Pablo Bustinduy (Madrid, 1983) hace balance de un curso político complicado para el Gobierno de coalición e intenso para el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Desde este departamento ha impulsado una lucha por acabar con el genocidio en Palestina basada en dos vías principales: la acción ministerial desde sus competencias (persiguiendo a las empresas que se “lucran con la ocupación ilegal” de Israel en este territorio para que “ninguna tenga sus cuentas de resultados manchadas de sangre”) y la presión al PSOE para mover a todo el Ejecutivo de coalición hacia estas posiciones.

De esta segunda vía derivan medidas como el reconocimiento del Estado palestino por parte de España o su colaboración con los tribunales internacionales para investigar los crímenes de genocidio cometidos por Benjamín Netanyahu, acciones a las que, sostiene, “ha costado mucho mover” a un PSOE que le garantizó “por escrito” a Sumar que se suspenderían los contratos de compra y venta de armas con Israel.

De la situación en el Gobierno de coalición, de las políticas desplegadas por su ministerio, del avance de la ola reaccionaria y el incremento de la desigualdad o el racismo, de cómo poner coto a los privilegios empresariales o de la situación de la izquierda en España habla Bustinduy en esta entrevista con Público.

Relacionado con este tema
Madres, bebés y médicos hambrientos en el único hospital que trata la desnutrición en Gaza
Recientemente su Ministerio ha aprobado una partida para reforzar la protección de personas palestinas refugiadas a través de la UNRWA. ¿Está satisfecho con el papel del Gobierno respecto a Palestina?

No, ni es suficiente ni estoy satisfecho. ¿Cómo lo voy a estar? A pocos cientos de kilómetros de aquí se está matando de hambre a miles de niños y niñas, 60.000 asesinados, Europa callada. Es una vergüenza absoluta. Y no, por supuesto que el Gobierno español no está haciendo lo suficiente. Y esto es compatible con reconocer que dentro de Europa es el Gobierno que más ha hecho. Se ha reconocido el Estado palestino por fin; se ha apoyado en la Corte Penal Internacional, en la Corte Internacional de Justicia, la investigación por delitos de genocidio contra Israel; se han adoptado medidas de sanción contra los colonos en Cisjordania; se ha solicitado reiteradamente la suspensión del acuerdo comercial con Israel; se ha apoyado a la UNRWA frente al intento criminal de acabar con ella.

Desde el Ministerio hemos señalado directamente a las empresas implicadas en la ocupación ilegal de Palestina, eso es lo que hace el Informe Albanese ahora y lo vamos a traducir en acción de gobierno. Vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para asegurar que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino. Cada contrato suscrito en anteriores legislaturas de compraventa de armas que ha salido a la luz pública hemos exigido que se retire. Estamos tramitando en el Congreso de los Diputados la ley de embargo formal que tiene que aprobarse ya, y desde el Ministerio también emitimos una norma sobre el etiquetado de los productos que vienen de Israel, pero evidentemente no es suficiente.

En primer lugar, el embargo debe ser absoluto y debe aprobarse ya. En segundo lugar, es absolutamente inaceptable que haya empresas españolas que formen parte de lo que Francesca Albanese ha llamado el sistema económico, que no sólo hace posible, sino que se lucra con la ocupación ilegal y con el genocidio en Palestina; no puede haber una sola empresa española implicada en eso y, por tanto, hay que hacer mucho más, todo lo que esté en nuestra mano. Es muy frustrante, cada uno de estos pasos que existen ha costado muchísimo. Ha costado muchísimo mover al PSOE.

“Tenemos garantías por escrito de que ningún contrato suscrito con Israel vería la luz, y han aparecido”

Nosotros tenemos garantías por escrito desde hace muchísimos meses de que ningún contrato de los que se habían suscrito antes con el Estado de Israel en materia de compra y venta de armas iba a ver la luz y, sin embargo, han aparecido. Hemos exigido que cada uno de estos contratos se tumben, pero es muy frustrante, evidentemente, y necesitamos que la sociedad civil, que ha sido ejemplar en España y en el mundo, siga empujando con las campañas de BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) a los productos israelíes, de boicot a las empresas que se lucran con esta economía del genocidio y de la ocupación, y necesitamos que sigan metiendo presión para que el Gobierno se mueva. Nosotros lo hacemos desde dentro, pero hace falta el músculo para seguir apretando.

