Madrid – La avalancha de inmigrantes que se ha producido este verano y que
«no remitirá en los próximos tiempos», según ha admitido el ministro de
Interior, ha obligado al Gobierno a improvisar sobre la marcha. El titular
de Trabajo, Jesús Caldera, anunció ayer que dará a las ONG la ayuda
económica «que necesiten» para duplicar las plazas de acogida que estas
organizaciones ofrecen a los inmigrantes que son trasladados desde
Canarias a la Península para aliviar la presión migratoria de la isla.
   En la actualidad, estas ONG que se encargan de dar alojamiento a los
extranjeros, como mucho por quince días, a asesorarles o a darles dinero,
disponen de un millar de plazas, pero calculan que sería necesario
duplicar el número.
   Sólo seis ONG, con mil plazas de acogida,
dieron alojamiento a los 11.826 inmigrantes subsaharianos que han sido
trasladados. Entre ellas se encuentran Movimiento por la Paz el Desarme y
la Libertad (MPDL), Cruz Roja, Asociación Comisión Católica Española de
Migraciones (Accem), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y
Colectivo La Calle, la mitad de ellas afines al Gobierno o que han
recibido fuertes subvenciones en los últimos meses. Las autonomías se
hicieron cargo sólo de 2.189 inmigrantes, el 20 por ciento del total,
según los datos facilitados por el titular de Trabajo.
   Caldera
resaltó ayer, después de reunirse con las citadas ONG para abordar la
crisis humanitaria que se ha creado por la masiva llegada de cayucos, que
«la parte de acogida más importante la desarrollan las ONG, a las que el
Gobierno se encarga de ayudar económicamente».
   El
encuentro se ha celebrado una semana antes del que está previsto con las
comunidades autónomas que analiza el traslado de inmigrantes. Tanto la
Generalitat Valenciana como Murcia solicitaron al Gobierno en agosto que
convocara a las seis autonomías que acogen a un mayor número de
inmigrantes a una reunión urgente para que «oiga lo que le solicitamos y
los esfuerzos que realizamos día a día por la integración de estas
personas».
   Caldera anunció además que el Gobierno creará una
red estable de acogida e integración. No obstante, una vez que los
inmigrantes reciben una primera acogida en estos pisos, se quedan en la
calle con una orden de expulsión imposible de cumplir que les impide
trabajar con un contrato o alquilar un piso. Es por esto por lo que las
organizaciones volvieron a recordar al Gobierno la necesidad de que
habilite nuevas fórmulas para poder documentar a estos inmigrantes. El
presidente de CEAR, Ignacio Díaz, explicó que «aún no existe un criterio
definitivo», aunque el Gobierno «lo tiene en su agenda».