El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes a la esperada reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. El nuevo texto inicia ahora su camino parlamentario, donde deberá reunir los apoyos necesarios para lograr su aprobación. Con el objetivo de profundizar en los cambios que plantea esta reforma y entender sus implicaciones reales, Público ha entrevistado a Rosa Martínez (León, 1975), secretaria de Estado de Derechos Sociales en el ministerio que encabeza Pablo Bustinduy.

En esta conversación, Martínez analiza las claves del nuevo marco legal, subraya el impulso a servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia, defiende la mejora de las condiciones laborales en el sector y no esquiva uno de los grandes desafíos: las interminables listas de espera.

¿Qué supondrá esta reforma para la vida cotidiana de las personas en situación de dependencia, discapacidad y sus familias?

El primer gran cambio, sin duda, es el marco legislativo. Reconocer y avanzar en derechos es un paso fundamental, sobre todo en el contexto actual, donde asistimos a un preocupante retroceso y cuestionamiento de los derechos humanos. Esta ley no solo amplía derechos: promueve la igualdad, refuerza la dignidad y mejora la calidad de vida. Es un avance clave para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Se trata de un hito político, un mensaje claro de que el respeto y la inclusión deben estar en el centro del debate social.

Más allá del marco legislativo, ¿cuándo notarán los cambios en su día a día?

¿Cuándo veremos su impacto real? El primer paso empieza ahora, con el trámite parlamentario. Lo que esperamos es que la reforma que proponemos —centrada en el avance de derechos y en adaptar el sistema de dependencia a las verdaderas necesidades de las personas— logre el consenso y la responsabilidad necesarios entre todos los grupos políticos. Si eso ocurre, su aplicación podría comenzar de forma inmediata. Eso permitiría a las comunidades autónomas empezar a gestionar el sistema de una manera mucho más humana, más centrada en la persona y menos en la burocracia.

Entre las novedades de la reforma destaca el refuerzo a la ayuda a domicilio y la teleasistencia. ¿Cómo va a articular el departamento la supervisión y evaluación de estos servicios?

Primero hay que entender que esta ley establece un marco general, pero la gestión concreta de los servicios y prestaciones recae en las comunidades autónomas. En ese contexto, el papel del Gobierno es de cooperación y colaboración. Dentro de este nuevo enfoque, destacamos dos avances muy relevantes: por un lado, que el servicio de ayuda a domicilio pueda realizarse también fuera del hogar —por ejemplo, acompañando a una persona a una cita médica o a hacer la compra—, lo cual permite que las personas puedan seguir viviendo en su casa durante más tiempo. Y, por otro, el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho y como una prestación. No podemos considerar que una persona en situación de dependencia está bien atendida solo por tener teleasistencia. Estos dos servicios son clave porque responden a uno de los mayores anhelos de las personas con discapacidad o dependencia: recibir los cuidados y apoyos que necesitan sin tener que abandonar su hogar ni su entorno.

El texto también suprime el régimen de incompatibilidades entre prestaciones creado en 2012. ¿Cómo afectará esto a las personas dependientes que quieran compatibilizar sus ayudas con un empleo o actividad autónoma?

Muchas comunidades autónomas ya permiten la compatibilidad de prestaciones, y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuanto más adaptado esté el sistema a las necesidades y preferencias de cada persona, más ayudamos a evitar la institucionalización. Es decir, permitimos que las personas puedan vivir más tiempo en su casa. Por ejemplo, combinar unas horas en un centro de día con ayuda a domicilio o teleasistencia puede marcar una gran diferencia en su calidad de vida.

La nueva reforma permitirá que las personas dependientes puedan trabajar sin renunciar a su prestación

Además, incorporamos una novedad muy importante: que una persona pueda recibir una prestación por dependencia y, al mismo tiempo, acceder a un empleo. Hasta ahora, esto no era posible. Y esto afecta especialmente a personas con discapacidad. Imagina que tienes una plaza en un centro ocupacional, pero te ofrecen un trabajo de pocas horas, quizás en una tienda del barrio. Hoy, si aceptas ese empleo, pierdes automáticamente tu recurso. Esa inseguridad lleva a muchas personas a rechazar oportunidades laborales. Con este cambio, avanzamos hacia un sistema más flexible, que apoya de verdad la autonomía personal y la inclusión laboral.

Respecto a la eliminación del plazo suspensivo máximo de dos años para las prestaciones económicas destinadas al cuidado familiar. ¿Cómo van a garantizar que este cambio se aplique en todas las comunidades autónomas?

