Partido Popular, Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida – Iniciativa per Cataluña criticaron ayer el anuncio de la vicepresidenta primera de que el Gobierno endurecerá su política migratoria. El principal partido de la oposición advirtió al Ejecutivo de que no tiene credibilidad, mientras que las formaciones de izquierdas pidieron a María Teresa Fernández de la Vega que no responda con «bravuconadas» a la llegada de cayucos.

Para el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, la ministra de la Presidencia no tiene credibilidad porque «nadie se va a tomar en serio» al Gobierno ni dentro ni fuera de España en esta materia. A su juicio, el problema se lo han creado los propios socialistas con la regularización masiva de inmigrantes – por el que exigió el cese del ministro de Trabajo – , pero también con el insuficiente control de las fronteras y las escasas repatriaciones a los países de origen.

Descontrol

Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, denunció en los desayunos del Foro Europa en Madrid el «descontrol» del Ejecutivo en esta materia y su falta de liderazgo para que la Unión Europea se tome «más en serio» esta crisis. También los socios del PSOE criticaron al Gobierno. El portavoz de Iniciativa per Cataluña – Verds en el Congreso, Joan Herrera, advirtió a Fernández de la Vega de este tipo de declaraciones contundentes «no van a hacer que los inmigrantes dejen de venir». En este sentido, pidió la puesta en marcha de políticas «realistas» que permitan a algunos subsaharianos llegar a España por la vía legal, algo que a su juicio ahora no puede ocurrir.

Por su parte, el diputado de ERC Agustí Cerdá exigió a la vicepresidenta primera que evite las «bravuconadas» en lo que a la inmigración se refiere porque, a su juicio, de nada sirve que el Gobierno diga que va a cortar el flujo de pateras.

No obstante, las críticas de la oposición no variaron la decisión del PSOE de endurecer su discurso en esta materia. El portavoz del grupo socialista, Diego López Garrido, insistió en que «no se puede tolerar que vengan personas en situación ilegal y si eso ocurre serán repatriadas».