La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero (Madrid, 1977) atiende a GRAN MADRID tras ordenar su Ayuntamiento el cese de la actividad de la actividad del centro de acogida de refugiados que el Gobierno gestiona en su municipio. Una decisión inédita que plantea un conflicto entre administraciones que puede condicionar la política migratoria de Pedro Sánchez en vísperas de que arranque el traslado de menores solicitantes de asilo desde Canarias. “El Gobierno invita y pagan los ayuntamientos”, denuncia después de que una inspección técnica haya revelado que el gran recinto de acogida del Gobierno en la Comunidad de Madrid no cuenta con la licencia necesaria para funcionar.

¿Cuándo se decide hacer la inspección en el centro de acogida y qué problemas ha detectado?
Llevamos semanas intentando obtener información oficial a través de Migraciones y la Delegación del Gobierno. Ante la falta de respuesta, y como todos los martes merendamos con algún teletipo matizando desde el Consejo de Ministros, hemos querido cumplir con nuestra obligación, que es asegurarnos de que ese centro está en regla y que tiene toda la normativa en vigor. Para ello hemos hecho una inspección rutinaria, como en cualquier otro establecimiento, y se solicita documentación pertinente. La sorpresa ha sido ver que carecen de licencia de actividad, de funcionamiento, de obras… Nada de nada. Lo único que tienen en vigor es una licencia de formación para la Tesorería General de la Seguridad Social. De la noche a la mañana lo han transformado en un centro de acogida para más de 500 personas. Es una barbaridad. No podemos permitir que esté abierto. Dios no quiera que pase nada allí, pero si pasa algo, el único responsable desde luego va a ser el Gobierno. A partir de hoy [por ayer], yo me eximo de cualquier responsabilidad, porque nuestra obligación es decretar el cese cautelar.
¿Cuál es el procedimiento ahora? ¿Lo cierra el Ayuntamiento o lo desaloja el Gobierno?
Hemos notificado el cierre al titular de la licencia y a la entidad que gestiona ese centro. Creo que deben ser lo suficientemente responsables como para poner solución al problema que han generado. Tienen 15 días para formular alegaciones y presentar la documentación que consideren oportuna. A partir de ahí, el Ayuntamiento resolverá y emitirá una resolución definitiva. Todo apunta a que no van a poder legalizar ese espacio porque el uso del suelo es incompatible con la actividad que están desarrollando.
¿Qué ocurre con las personas que ya están alojadas allí? ¿Dónde van?
La obligación del Gobierno es ubicarlos en centros que cumplan la ley. Nos llaman racistas e insolidarios, pero esto no es una cuestión de solidaridad, es una temeridad. El Gobierno trata a estas personas como si fueran bultos. Hemos actuado para evitar que sigan en un centro ilegal. Traen a las personas sin ningún criterio. El Gobierno invita y pagan los ayuntamientos. Y no puede ser.
El centro lleva abierto desde 2022, cuando se habilitó para acoger a refugiados ucranianos. Ahora el Ayuntamiento concluye que no cuenta con licencia para tal uso. ¿Por qué no se hizo esta inspección antes?
Se abrió con unas condiciones muy particulares, para acoger a solicitantes de asilo de la guerra en Ucrania. Creo que no es una situación comparable. Se abrieron centros por toda España con rapidez, porque había que meterlos en algún sitio, y ahora intentan convertir eso en una residencia estable y permanente, que es lo que vienen anunciando. Con los menores o con las personas vulnerables no se puede improvisar.
¿Ese cambio de dinámica, de acogida de paso a residencia permanente, se les comunicó formalmente?
Es todo oscurantismo, taparlo, ocultar la información y llamarnos racistas. Lo hacen todo a sus anchas, como si la ley no fuera con ellos. La ley es para todos y las normas están para cumplirse. Igual que yo a mis vecinos les exijo determinadas cuestiones para abrir un restaurante o una guardería, qué menos que el Gobierno cumpla también esas mínimas normas. Basta ya de actuar atropelladamente, sin consultar la normativa de los ayuntamientos. Es un atropello, un disparate tras otro, una temeridad y, en este caso, además una ilegalidad.
El delegado del Gobierno dice que lo suyo es «racismo preventivo».
El delegado del Gobierno tiene menos información que yo de lo que ahí está pasando. No sabe ni quién es el titular de la licencia ni quién debe pedirla. Es una respuesta facilona ante la falta de información.
¿Con más diálogo entre administraciones se resolvería el problema?
No creo que sea una cuestión de hablar, sino de legalidad. Ya hemos pasado de las palabras a los hechos. Aunque nos hubiéramos sentado a hablar, habríamos terminado de la misma manera. No son responsables de nada de lo que hacen.
El Gobierno mantiene su intención de ampliar los centros. ¿Puede acabar el de Pozuelo en los tribunales?
Pozuelo no va a permitir una residencia ilegal. Ni para menores, ni para mayores ni para nada que no tenga licencia. El uso al que quieren destinar ese espacio no está autorizado, ni es legal ni compatible con nuestro Plan de Urbanismo. Carece de licencia y, por más que insistan, vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance. La Ley está de nuestro lado y no vamos a asumir una política migratoria improvisada, ni a permitir la propaganda y la falta de respeto institucional. En Pozuelo lo que prima es el orden, la seguridad jurídica y el respeto a nuestros vecinos. Y así va a seguir.