Malos tratos, acoso, tortura y racismo. El cierre, el pasado jueves, del centro de menores José García I de Arinaga (Gran Canaria), gestionado por Quórum Social 77 y encargado de acoger a 148 niños que llegaron a la isla en pateras y cayucos, ha sacado a la luz situaciones de pesadilla dentro de una ONG que atiende a cerca de 2.000 menores migrantes en toda Canarias, labor por la cuál ha recibido más de 150 millones de euros desde 2023 en subvenciones públicas por parte del Gobierno de Canarias.
El cierre se produce por orden de Tomás Martín, juez titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria (Instrucción 3), el único en España especializado en este materia. El caso, denominado Operación Cábila, se encuentra bajo secreto de sumario, pero ya el pasado mes de mayo el juez ordenó la clausura de otro centro, La Fortaleza I de Santa Brígida, conocido como Bandama y gestionado también por Quórum Social 77. La investigación arrancó cuando la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias llevó a la Fiscalía las quejas de varios residentes del La Fortaleza I. Relataban que recibían «castigos físicos», eran internados en «cuartos de aislamiento» y sufrían «insultos racistas y amenazas» por parte de algunos trabajadores. Uno de los denunciantes llegó a grabar un vídeo en el que un empleado insulta a un menor llamándolo «negro de mierda».
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó que el juez había dispuesto ese cierre «ante las numerosas evidencias y testimonios recibidos sobre la presunta comisión en su interior de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución, delitos contra la integridad moral y amenazas, todos presuntamente consumados en el ámbito de su actividad».
«Los menores de los dos centros cerrados hablaba de un ambiente de terror en el que eran poco menos que torturados», relata una trabajadora social con una larga experiencia en Canaria sobre el trato recibido por los menores en los dos centros clausurados. Quórum Social 77, fundada en 2009 como asociación sin ánimo de lucro, presenta una extensa colaboración con el Ejecutivo canario, tanto bajo mandato del PSOE como de Colación Canaria y el PP que ha aumentado exponencialmente con la reactivación de la mortífera ruta migratoria canaria, que ha multiplicado la llegada de cayucos y pateras procedentes de África Occidental al Archipiélago.
La sede de la ONG en Las Palmas fue registrada por orden judicial.
La sede de la ONG en Las Palmas fue registrada por orden judicial. ÁNGEL MEDINA G.
Tan solo en 2024, la ONG recibió alrededor de siete millones de euros por parte del Gobierno de Canarias por la gestión de 11 nuevos centros de menores en Tenerife y Gran Canaria. Se trata de Hoya Fría II, Tacoronte VI, Teror, Fortaleza V, Salinetas, Mujica, San Nicolás, Corvo I, San Juan IV, Tirajana I y Firgas. Este último también fue inspeccionado el pasado jueves.
Quórum Social 77 gestiona en la actualidad centros con capacidad para 1.925 menores inmigrantes, cifra que equivale a uno de cada tres menores tutelados por Canarias. La Plataforma de Contratación del Estado se establecen precios de 90 y 94 euros diarios por menor acogido en sus centros, lo que supone una facturación potencial de más de 173.000 euros diarios, unos cinco millones mensuales. La ONG también tiene contratos para el cuidado de menores con discapacidad, como el firmado en 2022 por 22 millones para su atención residencial.
Durante el cierre del centro de Arinaga se detuvo a la presidenta de la entidad, Delia García, y su director de centros, Juan Enrique Quintana. Tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad. Fuentes de la ONG achacan «su persecución» a la «venganza de varios ex trabajadores que han hecho falsas acusaciones».
Preguntado sobre lo ocurrido, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró que «con tantos menores y durante tanto tiempo» es difícil que los controles sirvan. «Llevábamos mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sea solo esto», expresó el mandatario, que destacó que los detalles que han trascendido «son delitos de mucha gravedad» y que su Ejecutivo colaborará para que se esclarezcan todos los detalles de este asunto.
«Estas circunstancias nos tienen que hacer proceder con la mayor celeridad en la distribución de esos menores, porque es evidente que una comunidad autónoma, un territorio fragmentado como somos en Canarias, es muy complicado que siga manteniendo un nivel de 5.400 menores que tenemos en la actualidad, a nuestro cargo», aseguró Clavijo.
Centros saturados
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, admitió que «objetivamente» los centros de acogida de menores de Canarias están saturados, pero ha defendido que no se debe atribuir a ello, sin más, lo ocurrido en los centros gestionados por Quórum Social 77, porque se desconocen los detalles de lo que investiga el Juzgado. «No puede haber delito que se consume o se demuestre que se ha realizado y decir que son otras cuestiones las que hacen que esos delitos se produzcan. Eso es una temeridad», ha recalcado el también secretario general del PSOE canario.
«La realidad es que 116 días después de que el Tribunal Supremo dictara un auto que obligaba al Ejecutivo español a responder ante Canarias y a esos niños y niñas que tienen derecho a asilo político, ni un solo niño ha salido de las islas, ni se ha revertido la situación de hacinamiento y de emergencia en la que vive la región», denuncia el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.
Desde hace meses, en Canarias esperan a ser reubicados en la Península más de 5.700 niños y adolescentes. El pasado 18 de marzo, se modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería para introducir un mecanismo obligatorio de redistribución de menores migrantes no acompañados que llegan a zonas sobrecargadas. Hasta 11 comunidades (Madrid, Aragón, Cantabria, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Castilla y León y CastillaLa Mancha) han presentados recursos ante ese reparto de menores extranjeros no acompañados ante el Tribunal Constitucional.