¿Está incumpliendo el PSOE los compromisos adquiridos con Sumar respecto a Palestina?

Hoy mismo [jueves] ha habido otra noticia que refleja la posibilidad de que hayan existido más operaciones de las que hemos conocido y que hay que ver a qué corresponden. Queremos luz y taquígrafos, y en el caso de que sea así, pues los ministerios responsables tendrán que dar las explicaciones pertinentes, porque la posición oficial del Gobierno de España es que ni se compran ni se venden armas a Israel, y cualquier operación que se haya producido es un incumplimiento flagrante de esa posición, es intolerable y se deben asumir responsabilidades.

¿Puede hacer algo la ONU para acabar con el genocidio mientras Estados Unidos siga apoyando explícitamente a Netanyahu?

El genocidio en Palestina es la plasmación más extrema de una nueva lógica de las relaciones internacionales, no es un caso aislado, y este es el problema con la complicidad sangrante de los países europeos: asumir que esto es parte del conflicto en Oriente Medio. No es verdad; la lógica de esta alianza reaccionaria que va conquistando posiciones, y en algunos casos con expresiones abiertamente prefascistas, nos conduce a esto. Es un mundo en el que se multiplican los conflictos, aumenta la violencia, la desigualdad, la injusticia… El genocidio del pueblo gazatí nos afecta a todos, no por una cuestión moral, que también, sino porque prefigura unas relaciones internacionales en las que el derecho internacional salta por los aires.

Esto es lo que quiere la extrema derecha. Esto es su proyecto. No apoyan a Netanyahu y el genocidio de manera explícita por una cuestión ideológica, que también porque ese es el lado de la historia del que han decidido formar parte, sino porque este es su proyecto internacional y geopolítico. Un mundo regido sobre el recrudecimiento de las fórmulas con las que se somete a los pueblos, por ejemplo, del sur global, y el genocidio es sólo la plasmación, la prefiguración del mundo que persigue la extrema derecha, y esto es lo que no se ve desde Europa.

Respecto a la posición del Gobierno de España, tiene que ser mucho más frontal a la hora de denunciar esto y de defender el orden internacional basado en normas. Hay un proyecto coherente de esta alianza ultrareaccionaria y prefascista que busca dinamitar todos los mecanismos que tenemos para poder limitar, controlar y restringir el poder para gobernar; las relaciones económicas internacionales sirven a una oligarquía que necesita del caos y de la violencia para seguir sus procesos de acumulación, y defender los derechos humanos, la democracia y la justicia social es el programa de mínimos en torno al cual nos tenemos que movilizar porque lo que pase ahora en Palestina, en Europa, en Estados Unidos va a determinar el mundo en el que vamos a vivir.

Por eso es tan importante que España sea una excepción a esa lógica y por eso, con todas sus limitaciones, contradicciones y críticas que hay que hacerle, es importante defender este Gobierno.

Respecto a su exigencia para que las empresas que importen productos de Israel lo señalen en las etiquetas de dichos productos, ¿están haciéndolo?

Lo estamos investigando y animo a toda la ciudadanía a que denuncien cada vez que tengan constancia o dudas sobre si el etiquetado de un producto refleja su origen real, que lo denuncien porque necesitamos la información para poder seguir todos los cauces adecuados. En el Informe Albanese aparece que el etiquetado deliberadamente erróneo es una de las maneras con las cuales la ocupación ilegal de Palestina está desarrollando todo un entramado económico que les permite comerciar como un producto de Israel cuando en realidad viene de un territorio palestino ocupado. Esto es ilegal, de acuerdo a la legislación europea y a la legislación internacional.

Hace poco más de un año enviamos unas notificaciones a empresas españolas señaladas por las Naciones Unidas por desarrollar actividades económicas en los territorios palestinos ocupados. Entonces se montó una gran polémica. Salieron ocho ministros del Gobierno a desautorizarme, la Embajada de Israel nos acusó de ser cómplices de Hamás, hubo todo un revuelo sobre los intereses económicos de España… Bueno, pues como consecuencia de aquella acción, varias empresas españolas notificaron el cese de su actividad en los territorios palestinos ocupados, pero quedan otras y deben seguir el mismo camino.

