El Gobierno de Ceuta ha coordinado este lunes el traslado a la península de 27 menores migrantes no acompañados que se encontraban bajo tutela en el Centro de Realojo Temporal La Esperanza. Este recurso es gestionado por la Fundación SAMU en coordinación con el Área de Menores de la Ciudad Autónoma. La medida se ha adoptado tras la entrada, entre el viernes y el domingo, de más de medio centenar de niños y adolescentes por el espigón marítimo del Tarajal, un repunte que ha llevado al límite la capacidad del sistema de acogida, incluidas las plazas habilitadas con carácter de emergencia.

Los 27 menores partieron desde el centro a primera hora de este lunes, acompañados por personal técnico de la Ciudad Autónoma y escoltados por efectivos de la Policía Nacional. El traslado se efectuó furgonetas hasta el puerto de Ceuta, desde donde embarcaron en ferri de una línea regular con destino a Algeciras. Una vez en la península, los adolescentes continuaron por carretera hacia diferentes localidades andaluzas. Ni la Ciudad Autónoma ni la Junta de Andalucía han facilitado información sobre los centros concretos de acogida ni sobre las características de los recursos en los que los menores quedarán bajo tutela del gobierno andaluz.

Este traslado se enmarca en los acuerdos bilaterales que la Ciudad Autónoma mantiene con diversas comunidades autónomas, activables cuando las condiciones de acogida se ven gravemente afectadas por la sobreocupación de los recursos. Según ha podido confirmar EL MUNDO, los 27 menores 25 niños y dos niñas serán acogidos en centros de protección de Andalucía, en virtud de la colaboración institucional entre ambos gobiernos, que han reforzado sus mecanismos de cooperación en materia de infancia migrante.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han confirmado a este medio que “mantenemos contacto diario con el Gobierno de la Ciudad de Ceuta para obtener toda la información sobre la llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes a la ciudad”. Las mismas fuentes señalan que los acuerdos entre Ceuta y comunidades como Andalucía o entidades que operan en el territorio son de naturaleza bilateral, una fórmula subrayan que ya fue propuesta por el Ministerio “en anteriores ocasiones y que fue rechazada por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, una muestra más de la oposición directa que el PP trata de hacer contra el Gobierno, aunque ello suponga boicotear también los derechos de los menores”.

En relación con el calendario de traslados previstos en el marco del Real Decreto-ley 2/2025 que regula el sistema vinculante y solidario de acogida entre comunidades, el Ministerio lamenta que aún no se haya podido activar. “Desde el Ministerio de Juventud e Infancia hubiésemos querido que los primeros traslados ya se hubiesen producido, pero el boicot constante de las CCAA del PP ha dilatado los plazos”, señalan. No obstante, confirman que a partir del 28 de agosto comenzarán los primeros traslados previstos en el decreto, con el objetivo de “garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que llegan a España”.

Convenio de colaboración
La Ciudad Autónoma de Ceuta y la Junta de Andalucía mantienen en vigor un convenio de colaboración suscrito el 11 de enero de 2024, cuyo objetivo es facilitar el traslado de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en situaciones de contingencia migratoria. El acuerdo, firmado por la Consejería de Presidencia y Gobernación de Ceuta y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, establece un marco de cooperación interautonómica que permite la derivación e integración de estos menores en territorio andaluz, conforme al Plan de Respuesta aprobado por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el 5 de octubre de 2022.

El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, obliga a ambas administraciones a realizar todas las actuaciones necesarias tanto administrativas como, en su caso, ante órganos judiciales y el Ministerio Fiscal para que la Junta de Andalucía asuma la tutela de los menores trasladados. El texto no contempla obligaciones económicas para ninguna de las partes y solo puede modificarse mediante acuerdo unánime reflejado en una adenda que debe publicarse con el mismo rango que el documento original.

Aunque esta derivación no forma parte del plan de redistribución estatal, desde el Ejecutivo ceutí se subraya la urgencia de la situación y la necesidad de articular medidas ágiles para garantizar condiciones dignas en la atención a los menores.

Actualmente y después de las entradas de este fin de semana, Ceuta tutela alrededor de los 600 menores extranjeros no acompañados, a pesar de contar con solo 132 plazas ordinarias. La presión migratoria del verano ha vuelto a evidenciar la fragilidad estructural del sistema y la necesidad de un compromiso sostenido entre administraciones para responder a un fenómeno que excede la capacidad de gestión de las ciudades frontera.

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Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado a este medio que la comunidad autónoma se hará cargo de la acogida de los 27 menores trasladados desde Ceuta, concretamente 25 niños y dos niñas. Subrayan que esta actuación refleja la disposición permanente de Andalucía a colaborar con la ciudad autónoma en la gestión de la infancia migrante. Las mismas fuentes trasladan al Gobierno central la necesidad de que se reconozca institucionalmente este esfuerzo solidario por parte de las comunidades que asumen una mayor presión en el sistema de protección. Recuerdan, además, que la red andaluza de acogida se encuentra actualmente al 98 % de su capacidad y advierten de que los algo más de ocho millones de euros comprometidos por el Ministerio de Juventud e Infancia para el reparto obligatorio de 677 menores procedentes de Canarias y Ceuta resultan claramente insuficientes. En comparación, señalan que el Ejecutivo ha presupuestado 40 millones para la atención a solicitantes de asilo en Canarias, lo que a juicio del Gobierno andaluz evidencia un desequilibrio en la asignación de recursos.

Aunque se trata de decisiones que afectan directamente a niños y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, las administraciones implicadas no han detallado los centros de acogida asignados, las ciudades de destino ni las condiciones de recepción. Mientras los convenios suscritos apelan al interés superior del menor y a la cooperación interterritorial, el silencio oficial deja sin resolver interrogantes esenciales sobre el seguimiento, la integración y la garantía de derechos de quienes cruzaron el mar en busca de protección.