TERESA CRUZ. Corresponsal

LAS PALMAS.- «¿Cuántas víctimas más serán necesarias, cuántas fotos de cuerpos exhaustos hacen falta para que España y Europa se convenzan de que éste es un problema que nos afecta a todos y al que entre todos hemos de buscar una solución?». Ésta es la pregunta que se hizo ayer el presidente de Canarias, Adán Martín, ante todos los grupos de la Cámara regional, que celebró un pleno monográfico sobre inmigración.

Martín reclamó ayer al Gobierno una respuesta «inmediata a los escenarios de riesgo» de la inmigración «con la misma velocidad» con la que ha actuado en el Líbano y exigió que se habiliten centros de internamiento en la Península cuando se supere la capacidad de las islas.

El dirigente canario insistió en que la inmigración irregular, llegada por puertos y aeropuertos, está provocando en las islas «una elevada presión social, dificultando servicios públicos como la sanidad y la educación», por lo que pidió que ese incremento de la población se regule a través de «cupos legales». Martín no pasó por alto la cara más amarga de la inmigración irregular, «la de aquellos que pretenden llegar a Europa utilizando la puerta canaria a bordo de frágiles embarcaciones, que en muchos casos no aguantan esa larga y dura travesía».

«El viento de la tragedia está soplando hacia Canarias», sentenció el máximo responsable del Ejecutivo canario, para quien faltan medios materiales y humanos, «y una política efectiva hacia Canarias y hacia Africa» por parte del Gobierno central y de Europa para hacer frente a la llegada masiva de sin papeles.

Martín recordó los más de 22.000 irregulares llegados al Archipiélago durante 2006 y pidió un pacto de Estado entre las fuerzas parlamentarias «que establezca una política seria y coherente con la dimensión del fenómeno».

Reparto de menores

Martín criticó que el dispositivo de vigilancia Frontex cuente «tan sólo con tres barcos, un avión y un helicóptero, y con esos medios se pretende atender los 2.250 kilómetros que suman las costas de Cabo Verde, Senegal y Mauritania».

El presidente canario insistió en el problema con los menores inmigrantes, ya que las islas «acogen a casi el triple de menores de los que pueden atender», por lo que pidió al Gobierno el reparto de los menores entre las comunidades autónomas.

Durante el debate, el presidente del PP, José Manuel Soria, recalcó que Canarias no puede aumentar sine die su capacidad de retención de inmigrantes indocumentados, «porque ésta es la llamada más nítida y el recado más claro para las mafias, y por lo tanto es una irresponsabilidad tremenda hacerlo. Ni un solo inmigrante saldría de su casa desesperadamente si no tuviera la certeza de que se lo está jugando a una carta; y porque saben que si llegan, se quedarán, porque España es el país que más facilidades da». Soria aseveró que los gobiernos africanos, entre ellos los de Marruecos, Mauritania y Senegal, tienen conocimiento de cada embarcación que sale de sus costas, por lo que pidió condicionar las ayudas a estos países a mayores controles sobre su litoral.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Carlos Alemán, acusó al presidente canario de esconder «la mala gestión de su Ejecutivo» tras los problemas de la inmigración ilegal.

Hacinados en comisaría

Mientras tanto, el goteo de cayucos prosigue imparable. Ayer fueron siete barcazas las que alcanzaron las costas canarias con 596 inmigrantes a bordo, 15 de ellos menores. Al cierre de esta edición, otros tres cayucos se dirigían al puerto tinerfeño de Los Cristianos, según informaron a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Ya en aguas de Mauritania, la patrullera de la Guardia Civil Río Cabriel, que va camino de Senegal para incorporarse al operativo de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), interceptó ayer un cayuco que se encontraba en peligro de hundimiento en las costas africanas. La patrullera rescató a sus 110 ocupantes que se encontraban en buen estado de salud y los puso a disposición de las autoridades mauritanas.

Ante esta oleada, tanto los centros de internamiento como las comisarías de las islas se encuentran colapsados. Un total de 1.397 sin papeles se hacinaban ayer en las dependencias policiales, mientras esperan el paso a disposición judicial previo a su traslado a los centros de retención. En concreto, 785 de ellos permanecían en comisarías de las islas capitalinas, mientras que los 612 restantes se repartían entre La Gomera, con 300, y El Hierro, con 312. Los sin papeles que llegan a Canarias permanecen en comisaría mientras el juez dicta sus órdenes de ingreso en los centros.