La arbitrariedad y falta de transparencia del Gobierno en un asunto tan sensible como es la inmigración y, en concreto, el reparto de los menores que continúan hacinados en Canarias, supone una gran irresponsabilidad que dificulta una solución eficaz del problema y da alas a la antipolítica. Como acaba de recordar el Tribunal Supremo, la Administración central debe garantizar una «pronta y completa integración» a los menores solicitantes de asilo, pero el Ejecutivo ha optado otra vez por la opacidad y la imposición.

Como publicamos hoy, el Gobierno pretende enviar al centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón (Madrid) a un número sustancial de solicitantes de asilo, y así se lo ha comunicado a Canarias, pero no ha informado a las autoridades locales ni regionales. En este contexto, el Ayuntamiento de Pozuelo ha notificado al centro el cese cautelar de su actividad por no disponer de licencia, mientras que la Comunidad de Madrid recurrió ayer ante el Supremo, como ya había anunciado, el reparto forzoso de inmigrantes. Un reparto que, por exigencia de los socios de Sánchez, beneficia a Cataluña y País Vasco.

Ante una materia tan delicada, que afecta a la convivencia social y a los derechos de los menores, la lealtad institucional debería ser la prioridad del Gobierno, que parece sin embargo empeñado en mantener el conflicto y dilatar la rápida integración de esas personas que exige el Supremo.