El pleno del Parlamento canario celebró ayer un intenso debate sobre el acuciante drama de la inmigración ilegal en el que el presidente Adán Martín hizo un angustiado alegato al Estado y a la UE: «¿Cuántas víctimas más serán necesarias, cuántas fotos de cuerpos exhaustos hacen falta para que España y Europa se convenzan de que el problema de los cayucos afecta a todos?». El aldabonazo del presidente canario refleja sin duda la desesperación de unas autoridades que en el último mes han hecho frente a la llegada a sus costas de 6.000 sin papeles. Las cifras son ciertamente espectaculares, ya que en el último año más de 22.000 africanos han afrontado el peligro de surcar el Atlántico en cayucos para llegar a Canarias. Aunque las víctimas mortales confirmadas son 500 hombres y mujeres que perdieron la vida en la travesía, cabe pensar que en realidad sean muchas más.

Tanto el PSOE como el PP acusaron ayer a Adán Martín de intentar sacar rédito electoral a la tragedia de los cayucos lo cual no sería extraño porque hay unas elecciones autonómicas a la vista, pero no se le puede negar al presidente canario gran parte de razón cuando reclama al Gobierno de Zapatero una respuesta tan inmediata para la inmigración ilegal como la que ha tenido en la crisis del Líbano, donde el Ejército español desplegará más de mil soldados en un tiempo récord. Es obvio que la inmigración ilegal en España que no se reduce ni mucho menos a los cayucos que llegan a Canarias ha alcanzado una dimensión que no tiene soluciones mágicas, pero no es menos evidente que Zapatero no siempre ha respondido adecuada ni responsablemente al gran reto que supone la incesante llegada de sin papeles.

Sin embargo, no es hora ya de lamentar las muchas cosas que se han hecho mal, sino de reparar los errores. La vicepresidenta De la Vega ha endurecido su discurso al asegurar: «No vamos a tolerar que sigan llegando. Todo el que entre en España de manera irregular saldrá más tarde o más temprano». Ahora hay que pedir al Gobierno que cumpla este compromiso porque, efectivamente, éste es el camino. Los senegaleses, los mauritanos y el resto de los habitantes de los países subsaharianos tienen que saber que, si logran llegar a España, nunca podrán quedarse. La campaña publicitaria que el Gobierno planea realizar en Senegal para advertir a la población de que serán expulsados si alcanzan nuestras costas tendrá muy poca utilidad si no va acompañada de medidas mucho más contundentes. La atención humanitaria a los sin papeles debe mantenerse, pero el esfuerzo del Gobierno tiene que centrarse en buscar fórmulas para lograr su expulsión a sus países de origen.