Importante movimiento del Partido Popular madrileño de Isabel Díaz Ayuso en su rechazo al plan del Gobierno para la acogida de menores inmigrantes no acompañados. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gestionado por los populares, ha notificado al centro de refugiados de la ciudad el cese cautelar de su actividad tras comprobar a través de una inspección que no dispone de la licencia necesaria para tal uso.
El Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón fue puesto en marcha en 2022 para la acogida de refugiados ucranianos tras el estallido de la guerra, y a partir de 2023 el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones comenzó a emplearlo como lugar de traslado de inmigrantes llegados desde Canarias. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció hace escasas semanas su intención de instalar en este espacio a 400 menores solicitantes de asilo.
El plan migratorio de Sánchez cuenta con la oposición de numerosas alcaldías y regiones que aseveran que se ha elaborado de manera unilateral y con criterios poco objetivos. Tanto que incluso han planteado recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias. Ahora, además, parece que el Gobierno se topa con un obstáculo administrativo, al menos en Pozuelo: según ha sabido EL MUNDO, una inspección realizada por el Consistorio ha concluido que las instalaciones en las que se ubica el Creade, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, carecen de la licencia preceptiva necesaria para ejercer su actividad. Según el Plan General de Urbanismo el uso principal del inmueble es terciario, y el complementario es comercial. Así, el inmueble cuenta con licencia para «hotel», «docencia», «auditorio» y «garaje aparcamiento». Un centro de acogida requeriría la condición de uso residencial, catalogación con la que no cuenta el espacio.
La licencia de «hotel», según las fuentes municipales consultadas, tampoco avalaría el funcionamiento del centro de acogida, dado que, como viene denunciando el Ayuntamiento desde hace meses, las instalaciones se están empleando como lugares de acogida «estables» y «permanentes», y no como «estancias temporales», como se planteó inicialmente por parte delGobierno. Además, al ser complementario el uso comercial del espacio sería obligatorio que paralelamente se le diera al inmueble un uso terciario, que es la catalogación principal. Algo que tampoco ocurre a día de hoy.
Al no contar con la distinción de uso residencial, el Ayuntamiento de Pozuelo notificó este miércoles al titular del espacio el cese inmediato de la actividad como centro de acogida, una comunicación que fue remitida también a la entidad social que lo gestiona. Se abre ahora un plazo de quince días para presentar alegaciones, aunque la principal incógnita es realmente cuál será la reacción del Gobierno ante esta orden inmediata. No sólo de cara al plan para trasladar a los 400 menores a estas instalaciones, sino también con aquellos inmigrantes que en estos momentos se encuentran acogidas en el recinto.
Una cifra, la de personas que actualmente se encuentran atendidas en este espacio, que mantiene abierta desde hace tiempo una importante batalla entre el Gobierno central y la alcaldesa, Paloma Tejero, que denuncia que no tiene información alguna sobre el funcionamiento del centro, su capacidad, sus protocolos o el número de entradas y salidas.
Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares se han convertido en los dos municipios madrileños que lideran la oposición al plan de recepción de los menores procedentes de Canarias y Ceuta. En ambas localidades la apertura de centros de acogida de inmigrantes ha puesto en pie de guerra a sus alcaldesas bajo la argumentación de que se ha decidido el traslado sin consensuarlo con los ayuntamientos y que lo que originariamente se concibió como instalaciones «temporales» se han convertido en una acogida «permanente». Algo que ha derivado, según denunció hace escasos días la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, en «problemas de convivencia» y de «integración». La violación de una joven a finales de junio presuntamente por un inmigrante del centro desató protestas y críticas contra el plan de acogida.
«No me voy a quedar callada», advertía Tejero a principios de mes ante la maniobra «temeraria» del Gobierno de trasladar a cientos de menores migrantes a un espacio, el Creade, «que no reúne las medidas necesarias, donde no hay espacio y no se cumplen las condiciones mínimas» de alojamiento para tal cantidad de personas. Y, como todas las regiones y grandes alcaldías populares, reclamaba al Gobierno mayor interlocución. La orden del cese de actividad, sea cual sea la reacción del Ejecutivo, profundiza en las discrepancias.