En realidad, prácticamente todas las comunidades autónomas ya habían suspendido esta limitación, pero ahora, al elevarla a rango de ley, se convierte en una obligación legal. Es decir, ya no depende de decisiones puntuales o temporales: las comunidades deben cumplirlo. Además, esta reforma también pone el foco en un aspecto crucial que muchas veces se pasa por alto: mejorar las condiciones laborales del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAT), que es una pieza fundamental del sistema.

¿Qué criterios emplearán para acreditar la calidad del empleo, y existe un calendario para empezar a revertir los bajos salarios y precariedad de este sector?

Este es, ante todo, un tema de derechos y de justicia social. No podemos hablar de calidad en los cuidados si se hace a costa de precarizar la vida de quienes cuidan. Pero, además, ya estamos empezando a ver un problema muy concreto: cada vez es más difícil encontrar profesionales dispuestos a trabajar en el sistema de ayuda a domicilio. Estamos ante un déficit creciente de personal, como ya ocurre en muchos países europeos, y eso nos obliga a actuar con urgencia y con una visión global.

La solución no puede venir solo de un ministerio. Hablamos de condiciones laborales, de licitaciones, de modelos de contratación… cuestiones en las que las comunidades autónomas tienen un papel clave. Y, por supuesto, también deben estar presentes los sindicatos, la patronal y todos los agentes sociales del sector. Por eso hemos comenzado a construir espacios de diálogo y trabajo conjunto para generar conocimiento, datos y propuestas que nos permitan tomar decisiones acertadas.

Según nuestras estimaciones, de aquí a 2030 necesitaremos incorporar 260.000 profesionales más al sistema

Para nosotros, esto es una prioridad absoluta. Según nuestras estimaciones, de aquí a 2030 necesitaremos incorporar 260.000 profesionales más al sistema. Estamos hablando de un sector estratégico, no solo por el impacto social que tiene, sino también por su potencial económico: crea empleo, facilita la conciliación y mejora la calidad de vida. Por eso decimos que es una verdadera apuesta de país, que requiere el compromiso de todos los niveles de gobierno y de todos los actores implicados.

Las cuidadoras domésticas —muchas sin contrato, muchas migrantes— sostienen buena parte del sistema de cuidados en la sombra y sin derechos plenos. ¿Contempla el Gobierno medidas específicas para mejorar sus condiciones laborales y regularizar su situación?

El papel de las trabajadoras del hogar en el ámbito de los cuidados es absolutamente esencial. Su apoyo a las familias que cuidan a personas con discapacidad o en situación de dependencia está ahí, es real y cotidiano. Sin embargo, es importante señalar que no forman parte del sistema público de atención a la dependencia ni están reconocidas como trabajadoras profesionales dentro de ese marco.

Familias y trabajadoras del hogar asumen cuidados esenciales no profesionales pero imprescindibles en muchos hogares

Lo que estamos empezando a explorar —y ya hay experiencias en algunas comunidades autónomas— es cómo abordar esta realidad de forma justa. Porque en muchos hogares hay cuidados que no son estrictamente profesionales, pero sí imprescindibles, y que asumen tanto las familias como las trabajadoras domésticas. El reto es doble: por un lado, cómo podemos avanzar en la regularización de estas situaciones; y por otro, cómo reconocemos y apoyamos esa labor que el sistema no alcanza a cubrir, pero que es clave para sostener la vida cotidiana de muchas personas.

El texto prevé el préstamo de productos de apoyo (sillas, camas articuladas, asistentes de voz…). ¿Qué mecanismos permitirán garantizar el acceso equitativo a estos dispositivos, especialmente para las personas en zonas rurales o con menos recursos?

La idea es que, junto a las comunidades autónomas, podamos definir con claridad en qué consiste este nuevo servicio: qué productos podrán ofrecerse en préstamo, y cómo se gestionará. En algunas comunidades, ciertos productos ya los proporciona el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero ahora se trata de establecer un marco general común, y serán las comunidades autónomas —una vez más— las responsables de su gestión directa. Lo que hemos constatado en el diálogo con ellas es que, especialmente en aquellas con poblaciones dispersas y amplias zonas rurales, existe una gran conciencia sobre la necesidad de adaptar los servicios a las realidades de cada territorio. Por eso, esta medida tiene un enorme potencial para mejorar la atención en el entorno más cercano de cada persona.

Además, este servicio también tendrá un impacto positivo directo en las condiciones laborales del personal de atención domiciliaria. Contar con recursos como grúas, camas articuladas o ayudas técnicas para la movilidad no solo mejora la calidad de los cuidados, sino que también protege la salud de las trabajadoras, reduciendo riesgos y mejorando su entorno laboral en los domicilios donde prestan servicio.

