Santa cruz de Tenerife – El Parlamento de Canarias celebró ayer un pleno
extraordinario para analizar la situación de la inmigración ilegal en las
islas. Y lo que en principio debía haber sido un debate para cerrar filas
en torno a, probablemente, el mayor problema al que ha tenido que hacer
frente la sociedad canaria en las últimas décadas, se saldó, por el
contrario, con un rifirrafe entre el partido del Gobierno (Coalición
Canaria), el Partido Popular y el PSOE.
   No obstante, tanto
nacionalistas como populares mostraron su más enérgico rechazo a la
gestión que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está realizando
para paliar el problema de la llegada masiva de inmigrantes ilegales al
archipiélago.
   Competencias
   De esta forma,
el presidente canario, Adán Martín, destacó que a los isleños «se les
estaba acabando la paciencia» y que está claro que las competencias para
luchar contra la inmigración ilegal son todas del Estado. Ante esto,
declaró que su Gobierno trabajará «hasta el límite» para encontrar
soluciones, las cuales, aseveró, pasan porque el Estado «tome medidas en
los países de origen, incentive políticas de cooperación al desarrollo y
promueva la iniciativa empresarial privada en estos mismo países del
África subsahariana». Martín censuró las políticas estatales del anterior
Gobierno popular y del actual socialista con África, las cuales, dijo,
«siempre han ido a remolque».
   En cuanto al pleno, se
lamentó de que no hubiese salido ningún acuerdo, reseñando que solamente
había servido para que «el PP atacara a Rodríguez Zapatero, el PSOE
defendiera a Rodríguez Zapatero y CC defendiera a todos los canarios».
   El presidente del PP canario, José Manuel Soria, fue también especialmente
crítico con la política de inmigración que está siguiendo el Gobierno
socialista, al que culpó, con el apoyo de CC, de la situación creada al
haber promovido la regularización de miles de inmigrantes ocasionando un
«efecto llamada». Además, reprobó la actitud servil del Gobierno
nacionalista al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, «a quien siempre le dicen
que sí».
   Soria propuso un total de once medidas para
luchar contra la llegada de cayucos y le echó en cara al secretario
general del PSOE canario, Juan Carlos Alemán, que su discurso fuera ahora
distinto del que hacía cuando el PP estaba en el Gobierno central. En este
sentido, le pidió a Adán Martín que se plantase ante Rodríguez Zapatero,
al tiempo que se sorprendió de que ni nacionalistas ni socialistas
asumiesen sus responsabilidades en el problema.
   Finalmente,
reprendió al CC y al PSOE por haber, dijo, escenificado una «separación
matrimonial de cara a la galería» ante la cercanía de las elecciones.
   Juan Carlos Alemán, por su parte, señaló que la conclusión final del pleno
había sido negativa y que daba la impresión de que se había abierto la
campaña electoral.
   Y mientras los políticos discuten sin
encontrar soluciones, los cayucos no dejan de llegar a las costas
canarias. Una embarcación llegó ayer sobre las 15.00 horas a Punta de
Rasca, Tenerife, con 91 adultos y un menor a bordo, con lo que la cifra de
inmigrantes indocumentados arribados a Canarias ascendió a 649. Los
últimos 150 llegaron de por la noche a Tenerife a bordo de otra
embarcación.
   Además, ayer trascendió que la patrullera de la
Guardia Civil «Río Cabriel» interceptó el lunes otra patera que se
encontraba en peligro de hundimiento en las costas de Mauritania y, tras
rescatar a sus 110 ocupantes que se encontraban en buen estado de salud,
los puso a disposición de las autoridades mauritanas en el puerto de
Nuadibú.
   Casi 1.400 de los inmigrantes llegados en los últimos
días esperan en dependencias policiales el paso a disposición judicial
previo a su traslado a centros de retención, instalaciones que reúnen ya
5.507 internos en el Archipiélago, cuando la suma de sus plazas es 5.446.