DANIEL G. SASTRE

BARCELONA.- Las aulas de acogida son, en teoría, un instrumento que las escuelas catalanas con un mayor número de inmigrantes ponen a disposición de los recién llegados para facilitar su más rápida y mejor integración en Cataluña. Sin embargo, diversas asociaciones acusan a la Generalitat de convertirlas en «correccionales lingüísticos», y de utilizarlas como un elemento de «extranjerización» de los escolares que proceden de algún punto del resto de España.

Los documentos de la Generalitat definen las aulas de acogida como «un punto de referencia y un marco de trabajo abierto con una constante interacción con la dinámica del centro, que permita una atención emocional y curricular personalizada y un aprendizaje intensivo de la lengua catalana». Creadas en 2004, han sido destinadas a acoger a los niños que lleven menos de dos años residiendo en Cataluña.

Eso incluye, según Francisco Caja, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana, los españoles que cambian su lugar de residencia a Cataluña, que comparten aula con niños que también tengan conocimientos de castellano, pero no de catalán (suramericanos, por ejemplo), y con los que carecen de conocimientos lingüísticos en las dos lenguas oficiales de la comunidad (europeos, magrebíes, asiáticos y prácticamente todos los demás). Este diario intentó recabar ayer la versión del Departamento de Educación y Universidades de la Generalitat para contrastar las acusaciones, pero no obtuvo éxito alguno.

Vigilancia

«Nos llegan profesores que ponen el grito en el cielo», denuncia Caja. En su opinión, las aulas de acogida se limitan a sustituir «durante dos años» materias como Matemáticas, Ciencias Sociales o Lengua Española por cursos intensivos de catalán, pese a que la Generalitat recomienda que «ningún alumno permanezca todas las horas lectivas» de su jornada escolar en este tipo de aulas.

Según el presidente de Convivencia Cívica Catalana, la práctica de la Generalitat entra en colisión con su propia Ley de Política Lingüística de 1998, que establece que no se puede separar a los estudiantes en diferentes aulas. El Gobierno catalán, sin embargo, las contempla como «un espacio donde el alumnado interactúa con el resto del alumnado del grupo de clase para facilitar su socialización».

Caja asegura que los objetivos de la Generalitat van más allá y no se compadecen precisamente con el mero objetivo educacional. «Quieren que en el aula, en el pasillo, en el patio y en el entorno los niños hablen, jueguen y se relacionen en catalán, y por eso ponen a gente que vigila que las cosas se desarrollen como ellos quieren», afirma.