Hace unas semanas le remitimos a la CEOE, al señor Garamendi, una notificación para que se hagan cargo de esto y que las empresas españolas respeten la ley internacional y los derechos humanos, y no hemos tenido respuesta todavía. Con los recursos que tenemos vamos a hacer todo lo que podamos para que quien colabore, quien se lucre con lo que estamos viendo, pague por ello.

Ha mencionado varias veces el Informe Albanese y la posibilidad de que las empresas que operan en territorios de Palestina ocupados cesen su actividad. ¿Cómo lo hará?

Tenemos una normativa internacional que exige a las empresas una serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Tenemos unas órdenes de la Corte Internacional de Justicia que, ante el riesgo de que se produjera un genocidio en el momento en el que la dictó, según la Convención Internacional para la Prevención del Genocidio, impone responsabilidades a los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para impedir que eso suceda, y eso incluye evidentemente la cooperación necesaria en el entramado económico, industrial y comercial que sostiene la maquinaria genocida y la maquinaria de la ocupación israelí.

Por tanto, hay obligaciones legales que hay que poder exigir y luego hay una cuestión política y social que es la presión comercial y económica que puede ejercer la ciudadanía. No es responsabilidad de la ciudadanía y de los consumidores esto, pero se busca que en esos eslabones también se puedan tomar decisiones conscientes de compra para no participar de ninguna manera en la maquinaria y el entramado que sostiene la ocupación ilegal de Palestina.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.Jaime García-Morato
El PSOE y Sumar negocian en la actualidad la ampliación de más permisos de cuidados retribuidos, una cuestión mandatada por una directiva europea. ¿Confía en que habrá más permisos antes del inicio del curso escolar, como exigen desde Sumar? ¿Es esto posible?

Claro que es posible, y depende única y exclusivamente de la voluntad política de que haya un acuerdo para que llegue al Consejo de Ministros del 29 de julio. Llevamos más de un año peleando porque esto vea la luz; hay una negociación en curso delicada, compleja, como todas, estamos todavía alejados y hay que encontrar el punto de acuerdo, pero ya hubo una negociación para reflejarlo en el acuerdo de Gobierno y el acuerdo de Gobierno es la hoja de ruta.

Por lo tanto, no hay ninguna razón que pueda justificar que se obstruya o se bloquee la adopción de una medida que ya está negociada. Luego habrá que ver cuáles son las condiciones en las que se puede aterrizar, pero esto es urgente porque lo necesitan las familias, porque la conciliación en este país es una carrera de obstáculos, porque es dificilísimo conjugar la vida profesional y la vida familiar, especialmente para las mujeres, y, por tanto, se tiene que notar que España tiene un Gobierno de izquierdas.

Otra de las últimas iniciativas de su departamento es la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, junto al reparto de más 700 millones a las comunidades. ¿Obtendrá esta norma el respaldo del Congreso y la implementación adecuada por parte de las autonomías?

Sí, creo que va a aprobarse porque el apoyo social a esta medida es absolutamente transversal. Hace sólo 18 años que se consideró que el sistema de cuidados tenía que ser parte de un sistema público y universal de protección social y lo que sucedió después fue de infame actualidad: los recortes de Montoro. A un sistema que estaba despegando lo segmentaron, lo destrozaron con los recortes y, por la estructura demográfica, porque la población mayor representa un peso superior, porque han cambiado las estructuras familiares, porque antes cuidaban las mujeres en casa, a futuro las necesidades de cuidados que va a tener este país sólo se van a incrementar.

La dependencia se concibió como un sistema de macroresidencias donde se gestionaban plazas, no personas ni necesidades, y eso estalló en la pandemia y nos ha dejado una herida brutal como sociedad y como país. Bueno, pues lo que estamos haciendo con esta reforma es transformar el sistema, prepararlo para el futuro, para los desafíos de cuidados que vamos a tener en el país, hacer un sistema más cercano y personalizado, que gira en torno a las necesidades y las preferencias de los usuarios y las usuarias, que lo que quieren es vivir en su casa, tener los medios para poder seguir viviendo en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, todo el tiempo que sea posible.

