FERNANDO GAREA

MADRID.- La principal prioridad política del Gobierno en este momento es la inmigración; la ofensiva política y diplomática para frenarla es estas semanas la principal ocupación de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega y el objetivo fundamental de las gestiones que coordina es Senegal.

Entre las múltiples medidas que se ultiman se incluye una campaña informativa en ese país africano para evitar la salida masiva de cayucos y disuadir a los inmigrantes.

Fuentes del Gobierno no ocultan el malestar con las autoridades de Senegal, por considerar que no están colaborando para impedir la salida de potenciales inmigrantes ilegales en proporción a los acuerdos suscritos en los últimos meses con España.

Esos acuerdos se han traducido en proyectos de cooperación y dotaciones de medios materiales para combatir la salida de cayucos. A pesar de eso, el pasado fin de semana se han alcanzado cifras récord.

Por eso, la vicepresidenta utilizó el lunes un lenguaje más duro ante los embajadores, que no supone un cambio de política, pero sí un claro mensaje a Senegal.

El Gobierno considera que Marruecos y Mauritania son ejemplos evidentes de cómo la voluntad del país de salida puede impedir las oleadas de inmigrantes desde sus costas. En el caso de Senegal, las gestiones del Gobierno se han visto dificultadas por las especiales circunstancias de aquel país.

Además de las medidas de presión política y diplomática, el Gobierno está preparando otras inmediatas dirigidas a la población, que incluyen, por ejemplo, dar a conocer en los países de origen las dificultades de llegar a España y de encontrar trabajo.

El problema de esta campaña, que aún se está diseñando, es cómo hacerla en un país en el que los índices de analfabetismo son tan elevados. Por eso, se estudia el formato y el soporte de la campaña, que será financiada con fondos europeos.

Los datos del Gobierno muestran cómo la salida en cayucos se ha convertido en algo asumido en esos países africanos, en los que cada familia ahorra para facilitar la salida de uno de sus miembros más jóvenes, aunque suponga arriesgar su vida. Luego, reciben dinero desde España y la información telefónica de que ha logrado alcanzar nuestro país. Con la campaña se trata de contrarrestrar esa imagen idílica del futuro de los inmigrantes ilegales, explicando que las leyes españolas obligan a repatriar a los sin papeles y les impide trabajar.

En ese plan, en cuya ejecución está volcada la vicepresidenta, tienen especial relevancia las ayudas a la cooperación con los estados africanos de origen, como contrapartida para lograr su colaboración y admitir las repatriaciones.

Por eso, la vicepresidenta y el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, se reunirán hoy en Madrid con el comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, para que la colaboración de la UE se extienda a la financiación de programas de desarrollo, según fuentes del Gobierno.

La otra línea de actuación del Ejecutivo para los próximos días es la de reunirse con los agentes sociales para lograr su colaboración para frenar la contratación ilegal.