La Mancha acogerá a los menores migrantes no acompañados que reubicará el Gobierno procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias, pese a haber interpuesto un recurso de constitucionalidad a esta decisión debido a la falta de financiación.

Así lo ha garantizado este miércoles el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, ante su homólogo canario, Fernando Clavijo, durante la firma del convenio de colaboración para la cesión de la tecnología de soporte a la difusión de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos que ha tenido lugar en Toledo.

Page ha asegurado que va a cumplir con la ley “nos guste o no”, antes de precisar que su Gobierno no habría recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional si el Ejecutivo central “se hubiera mantenido en los consensos del 2024” y no se hubiera “aliado con la extrema derecha” que, en su opinión, encarna Junts.

Page recurre por inconstitucional el reparto de menores migrantes: “Acoger no es abrir la puerta, es atender con dignidad”
“No hubiéramos dado el paso de recurrir al Constitucional si no hubiera metido la mano en el último momento Puigdemont para excluir a algunas autonomías y para, además, establecer un sistema de financiación en el que se nos imponen gastos a las autonomías sin que haya presupuesto que lo financie”.

Y es que, según los planes del Ministerio de Infancia, Castilla-La Mancha debería empezar a recibir a finales de agosto a 320 menores procedentes de estos territorios, algo que para la Junta es “inasumible” si no se aumenta la financiación prevista.

El Estado “se desentiende” del problema
Asimismo, García-Page ha denunciado que lo que pretende el Estado así es “desentenderse”, al tratar de desviar el problema global de la migración ilegal hacia los menores. Algo que “permite que el Estado se desentienda del problema y lo arroja a las autonomías”.

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Por su parte el presidente de Canarias ha resaltado que Castilla-La Mancha siempre ha cumplido con los compromisos adquiridos, y ha recordado que el Estado “tenía que comprometerse a la financiación” con las autonomías.

Así, Clavijo ha defendido que cualquier presidente autonómico acuda a los tribunales si considera que los intereses de su tierra se viesen afectados o mermados, aunque ha recordado “hay una ley”.