El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, rechazó ayer promulgar la ley de extranjería pactada por el primer ministro, su correligionario Luís Montenegro, con el ultra André Ventura y la envió al Tribunal Constitucional (TC) por la vía de urgencia. El TC tiene que pronunciarse en agosto sobre esta polémica norma, concebida para cortar de forma expeditiva el intenso flujo de entrada de inmigrantes en Portugal. Está avalada por una amplia mayoría parlamentaria, pero con el rechazo de parte del partido conservador, PSD, el centroizquierda y la Iglesia católica, además de la crítica de excolonias como Angola y Brasil.

El catedrático de Derecho Constitucional jubilado Rebelo de Sousa le dio forma jurídica a su respuesta al giro hacia posiciones ultras del Gobierno. Lo hizo en un duro escrito en el que pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre las potenciales violaciones de la Carta Magna que ha detectado en la ley. Esta restringe al máximo en el marco europeo el reagrupamiento familiar y limita el acceso a la condición de residentes legales de los ciudadanos de países de lengua portuguesa.

El presidente señala que está en cuestión el derecho a la familia, al poder retrasar tres años y medio la entrada de los cónyuges; a la tutela judicial efectiva, al reducirse la posibilidad de presentar recursos contra las decisiones administrativas, y el principio de igualdad, por las ventajas que se conceden a los trabajadores cualificados.

Si bien el presidente no ha recurrido al llamado veto político , la devolución de la ley al Parlamento, por más normalidad y carácter jurídico que le confiriese a su decisión conocida ayer pero ya esperada desde hace días, resulta insoslayable el choque institucional entre la jefatura del Estado y el Gobierno, que propuso la ley, y el Parlamento, donde Montenegro la pactó con los ultras de Chega.

De fondo subyace la división en el seno de las filas conservadoras ante la relación con la extrema derecha y la asunción de su ideario en una materia clave como la inmigración. Por ejemplo, entre las voces que pidieron al presidente que enviasen la norma al Tribunal Constitucional figuró la de la exministra de Justicia del PSD Paula Teixeira da Cruz, si bien trató de desdramatizar su postura al remarcar su deseo de contar con la máxima seguridad jurídica.

Pese a la limitación de su papel de árbitro constitucional, el más crítico ha sido el propio Rebelo, antiguo rey de las tertulias televisivas y siempre locuaz. Desde el vuelco que supuso la conversión de Chega en la segunda fuerza parlamentaria tras las elecciones de mayo, el presidente intensificó su posición contra la xenofobia. También denunció las contradicciones entre las cifras oficiales de población total y de extranjeros, lo que impide a su juicio aplicar políticas coherentes. Y abogó por preservar las relaciones con las antiguas colonias, además de criticar en su escrito dirigido al TC el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la ley, sin dar tiempo a que se pronunciasen organismos del Estado.

Tanto el Gobierno como Chega han aceptado con resignación la decisión de Rebelo de pedir la intervención del TC. André Ventura la calificó como un “error”, pero consideró que se trata de un paso lógico, una vez que el presidente expresó la existencia de dudas jurídicas. Como el jefe de Estado optó por la vía de urgencia y fijó un plazo de 15 días para que el Constitucional se pronuncie, el fallo se espera para mediados de agosto, en un verano marcado por la precampaña de las elecciones municipales del 12 de octubre.

Bajo ese horizonte, no solo el Gobierno se inclina hacia la ultraderecha para captar a sus votantes, sino también de algunos dirigentes locales del Partido Socialista (PS), en contra de la posición oficial, pero sin que su actuación tenga consecuencia alguna.

Entre tanto, está pendiente hasta septiembre la parte más polémica de la reforma migratoria, la ley de nacionalidad para retirar el pasaporte portugués a los naturalizados que cometan delitos graves, con aún mayores dudas sobre su constitucionalidad.

De momento, el presidente frena la deriva ultra del Gobierno de Montenegro. Si el TC le da la razón, la reforma migratoria volvería a la casilla de salida. No obstante, conservadores, Chega y liberales disponen de la mayoría de dos tercios que permite reformar la Constitución, paso del que el Gobierno hasta ahora no quiso ni hablar, para no romper definitivamente los puentes con el PS.