Pozuelo de Alarcón ha iniciado el procedimiento para cerrar el centro de acogida de migrantes ubicado en la localidad madrileña por no disponer de licencia para ello, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento, gobernado por el PP. Las instalaciones, que dependen del Ministerio de Migraciones, iba a acoger de forma permanente a 400 menores no acompañados procedentes de Canarias.

La decisión se toma tras una inspección municipal en la que, según el Consistorio, se comprobó que el inmueble había pasado de ser un centro de formación a acoger a más de 500 personas sin los permisos correspondientes.

La alcaldesa de la localidad, Paloma Tejero, ha acusado al Gobierno central de “improvisación” en su política migratoria y de usar el centro para “quitarse los problemas de encima”.

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Según ha indicado, el inmueble solo cuenta con una licencia vigente desde 2013 para su uso como centro de formación con auditorio y garaje. “Pero, eso, evidentemente no tiene nada que ver con lo que nos hemos encontrado, que es un centro de acogida donde viven más de 500 personas”, ha apuntado.

Para la alcaldesa, esta transformación del uso del edificio supone “una temeridad” y por eso el Ayuntamiento ha actuado como lo haría “con cualquier otra actividad en el municipio”.

Por su parte, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha considerado que la medida se debe a que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere a los menores migrantes que están en Canarias porque son negros.

El político ha recordado que ese centro está abierto desde 2022 y acoge a niños y madres que han huido de la guerra de Ucrania, pero que ahora ponen “dificultades para que se acojan a menores de raza negra”.

El ministro ha aludido a eso, la diferencia en el color de piel, como el motivo por el que ahora el Ayuntamiento de Pozuelo recurre a la falta de permisos y a la licencia vigente, algo que no hizo en el pasado con su apertura. Desde 2023, el Gobierno central también ha ido utilizando el centro como lugar de traslado de migrantes llegados desde Canarias.

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“Es una incoherencia”, ha dicho Torres al señalar “que no hay razón alguna para esa discriminación entre unos y otros”, que se encuentran “en circunstancias semejantes de vulnerabilidad”.

En cuanto al procedimiento del caso, la alcaldesa de Pozuelo ha explicado que el propietario del centro tiene ahora 15 días para presentar alegaciones, que serán valoradas antes de adoptar una decisión definitiva.

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Tejero ha respondido también a las críticas del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien acusó ayer al Ayuntamiento de generar alarma.

Al respecto, la alcaldesa ha dicho que “este centro debería estar cerrado y todo lo que allí ocurra a partir de hoy será única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno”. "No se puede jugar con las personas”, ha añadido.

El ministro Torres, tras ser preguntado por los periodistas sobre qué ocurrirá si una comunidad autónoma se niega a acoger a los menores migrantes, el ministro ha indicado que “hay mecanismos legales al respecto” y que “nadie se puede negar a cumplir una ley”.

A este respecto, ha defendido que la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería y los decretos que la desarrollan es una normativa que tiene “mucho de conciencia, de ética, de principios y de vulnerabilidad”, por las condiciones en que llegan esos menores no acompañados.