El aumento del discurso de odio fomentado por la ultraderecha en España preocupa al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así consta en un documento publicado este viernes, en el que este organismo advierte sobre las campañas racistas.

En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico presentado por España, el Comité señala que “las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para combatir todos los actos de racismo, xenofobia y elaboración de perfiles raciales y étnicos”.

“Para ello, el Estado Parte debe seguir reforzando las medidas legislativas, institucionales y de política pública para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de discriminación racial y étnica”, apunta.

El Comité de Derechos Humanos muestra su preocupación por los informes del Defensor del Pueblo que señalan “el aumento en las denuncias y la prevalencia del discurso de odio, en particular, en el de odio neofascista, y de los delitos de odio contra del pueblo gitano, de las personas judías y musulmanes, las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, las comunidades catalanas y las personas afrodescendientes”.

La publicación de este informe coincide con una semana especialmente tensa a raíz de los disturbios racistas provocados por la ultraderecha en Torre Pacheco (Murcia), una localidad que se ha convertido en territorio de “cacerías” y patrullas contra migrantes marroquíes.

El informe destaca además que el Estado español “debe redoblar sus esfuerzos para combatir todas las formas de estigmatización y discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”.

Leyes de amnistía y memoria
Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas muestra su satisfacción por la aprobación de la ley de amnistía, así como por el impulso de normativas “para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, en materia de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

El Comité acoge además con satisfacción “los avances positivos del Estado Parte en materia de memoria, verdad y reparación, en particular la adopción de la Ley de Memoria Democrática de 2022, así como la creación de la figura del/de la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y del Consejo de la Memoria Democrática”.

No obstante, lamenta que la Ley de Amnistía de 1977 “aún no haya sido derogada y que, hasta la fecha de adopción de las presentes observaciones finales, los procedimientos iniciados desde 2010 contra presuntos responsables de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista no hayan dado lugar a ninguna actuación penal efectiva”.

Secretos oficiales
Asimismo, el Comité muestra su disconformidad ante la vigencia de aquellas normas adoptadas durante la dictadura, como las leyes sobre condecoraciones policiales y sobre secretos oficiales.

Expresa además su profunda preocupación por las denominadas leyes de la concordia impulsadas por Vox, “en la medida en que omiten las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y contribuyen a la negación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

Malos tratos en comisaría
En materia de malos tratos en comisaría, el Comité insta a “introducir la obligatoriedad de la grabación en vídeo de todos los interrogatorios policiales como parte de sus esfuerzos destinados a prevenir la tortura y los malos tratos”.

Del mismo modo, llama a “adoptar las medidas necesarias que garanticen la investigación efectiva de los presuntos actos de tortura y malos tratos a los que hacen referencia los numerosos testimonios documentados entregados a las autoridades del País Vasco y de Navarra”.

“Erradicar la corrupción”
El Comité “acoge con beneplácito la información proporcionada sobre la labor desarrollada por el Estado Parte para prevenir y combatir la corrupción”, en particular la adopción de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, así como la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

No obstante, expresa su preocupación por los informes que señalan la ausencia de avances significativos para prevenir la corrupción en relación con las altas funciones ejecutivas del gobierno central, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los parlamentarios, los jueces y los fiscales.