El titular de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, pusieron ayer las bases de este macro programa de evacuación en una reunión con los responsables de las seis organizaciones sociales que gestionan el 83% de las plazas disponibles para extranjeros irregulares: Cruz Roja, CEAR, Accem, Cepaim, La Calle y MPDL.

Caldera prometió un cheque en blanco a las organizaciones «todo el dinero que necesiten», dijo con el objetivo de crear cuanto antes una «estructura estable y permanente» de asistencia, después de reconocer la falta de una red de acogida formal para los sin papeles en la península y anunciar que el Ejecutivo trabaja con la hipótesis de que se mantendrá la presión migratoria en las islas.

El plan diseñado por el Gobierno prevé que se pueda doblar la capacidad de acogida de las seis organizaciones, que actualmente gestionan entre 700 y 1.000 plazas semanales y que ahora pasarían a disponer de, al menos, 1.400. Los cálculos de los especialistas apuntan a que esta atención costará más de tres millones de euros, a sumar a los 6,5 que las asociaciones ya reciben del Estado.

La primera parte del programa está ya fijada: sacar de las islas a unos 3.000 subsaharianos antes del 15 de octubre, ya que los centros canarios están desbordados, con casi 6.000 internos para sólo 5.446 plazas.

Por su parte, las organizaciones se han comprometido a habilitar, con la ayuda económica del Gobierno, entre 4.800 y 5.000 camas mensuales en sus centros de la península, lo cual permitiría evacuar hasta 20.000 subsaharianos de septiembre a diciembre. En los ocho primeros meses del año, el Ejecutivo ha trasladado a 15.500 irregulares africanos a distintas autonomías, una cifra que se doblaría en tan sólo cuatro meses si continuaran al mismo ritmo las avalanchas de cayucos, aunque el Gobierno espera que se reduzca con el mal tiempo.