Del “no es no” a gobernar con los ultras que el primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, proclamó el 10 de marzo del 2024 a un doble sí, parcial pero de transcendencia, que se completó ayer en el Parlamento portugués, al asumir el Gobierno el ideario de la extrema derecha en materia de inmigración y sumar sus votos para intentar frenar de forma expeditiva el intenso flujo de entrada en el país del último lustro a través de la nueva ley de extranjería. La norma queda ahora en manos del presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que puede promulgarla, mandarla de vuelta al Parlamento o someterla al parecer del Tribunal Constitucional.

Alianza Democrática, la coalición que encabeza Luís Montenegro, y Chega, el partido ultra de André Ventura, que suman 151 diputados sobre 230, aprobaron la reforma de la ley de extranjería sin la otra formación de derechas, Iniciativa Liberal. Esta coincide en la necesidad de un giro en la política migratoria, pero discrepa de la tramitación exprés seguida, que impidió que se pronunciasen altos organismos del Estado.

El conjunto de centroizquierda votó en contra. José Luis Carneiro, líder del Partido Socialista (PS), la segunda fuerza en votos, con un ligera ventaja sobre Chega, que le supera en dos escaños, se vio obligado a salir de su guion de colaboración con el Gobierno, para exigir a Montenegro que aclare si quiere entenderse con los ultras o con el PS. Hace apenas un mes los socialistas apoyaron el programa de Gobierno en el que ya estaba incluida, en parte por escrito y en parte en las palabras del primer ministro, la reforma migratoria.

Se trata de lo que en Brasil, el país con más emigrantes residentes en Portugal, denominan “el paquete antiinmigración”. Consta de tres leyes. La de más consenso es la de la recuperación de la policía de fronteras, aprobada ayer por toda la derecha, con la abstención del PS. La mayor polémica la genera la reforma de la ley de la nacionalidad, que, en un marco mucho más restrictivo, incluye la retirada del pasaporte a los nacionalizados que cometan delitos graves, lo que hasta hace poco sólo defendía Chega. Quedó pendiente para septiembre, a la espera de algunos informes. Ventura asegura que pactó las líneas esenciales con el Gobierno.

El considerado padre de la Constitución, Jorge Miranda, y el propio presidente Rebelo, catedrático de la materia, indicaron la potencial inconstitucionalidad de la ley de la nacionalidad. Miranda la señaló también en uno de los aspectos de la ley de extranjería, al restringir la capacidad de presentar recursos frente a la Administración. Alianza Democrática y Chega intentaron subsanarlo ayer, suavizando esos límites, que persisten.

Con la nueva norma, los extranjeros en situación legal en Portugal tendrán que esperar dos años para que sus cónyuges puedan solicitar la residencia, bajo un laberinto burocrático. Asimismo, se eliminan las facilidades de los ciudadanos de países de lengua lusa para establecerse en Portugal. Los socialistas señalan que así se quiebra la política de Estado de acuerdos con las antiguas colonias y, como el conjunto de la izquierda, critican la atropellada tramitación parlamentaria, que el Gobierno justifica por ser urgente.

Estas cuestiones originan los llamamientos hechos ayer por la izquierda al presidente para que vete la ley. En las últimas semanas Rebelo mostró su intención de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, si bien era cuando era un paquete de tres leyes que incluía la de nacionalidad. También ha abogado por mantener estrechos lazos con los países lusófonos, de modo que no es probable que promulgue la ley sin más.