El Gobierno ultima un plan de emergencia para aliviar la situación crítica que viven los centros de acogida de inmigrantes en Canarias después de las últimas oleadas de clandestinos. El Ministerio de Trabajo, con la ayuda de las principales organizaciones de atención a los extranjeros, prepara una red de asistencia con capacidad para evacuar hasta 20.000 sin papeles desde el archipiélago a la península Ibérica en tan sólo cuatro meses.


El responsable de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, pusieron ayer las bases de este macro programa de evacuación en una reunión mantenida con los responsables de las seis organizaciones sociales que gestionan el 83% de las plazas disponibles para extranjeros indocumentados: la Cruz Roja, CEAR, ACCEM, Cepaim, La Calle y MPDL.


Caldera prometió un cheque en blanco a las organizaciones – «todo el dinero que necesiten», dijo – con el objetivo de crear cuanto antes una «estructura estable y permanente» de asistencia, después de reconocer en la Península la falta de una red de acogida formal para los inmigrantes sin papeles y anunciar que el Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que se mantendrá la presión migratoria en las islas.


El plan diseñado por el Gobierno prevé que se pueda doblar la capacidad de acogida de las seis organizaciones, que actualmente gestionan entre 700 y mil plazas semanales y que ahora pasarían a disponer de al menos 1.400. Los cálculos de los especialistas apuntan a que esta atención costará más de tres millones de euros, que sumar a los 6,5 que estas asociaciones ya reciben del Estado.


La primera parte del programa está ya fijada: sacar de las islas a unos 3.000 subsaharianos antes del 15 de octubre, ya que los centros canarios de Las Raíces, Hoya Fría, La Isleta, Barranco Seco y El Matorral están desbordados desde el pasado fin de semana, con casi 6.000 internos para sólo 5.446 plazas. Este primer contingente se repartirá entre establecimientos principalmente de Andalucía y la Comunidad Valenciana.


Por su parte, las organizaciones se comprometieron a habilitar, con la ayuda económica del Gobierno, entre 4.800 y 5.000 camas mensuales en sus centros de la Península, lo cual permitiría evacuar hasta 20.000 subsaharianos de septiembre a diciembre.


Estos datos contrastan con las 200 camas semanales, menos del 17% del total, de las que disponen las comunidades, que son las instituciones competentes en la acogida.


Desde enero hasta la última semana de agosto, habían sido trasladados a la península Ibérica 11.826 inmigrantes (ahora suman ya 15.500), de los que casi 10.000 fueron acogidos por oenegés, y sólo 2.189 (el 20%), por las comunidades autónomas.


Otros acuerdos


Al margen de redoblar la capacidad de acogida, en la reunión de este martes la Administración y las oenegés sentaron algunos pilares de la futura red «estable y permanente». El Gobierno se ha comprometido a ayudar en los programas de atención a los inmigrantes menores, una competencia hasta ahora reservada a las comunidades autónomas y apoyará económicamente a las organizaciones sociales de los países de origen.


Además, el Ejecutivo confía en que, con la llegada del mal tiempo, la presión migratoria se reduzca a unas quinientas llegadas semanales y no sea necesario emplear todos los recursos de acogida disponibles.