El Congreso de los Diputados votará de forma definitiva el próximo martes una reforma de su reglamento para establecer una serie de normas de convivencia de obligado cumplimiento para las personas acreditadas por parte de los medios de comunicación dentro de las dependencias de la institución. Los partidos del bloque de investidura decidieron acometer la modificación para salir al paso de las continuas faltas de respeto, tal y como especifican en la exposición de motivos de la propia reforma, de agitadores ultras como Vito Quiles.

Este martes, la comisión parlamentaria responsable de las reformas de la normativa de la Cámara Baja ha aprobado un dictamen con una serie de modificaciones con respecto a la propuesta inicial del PSOE junto sus aliados parlamentarios. Los letrados del Congreso sugirieron en un informe no vinculante que la propuesta que se votara finalmente en el Pleno fuera más precisa en las sanciones para aportar seguridad jurídica y aportaba algunas otras sugerencias para asegurar que la reforma no afectara contra la libertad de información.

Finalmente, el grueso de las sugerencias se han incluido en una enmienda transaccional apoyada por todas las fuerzas parlamentarias a excepción de Partido Popular y Vox, que desde el principio se oponen a esta reforma a pesar de la insistencia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, de la que forman parte periodistas de muy diversas cuerdas ideológicas.

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Las infracciones que contemplará el Reglamento a partir del martes día 22 de julio se dividirán entre leves, graves y muy graves. Las primeras tendrán que ver, sobre todo, con el acceso a espacios restringidos de la Cámara o a la omisión de información a la hora de solicitar la credencial. Las graves se refieren, entre otras cosas, a la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara, la interrupción de las ruedas de prensa —una de las acciones más habituales de Quiles o Ndongo— u otros comportamientos “que perjudiquen la actividad de la Cámara” o el trabajo de los medios.

En el apartado de las faltas muy graves, por último, se incluyen desde la grabación de imágenes y audios con dispositivos ocultos, hasta proferir insultos dentro del Congreso. Además, se especifica que cometer dos infracciones de las consideradas graves se considerará una infracción muy grave.

Las infracciones leves se sancionarán, tal y como reza el texto de la reforma, con un “apercibimiento” y, en su caso, “suspensión de la credencial” por un tiempo de diez días. En cuanto a las graves, esa suspensión irá de los diez días a los tres meses. En el caso de que se cometa una infracción muy grave, dependiendo del tipo que sea y de su gravedad, la suspensión irá de los tres meses a los cinco años o, incluso, podrá comportar “la revocación definitiva de la credencial”.

La reforma también contempla la creación de un “consejo consultivo” compuesto por un diputado de cada grupo parlamentario y con representación de “los colectivos profesionales en el ámbito de la información”. De todas formas, será la Mesa de la Cámara el órgano encargado del procedimiento sancionador. Una vez se decida imponer una sanción, el consejo consultivo antes citado dispondrá de un plazo de 15 días para intervenir en el proceso. Transcurrido ese tiempo, corresponderá a la Mesa la decisión definitiva.

Entre otras cosas, la enmienda introducida este jueves, sugerida por los servicios jurídicos de la Cámara, incorpora un tiempo de prescripción para las infracciones.