El Gobierno ultima un plan de emergencia para aliviar la situación crítica que viven los centros de acogida de inmigrantes en Canarias después de las últimas oleadas de clandestinos. El Ministerio de Trabajo, con la ayuda de las principales organizaciones de atención a los extranjeros en situación irregular, prepara una red de asistencia con capacidad para evacuar hasta 20.000 ‘sin papeles’ desde el archipiélago a la península en tan sólo cuatro meses, en el caso de que la presión migratoria sobre las islas continúe en los niveles de las últimas semanas.

El titular de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, pusieron ayer las bases de este macro programa de evacuación en una reunión con los responsables de las seis organizaciones sociales que gestionan el 83 por ciento de las plazas disponibles para extranjeros irregulares: Cruz Roja, CEAR, ACCEM, CEPAIM, La Calle y MPDL.

Caldera prometió un cheque en blanco a las organizaciones – «todo el dinero que necesiten», dijo – con el objetivo de crear cuanto antes una «estructura estable y permanente» de asistencia, después de reconocer la falta de una red de acogida formal para los ‘sin papeles’ en la península y anunciar que el Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que se mantendrá la presión migratoria en las islas.

El plan diseñado por el Gobierno prevé que se pueda doblar la capacidad de acogida de las seis organizaciones, que actualmente gestionan entre 700 y 1.000 plazas semanales y que ahora pasarían a disponer de, al menos, 1.400. Los cálculos de los especialistas apuntan a que esta atención costará más de tres millones de euros, a sumar a los 6,5 que estas asociaciones ya reciben del Estado.

La primera parte del programa está ya fijada: sacar de las islas a unos 3.000 subsaharianos antes del 15 de octubre, ya que los centros canarios de Las Raíces, Hoya Fría, La Isleta, Barranco Seco y El Matorral están desbordados desde el pasado fin de semana, con casi 6.000 internos para sólo 5.446 plazas. Este primer contingente se repartirá entre establecimientos principalmente de Andalucía y Comunidad Valenciana, y en menor medida, Madrid, Murcia, Cataluña, Castilla y León y Asturias.

Cinco mil camas al mes

Por su parte, las organizaciones se han comprometido a habilitar, con la ayuda económica del Gobierno, entre 4.800 y 5.000 camas mensuales en sus centros de la Península, lo cual permitiría evacuar hasta 20.000 subsaharianos de septiembre a diciembre. En los ocho primeros meses del año, el Ejecutivo ha trasladado a 15.500 irregulares africanos a distintas autonomías, una cifra que se doblaría en tan sólo cuatro meses si continuaran al mismo ritmo las avalanchas de cayucos.

La Administración espera no tener que hacer uso de todas estas plazas, que sólo se completarían si continuase inalterable el número de llegadas de los últimos tiempos (entre 1.500 y 2.000 subsaharianos por semana). Los responsables de Trabajo, Interior y Exteriores estiman que, con la llegada del mal tiempo, los arribos de inmigrantes se reducirán a unos 500 semanales.

Al margen de redoblar la capacidad de acogida, en la reunión se sentaron algunos pilares de la futura red. El Gobierno se comprometió a ayudar en los programas de atención a los inmigrantes menores, una competencia hasta ahora reservada a las comunidades autónomas. Además, el Ejecutivo anunció que apoyará económicamente a las organizaciones sociales de los países de origen.

Ayudas en origen

Todos los interlocutores estuvieron de acuerdo en que, a pesar de las oleadas, no se reducirá ni la calidad de atención en los centros de acogida ni el tiempo mínimo de estancia (15 días). Asimismo, los establecimientos de acogida para irregulares seguirán separados de los centros de atención a otros extranjeros.

Los planes del Ejecutivo también pasan por ayudar a los inmigrantes en sus países de origen. Para ello tiene previsto aumentar un 32% la ayuda al desarrollo para 2007. La idea es mejorar las condiciones de vida de los subsaharianos en sus países para que no perciban la emigración como única salida.

Al menos así lo anunció el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, durante IV Conferencia de Embajadores. Solbes dio a conocer esta cifra durante una conferencia titulada ‘Los desafíos de la economía española’, que pronunció a puerta cerrada ante los 123 embajadores reunidos en Madrid para analizar las prioridades de la política exterior.

Este año 3.234,96 millones de euros – el 0,35 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) – irán destinados a ayuda oficial al desarrollo, según cifras contempladas en el Plan Anual de Cooperación Internacional. La subida anunciada por Solbes para 2007 significa aumentar esa cantidad hasta unos 4.300 millones – algo más del 0,40 por ciento del PIB – . El Gobierno cree que ese esfuerzo ayudará a quienes más lo necesitan y será un avance en el cumplimiento de su promesa electoral de destinar, cuando acabe la legislatura en 2008, el 0,5 por ciento del PIB a ayuda al desarrollo, y el 0,7 por ciento en 2012.

Duplicar el presupuesto

José Luis Rodríguez Zapatero avanzó el 20 de agosto en Gran Canaria su intención de «duplicar» en los presupuestos para el año que viene la ayuda a los países más pobres. Las cifras que maneja el presidente del Gobierno son mayores que las dadas a conocer por Solbes porque, a las partidas específicas, hay que sumar otras como los microcréditos – que son reembolsables – , las destinadas a apoyar la labor de algunas ONG, las que financian programas sociales y culturales y aquellas destinadas a fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en los países en vías de desarrollo.

La ayuda anunciada por Solbes, aunque pueda parecer a fondo perdido, no es del todo gratis. Desde hace unos meses, el Gobierno trabaja en los llamados acuerdos migratorios bilaterales «de segunda generación», que deberán firmar quienes aspiren a recibir los fondos. Se trata de un nuevo instrumento que busca afrontar «de forma global» el problema de la llegada de indocumentados. En líneas generales, ofrece más ayuda a quien acepte la repatriación de sus nacionales y se comprometa a blindar sus fronteras y a combatir a las mafias que trafican con seres humanos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ofreció firmar acuerdos de este tipo a los gobiernos de Cabo Verde, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mauritania durante una gira que realizó a finales de junio por África occidental. Unos días antes, logró que sus homólogos de Camerún y Sierra Leona se comprometieran también en Madrid a negociar esos memorandos a cambio de importantes ayudas. De momento, los acuerdos están aún en fase de negociación, aunque algunos de los países citados ya han comenzado a aplicar algunas de las medidas que contemplan.

El Gobierno espera ahora poder implicar a toda la Unión Europea en esta iniciativa. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, hizo un llamamiento el mes pasado a los estados miembros para que fomenten «políticas a favor del desarrollo» de África, pues – afirmó – el futuro de Europa depende de la estabilidad política y social de ese continente. En diciembre de 2005, durante otra gira por África, Moratinos reclamó un «aumento sustancial» de la ayuda europea a esta parte del mundo, a la que describió como «una bomba de relojería» por la dramática situación que padecen sus habitantes.

Menos repatriaciones

El problema que se vive en las islas se ha visto agravado en los últimos meses por el descenso de las repatriaciones. Según los datos facilitados por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el Gobierno ha repatriado una media de 1.100 inmigrantes menos cada mes a pesar de que la llegadas a Canarias se han multiplicado por nueve. El ministro afirmó el pasado jueves en la Comisión de Interior del Congreso que en lo que va de año se han repatriado (en las distintas formas que establece la normativa de extranjería: retornos, readmisiones, expulsiones y devoluciones) a 52.757 inmigrantes ilegales, mientras que durante 2005 se devolvieron a su país a 92.766 inmigrantes. PLAZAS DE ACOGIDA