Habría tenido un pasar que hubiera dicho «no vamos a tolerar que sigan saliendo». No mucha, la verdad. Hasta ahora han negociado el tema en Senegal cinco enviados gubernamentales: el embajador en Dakar, el segundo de Moratinos, los directores de la Guardia Civil y el CNI y el ministro del Interior. No es que las autoridades senegalesas sean insensibles al dinero. Han aceptado la devolución de 200 inmigrantes a 100.000 euros por cabeza. Pero seguramente querrán complementarlas con las remesas que los emigrantes de hoy enviarán mañana a sus familias. Pero si salen, ¿cómo se les parará? ¿Impidiéndoles la entrada en el límite de las aguas territoriales españolas para ver cómo naufragan los cayucos en las internacionales? Lo demás no guarda relación con la Ley de Extranjería. Tras los 40 días en el centro de internamiento, el inmigrante irregular es puesto en libertad con una carta de expulsión que,-maravillas del lenguaje,-es su carta de residencia. Así se va formando la materia prima de la próxima regularización.

Los subsaharianos deben de considerar las advertencias de la vicepresidenta como mensajes de consumo interno. Sobre todo cuando el presidente instaba el domingo en Rodiezmo a «todas las Comunidades Autónomas, especialmente a las del PP, que colaboren con Canarias en este problema». Tal como se está poniendo la cosa, la insistente petición de Coalición Canaria para regular la llegada de españoles, se presenta como una medida de racionalidad. Cuantos menos godos vayan más sitio habrá para los inmigrantes.