¿Qué dice el PP de esto? Pues en las comunidades autónomas, donde tienen que gestionar el sistema, conocen perfectamente los desafíos. Luego cada cual tiene sus modelos de gestión, pero en los desafíos centrales están de acuerdo porque este sistema hay que transformarlo y porque el país hacia el que vamos tiene unas necesidades de cuidados que no están cubiertas.

Desde Consumo han impulsado sanciones por prácticas abusivas a empresas de sectores como el de las aerolíneas, las inmobiliarias o las plataformas de comercio electrónico. ¿Se ha llegado a ejecutar alguna de estas sanciones? ¿Han pagado multas estas empresas?

Sí, claro. Hemos cerrado ya expedientes muy significativos. El mayor es el de las compañías aéreas low cost, con multas por valor de 179 millones de euros, las mayores que se han puesto por una autoridad de consumo en España en la historia, y también la prohibición de continuar ejerciendo prácticas como cobrar por la maleta de mano, por seleccionar el asiento de los niños y las niñas o por opacidad en las tarifas. ¿Qué ha pasado? Que lo han recurrido ante los tribunales. Tienen derecho y los tribunales han decidido que de manera cautelar, mientras deciden, pues estas compañías tienen que hacer una provisión de fondos para pagar esa multa, por eso siguen cobrando por las maletas, hasta que las multas sean firmes y se resuelvan.

Acaba de publicar Ryanair sus cuentas de resultados, aumentando su beneficio el año pasado de manera espectacular. También acabamos de saber que la compañía va a establecer un plus a sus trabajadores para pagarles por cada maleta que en el embarque echen para atrás, es decir, por amargarle el viaje a una persona y hacer algo que es ilegal para exprimirle un euro más. Las compañías aéreas ganaron el año pasado más de 39.000 millones de euros. Hay un conflicto de intereses y de poder fortísimo aquí, entre este modelo especulativo, ilegal, extractivo de a ver cómo consigo sacarte un euro más, y el Ministerio de Consumo, que ha dicho que nuestra obligación es defender a los consumidores en España.

“Hay una lucha de poder fortísima entre el modelo especulativo y extractivo, y el Ministerio de Consumo”

También hemos cerrado expedientes por las falsas rebajas a plataformas de comercio online y tenemos otros muchos abiertos sobre plataformas de pisos turísticos e inmobiliarias. Un expediente lleva tiempo, sobre todo para que esté bien armado jurídicamente y lo podamos ganar, que estoy convencido de que vamos a ganarlos todos. Ninguna empresa puede estar por encima de la ley y cada vez que tengamos constancia de que una gran empresa infringe la ley, violenta los derechos de los consumidores para obtener beneficio por ello, vamos a actuar con total determinación caiga quien caiga.

Ver vídeo
Entrevista a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Entrevista a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Los grandes beneficios de determinados sectores en mitad de una pérdida de poder adquisitivo por parte de la ciudadanía señalan al gran problema estructural de la desigualdad y de la ausencia de un reparto de la riqueza. ¿Debería actuar el Gobierno con mayor contundencia ante este problema? No se interviene el mercado de la vivienda, no se obliga a los grandes supermercados a bajar precios en contextos de inflación, se retira el impuesto a las energéticas, y luego se conocen casos de corrupción con algunas de estas empresas involucradas.

Pues es que yo creo que lo que expresa esta situación es que la democracia no es sólo un sistema electoral, no es sólo meter una papeleta en la urna cada cuatro años; la democracia consiste en una doctrina según la cual el poder debe ser repartido de manera universal entre todos y todas, que todos tenemos que tener la misma capacidad de tomar decisiones políticas. Mientras la democracia no llegue a la economía, y eso quiere decir redistribuir la riqueza y que no existan operadores económicos con la capacidad de dictar las normas de la vida social, la democracia está incompleta. Es más, está amenazada.

Lo que hemos visto en los casos de corrupción, en estos y en los anteriores, son empresas con nombres y apellidos: Acciona, Ferrovial… Empresas que ya estaban en los papeles de Bárcenas, que estaban en todos los escándalos anteriores y que operan como si España fuera su cortijo, y hay que ponerle coto.

