“A nivel psicológico estoy hecho una puta mierda. He tenido que ir al psiquiatra y me ha mandado medicación”. Carlos, madrileño de 53 años, decidió comprar una vivienda no sólo como inversión de futuro, también para que sus padres pasaran su vejez en Madrid. Estaba ubicada en Las Musas, muy cerca del estadio Metropolitano, pero tras un tiempo en ella sus progenitores decidieron volverse al pueblo ya que no tenía ascensor, lo que les dificultaba mucho su vida cotidiana por culpa de sus achaques y sus problemas de movilidad.
Fue entonces cuando Carlos decidió ponerla en alquiler mediante una inmobiliaria. El tipo de inquilino le daba igual, pero sí pidió un único requisito:que no tuvieran hijos. No tardó mucho en encontrar a los que serían sus arrendatarios, cuatro en total, que comenzaron a vivir en su vivienda a razón de 950 euros mensuales.
Se trataba de una mujer paraguaya junto con su hermano, un dominicano y un ecuatoriano ya nacionalizado. Los tres varones tenían trabajo, ella no. “En el momento de la firma me autoconvencí de que, siendo inmigrantes, no se querrían meter en líos de impagos… Pero estaba muy equivocado”, avanza a modo de spoiler, porque al poco de entrar ya comenzaron los primeros conflictos de convivencia. “Me llamaron algunos vecinos alertándome de que estaban originando problemas de ruidos, de basura… y que también percibían gritos de niños. Ahí me empecé a mosquear”, rememora el propietario legítimo.
El escenario, las semanas siguientes, no fue a mejor. De hecho, en septiembre, tan sólo cinco meses después de entrar a vivir, dejaron de pagar. Carlos fue a buscar a dos de ellos, que trabajaban en un 100 Montaditos, para pedirles explicaciones. Y ahí se enteró de la verdad: los tres varones, aunque también habían firmado el contrato, nunca llegaron a instalarse en su casa, siendo únicamente habitada por la mujer… Aunque no solo por ella.
“Esa misma tarde me llamó la inquilina, enfadada por haber ido a buscar a sus amigos a su lugar de trabajo. En esa conversación me confesó que me había tenido que engañar. Que sí tenía hijos, cuatro en concreto, y que estaba viviendo con ellos. La angustia que sentí al escuchar esas palabras… fue sideral. Porque mi padre tenía razón. Él me insistió mucho en que no alquilara”, recuerda Carlos, rememorando también cómo acabó aquella charla: “Me confesó que ‘sé que de aquí no me puedes echar. Y si intentas ir contra ellos, les pedirán a sus jefes que les paguen en negro y no les podrás quitar nada de dinero ni aunque les denuncies’”.
A partir de aquel momento le comenzaron a encajar todas las piezas. Porque nada más conocer a esta mujer, el legítimo propietario observó que en su foto de WhatsApp salía ella con varios niños. “Me dijo que no eran sus hijos, que eran sus sobrinos… Y yo la creí”.
Tras enviar el pertinente burofax exigiéndoles salir de su piso y después de la correspondiente denuncia, se dictó una orden de desahucio para el pasado 23 de marzo. Pero esa misma mañana la inquiokupa paraguaya fue declarada vulnerable, suspendiéndose el lanzamiento. “Los Servicios Sociales únicamente replicaron un informe de vulnerabilidad de enero de 2023… Por lo que estoy seguro de que ya había okupado otra vivienda con anterioridad”, valora Carlos.
Hubo un segundo intento de desalojo, “ya el definitivo”, para el 26 de junio. Pero la jueza volvió a paralizarlo dictaminando que “hasta que no se le encuentre una casa, a ella y a sus hijos, de allí no se pueden ir”. “Me parece muy injusto porque los Servicios Sociales ya les habían encontrado unos alojamientos municipales que ella previamente rechazó. Se permitió ese lujo…”, desgrana el propietario, sin entender “nada” de lo que le está sucediendo.
Toda esta situación le ha superado mentalmente, confiesa este madrileño, quien hace poco se enteró de que su casero porque él vive de alquiler le ha pedido recuperar el piso. “Estoy pagando un alquiler, más la letra del inmueble que me han okupado en Las Musas. Me veo literalmente durmiendo debajo del viaducto de Segovia porque, con la subida de precios, ahora mismo no puedo afrontar un nuevo contrato de alquiler más mi domicilio en propiedad. Mientras, ella recibe subvenciones estatales, cobra dinero por subarrendar habitaciones y gana un sueldo en negro limpiando… ¿Eso es justo?”, valora Carlos, a quien esta situación, admite, le ha llevado al límite: “No estoy bien, he tenido pensamientos de suicidio”.