acusó este jueves al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de “racismo preventivo” al ordenar el cierre del centro de acogida de inmigrantes ante el envío de 400 menores no acompañados desde Canarias, al mismo tiempo que tildó de “irresponsable” el comportamiento del Partido Popular madrileño de Isabel Díaz Ayuso en lo relativo a su discurso sobre la inmigración.

Tal y como revela EL MUNDO, una inspección del Consistorio, gestionado por la popular Paloma Tejero, ha determinado que las instalaciones, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social, carecen de la licencia residencial necesaria para la puesta en marcha de un centro de acogida, motivo por el que ha comunicado el cierre del espacio, que desde 2022 se usa para la atención de inmigrantes.

Martín, en una entrevista en RNE, aseveró que el Ministerio de Migraciones no ha recibido notificación alguna que ordene el cierre, aunque el organismo que debe recibirla es el propietario del inmueble, es decir, el Ministerio de Seguridad Social. Del mismo modo, fuentes municipales confirman que la orden quedó notificada este miércoles y que ha entrado en vigor este jueves.

“En el mes de julio el Ayuntamiento de Pozuelo anunció que haría todo lo posible para que allí no se instalaran menores procedentes de Canarias”, reflexionó Martín, que sí dijo tener constancia de dos inspecciones urbanísticas en las últimas semanas en las instalaciones. “Pero nada más”, especificó.

La oposición al acuerdo migratorio adoptado por el Gobierno, no obstante, no queda únicamente en el episodio de Pozuelo. La Comunidad de Madrid anunció también este jueves que eleva al Tribunal Supremo su recurso contra el reparto, tildado de “forzoso”, por invasión de competencias autonómicas.

La Comunidad de Madrid, como otras regiones, ya había presentado un recurso de inconstitucionalidad por estos mismos motivos. Ahora redobla la presión sobre “la incompetencia” del Gobierno central, como destacó este jueves el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, que denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez “sólo sabe repartir el problema”.

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