Cuando uno ve el funcionamiento del mercado de la vivienda en España con los grandes fondos de inversión… José Luis Ábalos fue el que salió a defender que la vivienda era un bien de mercado en el momento en el que se estaba trabajando para regular el mercado del alquiler. Estos operadores económicos están dispuestos a convertir cualquier necesidad social en una fuente de lucro y de beneficios sin límites. La democracia debe defenderse, un Gobierno de izquierdas tiene que defender a las clases trabajadoras, y los años de crecimiento macroeconómico, los buenos datos de las empresas tienen que traducirse en una mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras.

Parece haber un repunte del racismo en España, tras lo último sucedido en Torre Pacheco, impulsado por las fake news, el falseamiento de los datos y estadísticas, o los relatos interesados. Pero el éxito de los discursos racistas que inoculan el miedo en las sociedades sería más difícil en un escenario de fomento de la convivencia y de la multiculturalidad. ¿Hemos sacado a las personas migrantes, especialmente a las pobres, de nuestras relaciones personales y entornos, hasta el punto de que nos parecen algo ajeno que puede dar hasta miedo? ¿Qué pueden hacer las administraciones para resolver esto?

Es escuadrismo fascista orquestado por la ultraderecha y amparado por la derecha española, que por un afán meramente electoralista está dispuesta a proteger a quienes están organizando y señalando estas cacerías. Hubo un debate sobre cómo se responde al odio fascista y a esta violencia extraordinaria contra los más vulnerables. Hay una vía, que es evidente, que es la la ILP de regularización, que hay que desbloquear ya. Pero yo creo que es un error comparar las dos cosas: no están los que quieren apalear inmigrantes y los que quieren que tengan los derechos básicos de cualquier trabajador. Yo creo que es una cuestión de delitos de odio.

La democracia tiene que defenderse frente al racismo, frente al fascismo y frente a toda la gentuza que lo ampara. Lo otro es esencial, lo que hacen quienes orquestan estas cacerías es precisamente amparar y proteger a quienes explotan la mano de obra en situación administrativa irregular. Los quieren sin derechos, amedrentados, los quieren muertos de miedo, quieren explotarlos y luego desecharlos.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.Jamie García-Morato
No es coincidencia; un día salen hablando de deportar a un millón de personas y una semana después tenemos esto. Hay que defenderse frente a esto y la manera es aplicar la legislación sobre delitos de odio. Una persona que ampara la cacería racista de personas trabajadoras, de familias, no cabe en una democracia.

El 23J posibilitó un Gobierno progresista gracias a la movilización de última hora de un electorado de izquierdas que se rebeló contra la posibilidad de un Gobierno de PP y Vox. ¿Cree que esta movilización sería posible ahora, en un contexto marcado por la corrupción que salpica al PSOE y con la izquierda alternativa sin un proyecto de unidad claro?

Por eso lo primero que hay que hacer es aplicar el acuerdo de Gobierno, que se note y que se vea la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, lo que fue la voluntad expresada el 23 de julio, y este Gobierno tiene que hacer mucho más en ese sentido y, por tanto, una agenda social muchísimo más vigorosa de lo que ha existido hasta ahora.

Sobre la unidad a la izquierda, lo que va a pasar en las elecciones, etcétera, yo creo que el orden de los factores importa en el análisis, y que lo que hay que hacer es mirar alrededor, ver el mundo en el que vivimos, ver la ofensiva neofascista, ver lo que está pasando en todas partes, ver el mundo que prefigura una crisis climática agravada, genocidios, destrucción del Derecho Internacional, la ley del más fuerte, los oligarcas, los plutócratas y los ultrarricos imponiendo la legislación, persecución a las personas migrantes, deportaciones masivas…

Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos frente a eso? Yo creo que hay un programa mínimo que son derechos humanos, justicia social y democracia en torno al cual todas las personas que defienden estos valores tienen la responsabilidad y la obligación de construir las fórmulas políticas para poder defenderlo. Creo que es un momento histórico en el que las pequeñas diferencias, las desilusiones o la indiferencia no deberían imponerse sobre la gravedad de las amenazas que tenemos por delante. Si partimos de ese análisis, es mucho más fácil entender el camino que tenemos que seguir.

Estoy convencido de que la gente progresista en España es perfectamente consciente de lo que nos jugamos y va a ser perfectamente exigente también respecto a la necesidad de traducir y articular eso en una opción política, en una alternativa política que esté a la altura del momento que vivimos.