Derechos Sociales destinará 783,2 millones a las comunidades autónomas para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). ¿Cómo van a supervisar que estos fondos se utilicen realmente para ampliar servicios y no para cubrir déficit estructural o gastos corrientes?

Los 783 millones aprobados corresponden al nivel acordado de financiación del sistema de dependencia. Además de este, existe un nivel mínimo que la Administración General del Estado transfiere a las comunidades autónomas en función del número de personas atendidas y su grado de dependencia. Estos 783 millones se han distribuido siguiendo criterios y objetivos consensuados con las propias comunidades autónomas. Se basan, entre otros factores, en la certificación anual del gasto que cada comunidad realiza y en cómo rinden cuentas.

En 2024, ninguna comunidad autónoma de España redujo su inversión en dependencia

Por ejemplo, uno de los indicadores clave es el mantenimiento de la inversión autonómica. Y puedo afirmar que en 2024, ninguna comunidad redujo su inversión en dependencia, lo cual es un dato muy positivo. Este tipo de indicadores, que trabajamos de forma conjunta, nos permiten orientar el sistema hacia un modelo más estable, transparente y enfocado en resultados. Y refuerzan la idea de que el sistema de atención a la dependencia es una responsabilidad compartida entre el Estado y las comunidades.

¿Qué aspectos se han quedado fuera de la reforma? ¿Se comprometen a impulsar medidas pendientes como el reconocimiento económico de los cuidados informales o una nueva financiación estructural del sistema?

Estamos muy satisfechas con el texto. Creemos que es ambicioso, no solo por las medidas concretas que incorpora, sino también por el modelo que plantea: un sistema más justo, más flexible y adaptado a los desafíos del siglo XXI. Es una transformación que amplía servicios, reduce burocracia, introduce la tecnología como pilar clave y personaliza la atención, algo fundamental en un contexto de creciente presión demográfica.

La Administración General del Estado alcanza un nivel récord de financiación para la Dependencia

El reto ahora es doble: por un lado, consolidar este nuevo modelo, y por otro, garantizar su sostenibilidad financiera. Hay que reconocer que estamos en cifras históricas de aportación por parte de la Administración General del Estado. Gracias al Plan de Choque y al Plan de Recuperación, las comunidades autónomas han podido invertir en mejorar tanto la atención residencial como la teleasistencia. Nuestro compromiso desde el Ministerio es claro: seguir luchando para que el sistema cuente con más recursos. Porque esto no es solo una cuestión presupuestaria, es una cuestión de país. La atención a la dependencia se está convirtiendo en un pilar esencial de nuestro sistema de protección social, y lo es ya para millones de familias en España. Por eso seguiremos trabajando para que esté a la altura de lo que la sociedad necesita y merece.

Según datos del propio ministerio, durante el mes de marzo de este año han fallecido 2.592 personas que estaban a la espera de que se valorara su solicitud o que tenían un grado reconocido de dependencia, pero no disponían de una resolución de prestación. ¿Por qué la lista de espera sigue siendo estructural tras casi dos décadas de vigencia de la ley, y qué compromiso real asume el Gobierno para reducirla?

La reducción de las listas de espera entre 2020 y 2024 ha sido muy significativa. El Plan de Choque y la inversión realizada durante esos años dieron resultados concretos. Sin embargo, aunque la lista sigue bajando, lo hace ahora a un ritmo más lento. ¿La razón? El número de solicitudes no para de crecer. Solo en el último año —de junio de 2023 a junio de 2024— se registraron 133.000 nuevas solicitudes. Es decir, unas 10.000 más cada mes que hay que valorar, gestionar y atender.

Solo en el último año se registraron 133.000 nuevas solicitudes para prestación

Hoy en día, el número de solicitudes que entran en el sistema prácticamente iguala al número de prestaciones que se conceden. Eso nos sitúa en un escenario de equilibrio muy exigente, donde cualquier retraso o cuello de botella puede repercutir en miles de personas. Por eso, ahora el desafío está en mejorar la gestión, acortar los tiempos en todas las fases —desde la valoración del grado hasta la asignación y puesta en marcha de la prestación— y reforzar la capacidad del sistema. Porque estamos viendo cómo aumenta la presión debido al envejecimiento de la población y al volumen de nuevas generaciones que alcanzan edades de mayor dependencia.

Con esta reforma de ley damos un paso clave para adaptar el sistema a la nueva realidad social. Pero ahora necesitamos consolidarla con una financiación más robusta que nos permita responder con agilidad, calidad y justicia a las necesidades reales de la ciudadanía.