La extrema derecha difunde falacias para criminalizar a la inmigración y legitimar su violencia. Lo ocurrido en Torre Pacheco y Alcalá de Henares nos alerta de un peligro real.

En España, como en otros países europeos, la ultraderecha ha activado una peligrosa estrategia política basada en la desinformación, el odio y el miedo. Mediante bulos repetidos hasta la saciedad, pretenden construir un enemigo interno —el inmigrante— y justificar, incluso, expresiones de violencia que ya no son aisladas, sino estructuradas. El terrorismo de ultraderecha, que ya asoló Europa en el pasado, regresa con fuerza bajo una nueva forma: la del bulo convertido en violencia física y simbólica. Lo ocurrido recientemente en Torre Pacheco (Murcia) y Alcalá de Henares (Madrid) nos obliga a encender todas las alarmas.

Frente a esta amenaza, la democracia no puede permanecer tibia. Es preciso combatir el odio con datos, el racismo con razón y el miedo con justicia. A continuación, desmonto cuatro de las grandes mentiras utilizadas para justificar esta escalada.

1. El mito del «gran reemplazo». La teoría conspirativa del «gran reemplazo» —según la cual las élites traen inmigrantes para sustituir a los españoles— no tiene ninguna base empírica. Es un relato importado de la ultraderecha francesa y alemana, reciclado por agitadores locales para inocular miedo. En realidad, los flujos migratorios responden a la oferta y demanda del mercado laboral. Los picos de inmigración en España coinciden con el auge del ladrillo, el turismo y la agricultura intensiva. Cuando esos sectores colapsan, como ocurrió tras la crisis de 2008, se produce un retorno masivo. No hay reemplazo, hay rotación según ciclos económicos.

2. «Nos quitan el trabajo». Los datos lo desmienten de forma categórica. Las personas inmigrantes ocupan mayoritariamente puestos de baja cualificación, duros, mal remunerados y con escasa protección laboral: construcción, cuidados, limpieza, campo, hostelería. Empleos que los trabajadores autóctonos rechazan por condiciones indignas. Además, la tasa de paro en España supera los siete puntos incluso en ausencia de nuevas oleadas migratorias, y la precariedad afecta por igual a nacionales y extranjeros.

Conviene subrayar que, según la Seguridad Social, los inmigrantes aportan más de lo que reciben: cotizan, sostienen el sistema de pensiones, y compensan el grave desequilibrio demográfico. En una sociedad envejecida como la nuestra, su presencia es imprescindible para mantener la estructura productiva y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

3. «Son más delincuentes». Otra falsedad habitual. Según datos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, la tasa de criminalidad ha descendido en los últimos años, incluso con aumento de población extranjera. La delincuencia no se correlaciona con el origen, sino con las condiciones sociales. Asociar inmigración con criminalidad es una operación ideológica, no estadística.

Los verdaderos delitos que deberían alarmarnos son otros: la incitación al odio en redes, los ataques incendiarios a centros de acogida, las agresiones racistas, las amenazas a menores extranjeros. Lo ocurrido en Alcalá de Henares, donde grupos ultras asaltaron una vivienda de inmigrantes entre cánticos franquistas, o el reciente intento de linchamiento en Torre Pacheco, tras un crimen aún no esclarecido, son manifestaciones preocupantes de un terrorismo ideológico que ya no se oculta. ¿Qué pasará el día que alguien prenda fuego a una residencia? ¿Esperamos a contar muertos?

4. «Colapsan los servicios públicos». Lejos de saturar los sistemas públicos, las personas inmigrantes hacen un uso proporcionalmente menor que el conjunto de la población. Son, en su mayoría, jóvenes, sanos y activos. Según el Ministerio de Sanidad, representan apenas el 10% de las consultas médicas, siendo el 17% de la población residente. Esto se debe no sólo a su mejor salud inicial, sino a que muchos regresan a sus países de origen en la vejez o cuando enferman, como ya se ha documentado en Reino Unido y Alemania. Además, muchas veces no acceden a los servicios sociales por desconocimiento, miedo o exclusión burocrática.

La peligrosa instrumentalización del miedo

La extrema derecha no busca solucionar los problemas reales de la ciudadanía, sino canalizar su frustración hacia objetivos fáciles y visibles: el inmigrante, el pobre, el diferente. Aprovechan cualquier hecho —un crimen, una pelea, un altercado— para amplificarlo, manipularlo y convertirlo en arma política. El objetivo no es solo ganar votos, sino justificar un modelo autoritario que restringe derechos y dinamita la convivencia.

Lo vimos en los años 30 del siglo XX y lo vemos ahora. El discurso de odio se disfraza de preocupación ciudadana. Pero su resultado es siempre el mismo: violencia, exclusión y miedo. Por eso, es urgente calificar las cosas por su nombre: cuando se ataca a una familia por su origen, eso es terrorismo. Cuando se azuza a la turba contra los más vulnerables, eso es fascismo.

Un deber de memoria, humanidad y razón

España fue durante décadas un país de emigrantes. Millones de españoles buscaron en Francia, Suiza, Alemania o América una vida mejor. Muchos fueron maltratados o rechazados. Otros fueron acogidos con dignidad. Esa experiencia colectiva debería vacunar a nuestra sociedad contra el racismo.

Hoy, los inmigrantes cumplen un papel fundamental en nuestra economía y nuestro tejido social. Aportan el doble de lo que reciben, realizan trabajos que otros no quieren hacer y enriquecen culturalmente al país. No son una amenaza, sino parte esencial de nuestra comunidad.

Conclusión: frente al fascismo, justicia social

Hay que decirlo sin ambages: la ultraderecha no es una opción democrática más. Es una amenaza real contra los derechos humanos, el pluralismo y la paz social. La sociedad española debe reaccionar con firmeza, sin equidistancias ni silencios cómplices. Hay que proteger a las víctimas del odio, sancionar a quienes lo promueven y defender sin complejos la justicia social y la convivencia.

Además, la narrativa de rechazo sistemático alimenta un efecto perverso: la reidentificación grupal. Cuando jóvenes migrantes crecen bajo sospecha, sin oportunidades reales de integración, pueden aferrarse a la pertenencia cultural como escudo. Y ese proceso puede desembocar en desconfianza, polarización o incluso radicalización. No es la inmigración lo que genera conflicto: es el abandono, la pobreza y el desprecio. La respuesta debe ser más democracia, no menos.

Porque la historia nos advierte: cuando el odio se tolera, el fascismo avanza. Y cuando el fascismo avanza, la democracia retrocede. Decir NO hoy es la única forma de asegurar un mañana en libertad.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, no puede olvidarse que los derechos fundamentales —como la igualdad, la dignidad humana o la no discriminación por origen— están protegidos por nuestra Carta Magna (arts. 1.1, 14 y 10 CE) y por convenios internacionales ratificados por España. La incitación al odio, la violencia o la estigmatización colectiva no son opiniones protegidas por la libertad de expresión, sino actos punibles conforme al Código Penal (arts. 510 y ss.). Tolerar la propagación de discursos racistas equivale a erosionar los pilares mismos del Estado de Derecho.

No hay patria sin humanidad, ni bandera sin justicia, quien levanta odio y mentira, siembra muerte y oscuridad. La sangre no tiene origen, la dignidad no se exilia, solo el amor entre pueblos salva al mundo de su ruina.