a “cacería” de trabajadores migrantes organizada por la ultraderecha en la localidad murciana de Torre Pacheco ha sido la guinda de la escalada racista y violenta lanzada por Vox y sus aliados, con ataques también en Sabadell y la quema de una mezquita, todavía pendiente de aclarar, en Piera (Barcelona). Es un esquema parecido al que siguieron los graves disturbios que sufrió Reino Unido el verano pasado: organizaciones e influencers ultras dan la señal y militantes violentos se lanzan a agredir a la población migrante. Allí, la movilización popular antifascista fue clave para detener a la ultraderecha, un ejemplo que vale la pena tener en cuenta.

Entre el 30 de julio y el 5 de agosto de 2024, los ataques racistas y xenófobos se extendieron por decenas de localidades de Inglaterra e Irlanda del Norte. El detonante fue el asesinato de unas niñas en Southport, de cuyo autor la ultraderecha dijo falsamente que era un refugiado musulmán. Como en Torre Pacheco, la manipulación del crimen sirvió como excusa para lanzar una oleada de disturbios que provocó decenas de heridos.

El primer ministro laborista, Keir Starmer, respondió sacando miles de agentes a las calles y con una contundente retórica securitaria: “Os arrepentiréis de formar parte de esto, sentiréis toda la fuerza de la ley”, dijo, mientras amenazaba a los agresores con largas penas de prisión. Además, se desplegaron 100 fiscales extra y se celebraron juicios rapidísimo contra los detenidos, muchos de los cuales acabaron en prisión. Una respuesta que contrasta con la tibieza que hemos visto en Torre Pacheco, donde el sábado unos 50 guardias civiles tuvieron que hacer frente a medio millar de militantes ultras y, días después del inicio de la “cacería”, los vecinos seguían sin poder salir a la calle con seguridad.

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Pero la principal lección de los disturbios en Reino Unido no es la reacción policial y judicial, sino la respuesta social que protagonizaron movimientos antifascistas y antirracistas unidos con otras organizaciones ciudadanas, que consiguieron proteger a la población migrante en muchas ciudades. Por ejemplo, el 3 de agosto en Cardiff, un grupo de 18 ultras tuvo que darse la vuelta ante una contramanifestación de 400 personas, incluyendo sindicalistas, activistas en defensa de Palestina, colectivos musulmanes y representantes religiosos cristianos. Algo similar sucedió en Bristol, donde manifestantes antirracistas formaron una línea uniendo sus brazos para proteger un hotel que los ultras tenían la intención de atacar porque acogía a personas solicitantes de asilo. A pesar de la agresividad de los militantes racistas, los manifestantes consiguieron impedir que entrasen en el hotel. El 7 de agosto salieron a la calle 25.000 personas en protesta por los disturbios, superando ampliamente en número a los ultras. Una demostración de fuerza social que fue fundamental para detener la violencia.

Starmer presumió de la dureza de la represión policial, que acabó con más de 1200 personas detenidas, pero su Gobierno no mostró la misma firmeza a la hora de atacar las raíces de la violencia. La Race Equality Foundation ha publicado un informe donde denuncia que “las condiciones que llevaron a los disturbios permanecen inalteradas” y citan “un clima de odio racializado en aumento, islamofobia difundida tanto por líderes como por los medios de comunicación, retórica antimigrante, marginación económica y persistencia de la violencia de género”. Además, la política antiinmigración del Gobierno laborista contribuye a legitimar los discursos ultras, como sucede en casi todos los países europeos.

La presencia policial es necesaria en Torre Pacheco y cualquier lugar donde los vecinos se vean amenazados. Quienes participen en los disturbios o los inciten deben ser juzgados y las organizaciones ultras que han ejercido o promovido la violencia deben ser investigadas lo más rápido posible para identificar sus posibles responsabilidades penales. Sin embargo, sería un error pensar que la mano dura penal es la solución a la violencia ultraderechista.

La historia nos enseña que un aparato represivo reforzado se acaba volviendo contra la población más vulnerable y contra los movimientos sociales, como demuestran la persecución cotidiana que sufren las personas en situación irregular por parte de la Policía o el uso perverso del delito de odio en casos como el de Altsasu. De hecho, el Parlamento británico acaba de declarar organización terrorista al movimiento Palestine Action, responsable de exitosos sabotajes contra empresas armamentísticas que colaboran con el genocidio palestino, un paso más en la escalada represiva de Starmer contra la protesta social.

Vox y sus aliados sueñan con provocar más disturbios racistas. Si lo intentan, deberían enfrentarse a toda la fuerza de la ley, pero sobre todo a una sociedad civil organizada, que se movilice en defensa de nuestros vecinos migrantes.