J. L. LORENTE

MADRID. «¿Quién puede creerse a estas alturas que el Gobierno puede endurecer su política contra la inmigración ilegal?». Ésa es la pregunta que se hacen los dirigentes del PP tras conocer los últimos planes del Ejecutivo socialista para frenar las avalanchas de subsaharianos sobre las costas españolas. Los populares ya no dan crédito a los compromisos del Gobierno y la única solución que ven al problema es una rectificación en toda regla del Gabinete de Zapatero y, además, la destitución del ministro de Tabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Precisamente, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, negó ayer autoridad a las declaraciones realizadas la víspera por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las que advirtió de que España no tolerará más inmigración irregular. Para el PP, ése es un aviso que «llega tarde».

Zaplana sostuvo que si no fuera por el drama que supone el fenómeno migratorio, «habría que tomarse a broma» las palabras de la «número dos» del Ejecutivo. En este sentido, denunció que «nadie toma en serio ya, ni dentro ni fuera de España, las advertencias del Ejecutivo socialista porque, entre otras cosas, el Gobierno es el único responsable de lo que está pasando con la inmigración ilegal en nuestro país».

Los populares consideran que si Zapatero quiere hacer un discurso «creíble» en esta materia, lo primero que tiene que hacer es destituir a Caldera. En este punto, Zaplana cargó contra el ministro de Trabajo, ya que, a juicio del PP, «Caldera sigue hablando de regularizaciones», cuando Fernández de la Vega dice todo lo contrario.

Por su parte, el PSOE trató ayer de quitar hierro al problema. El portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, señaló que «este asunto acabará resuelto satisfactoriamente con la colaboración de los países originarios de la inmigración y la de los países europeos». Para López Garrido, el Gobierno solucionará el problema de Canarias, «como ya hizo el año pasado cuando abordó la avalancha de inmigrantes ilegales que sufrieron Ceuta y Melilla».

Mientras tanto, el líder de CiU, Artur Mas, defendió ayer al secretario general de la formación, Josep Antoni Duran Lleida, que recientemente consideró que un inmigrante no puede votar en las elecciones municipales en Cataluña si no conoce su lengua y la historia de sus instituciones. Según Mas, «regular las condiciones en las que un inmigrante puede acceder al voto» depende del «nivel de enraizamiento».
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